Mientras el gobierno de Costa Rica prevé que este año la economía comience su recuperación, los sindicatos y la oposición refuerzan medidas de protesta en reclamo de un cambio en las orientaciones del Ejecutivo.
Según los analistas locales, los enfrentamientos entre el oficialismo por un lado y la oposición y sectores sociales por otro tenderán a acentuarse a medida que se acerquen las elecciones de febrero de 1998.
La deuda interna de 3.000 millones de dólares y la externa, de 3.200 millones, representan el "talón de Aquiles" de la economía local.
En diciembre, el presidente José María Figueres anunció la aplicación de severas medidas para encarar el problema del déficit estatal, calculada en 4,5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
El plan oficial apunta a ingresar a las arcas del Estado unos 2.500 millones de dólares.
La venta de dos bancos estatales, de la empresa de teléfonos y de dos zonas costeras, el congelamiento en la rebaja de los impuestos y del arancel a los bienes de consumo final, y la ruptura del monopolio de los seguros figuran en la lista de prioridades anunciadas por el mandatario.
Tanto la oposición como los sindicatos han expresado su rechazo a la propuesta gubernamental.
El virtual candidato de la opisición, el socialcristiano Miguel Angel Rodríguez, anunció que su partido bloqueará en el Congreso la suspensión de una rebaja de 15 a 13 por ciento del impuesto a las ventas, prevista para abril.
José Joaquín Meléndez, dirigente de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum, que agrupa a unos 80.000 trabajadores, manifestó a IPS que el plan del gobierno es "antipopular" y atenta contra el bienestar de los sectores laborales.
"La aplicación de un programa de reactivación económica difícilmente se puede llevar a cabo si no se resuelve primero el problema de los salarios", señaló por su lado Albino Vargas, presidente de la Asociación Nacional de Empleados Públicos.
El año pasado el incremento salarial para el sector público fue de apenas cinco por ciento, cuando la inflación cerró en 13,89 por ciento, 1,89 puntos arriba de lo previsto por el gobierno.
Según los líderes sindicales, las medidas gubernamentales contradicen el discurso del presidente Figueres de promover una política de salarios crecientes.
Meléndez anunció la posibilidad de una marcha sindical en reclamo de mejores salarios.
"Tarde o temprano, los costarricenses se tendrán que tirar a las calles para protestar por la actitud del gobierno", declaró.
Este mes el gobierno determinó el aumento de las tarifas de servicios de agua, luz y teléfono, del transporte público, de los combustibles y de productos de consumo básico como la manteca, la leche y el pan.
Las autoridades económicas prevén que este año la economía crezca "tímidamente".
El gobierno anunció que el PIB aumentará tres por ciento, la inflación no superará 12 por ciento y la devaluación de la moneda nacional frente al dólar será inferior a 13 por ciento.
En 1996, el crecimiento económico costrarricense se situó por debajo del uno por ciento, uno de los peores resultados en el continente.
"En 1996, el gobierno cambió sus proyecciones con respecto a la inflación cuatro veces", recordó el sindicalista Vargas.
Rebeca Grynspan, segunda vicepresidenta de la República, reconoció que en Costa Rica 20 por ciento de la población vive en extrema pobreza y que un procentaje similar necesita de la ayuda estatal para sobrevivir. (FIN/IPS/yo/dg/if-ip/97
