El gobierno de Cuba endurecerá las sanciones contra la corrupción de menores en su intento por frenar un fenómeno extendido en este país caribeño durante los últimos años de crisis económica.
El Fiscal General de la República, Juan Escalona, aseguró que se estudian sanciones más rigurosas, de hasta 20 años de privación de libertad, cuando concurran circunstancias agravantes.
"Estamos proponiendo, incluso, configurar como delito la simple proposición de actos de corrupción a un menor de edad", afirmó.
El tema regresó a la polémica nacional tras la publicación del caso del turista italiano Lucio "Chucho" Galli y de la ciudadana cubana Daimaralis Dupotey, acusados de corromper a cuatro adolescentes entre 13 y 15 años.
Según el semanario Juventud Rebelde, órgano oficial de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), Galli le pagaba a Dupotey 60 dólares por conseguirle las jovencitas y a cada una de ellas les daba otros 50 dólares.
"Yo no preguntaba, yo me quedaba afuera", declaró Dupotey. "Chucho quería niñas bonitas, vírgenes, y me daba dinero para acompañarlas".
Según el semanario, en el juicio oral Galli dijo que había cometido este delito sin saberse transgresor de la ley.
"He visitado 36 países y en casi todos, como en Italia, la prostitución es tolerada y no se lleva a nadie a la comisaría por pagar el servicio a quien esté conforme", afirmó.
Un informe de la Asociación de Comerciantes Italianos reveló recientemente que en ese país el auge de la prostitución de menores controlada por la mafia es un negocio que mueve anualmente más 3.000 millones de dólares.
Según el documento, las mafias que controlan este negocio son la italiana, la rusa, la japonesa, la chechena o la albanesa, con niños traídos de Europa del Este, América del Sur y el sudeste asiático.
"Este mercado ha convertido a Italia en la más peligrosa competidora de Tailandia en cuanto a prostitución de menores", apuntó.
En Tailandia, cálculos oficiales afirman que existen más 80.000 niñas menores de 18 años que trabajan en la industria del sexo, de acuerdo con el Informe Anual de la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) de 1995.
Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos aprobó en 1992 un programa para la prevención de la venta de niños que entre sus prioridades incluye la de imponer castigos más severos contra la pornografía infantil.
En Cuba, los analistas aseguran que las cifras de estos casos no son significativas comparadas con las del resto del mundo. Sin embargo, a principios de esta década comenzaron a darse algunos de ellos, sobre todo entre 1994 y 1995.
Estadísticas oficiales revelaron que el año pasado sólo en la capital cubana se detectaron 11 casos de corrupción de menores.
Pero a juicio del teniente coronel Eduardo Fuentes, jefe de la sección de Delitos Personales de la policía de La Habana, esta cifra demuestra que en 1996 "se notó una disminución numérica importante".
De la cantidad total registrada en la capital el pasado año, Fuentes precisó que sólo hubo cinco casos de corrupción de menores con participación de extranjeros.
"La experiencia demostró que tras cada acto de corrupción de menores está siempre la familia que no cuidó a los hijos como hacía falta", dijo Juventud Rebelde.
"Yo no sabía en lo que andaba ella", confesó la madre de una de las muchachas implicadas en el caso del ciudadano italiano. "Ella traía ropa pero me decía que se las había prestado una amiguita".
En los últimos años de crisis económica, la sociedad cubana ha visto resurgir también un fenómeno extinguido por muchos tiempo en la isla: el del grupo de menores que para obtener algún objeto o dinero asedian a turistas extranjeros o trabajan, por ejemplo, limpiando automóviles en las calles.
Las autoridades cubanas lanzaron una cruzada para atajar a tiempo estos hechos a los que los cubanos no estaban acostumbrados y los consideraban como problemas de otras sociedades.
Una investigación reciente del Centro de Estudios sobre la Juventud en Cuba reveló que muchos de los padres de estos menores están divorciados, desconocen el paradero de sus hijos, no trabajan o se ausentan de sus hogares.
"Tienen dificultades económicas en sus hogares y falta de atención social y familiar por parte de sus padres", dijo Lázara Borrayo, delegada municipal del gobierno.
"Vivimos cuatro hermanos con mi madre", dice Daniel, un niño 10 años. "Pero ahora ella está enferma y no puede trabajar y mi papá hace mucho rato que no va por la casa ni nos manda dinero".
Juventud Rebelde señaló que la corrupción de menores es un gran riesgo sobre todo "para aquellas familias que han bajado la guardia o estimulan mentalidades consumistas, viviendo sin preguntar a los niños, por ejemplo, sobre objetos de rara procedencia que ellos pueden traer de la calle".
La primera condición para que estos menores se involucren en estos casos es que "tengan algún espacio de sus vidas en que ni la familia ni la escuela estén pendientes de ellos", señaó un especialista.
El semanario Granma Internacional, edición del órgano oficial del Partido Comunista, publicó en noviembre el caso de un turista estadounidense radicado en Puerto Rico, quien junto a un cubano fueron acusados de pedofilia con ocho menores.
El ciudadano cubano Juan Ramírez Cruz "le proponía a los muchachos que si se dejaban 'tocar' por un 'señor' éste les regalaría cinco dólares, confituras y juguetes", señalo.
Granma Internacional también abordó el caso de unos seis menores, entre nueve y 14 años, involucrados en prácticas sexuales por un turista alemán y el ciudadano cubano Luis Orlando Martínez, "a cambio de ropas, zapatos y golosinas".
En ambos casos, los tribunales dictaron sentencias de cárcel con penas de hasta 15 años y en cuanto al alemán, el caso fue reportado a la Policía Internacional (Interpol), al encontrarse fuera de Cuba.
Como la prostitución infantil es penada por la ley, Juventud Rebelde asegura que quienes se dedican a ello en la isla lo hacen alquilándo casas a particulares.
Para quienes "se vinculan a la prostitución infantil de una u otra manera, la legislación cubana no comtempla ninguna benevolencia gratuita", aseguró el órgano de la UJC.
Por ello, en el caso del italiano Galli y de la cubana Dupotey, "la ley actual les depara cinco años de privación de libertad por cada caso de corrupción probado".
El fiscal Roberto Morales confirmó al semario, no obstante, que como los dos acusados no tenían antecedentes penales y colaboraron en el esclarecimiento de los hechos la sanción propuesta ha tenido atenuantes.
Pero aclaró que nadie debe dudar de que "sobre ellos y sobre quienes intenten hacer dinero a costa de los más inocentes, caerá con todo su peso la justicia cubana". (FIN/IPS/rn/ag/pr/97
