La actividad de tres grupos paramilitares que desde el comienzo del año asesinaron al menos a 30 personas en el interior de Colombia permanece impune y amenaza la vida de todo sospechoso de colaboración con la guerrilla.
Los paramilitares extendieron el martes su plan de exterminio a los norteños departamentos de Bolivar y Córdoba, donde dejaron un rastro de 20 muertos.
Grupos autodenomindados "Autodefensas de Córdoba y Urabá" dieron muerte en Córdoba a tres maestros a los que habían secuestrado y acusado de "auxiliares de la guerrilla".
Las víctimas formaban parte de una lista de 15 educadores a quienes los "autodefensas" han declarado la guerra por considerar que colaboran con las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Según los paramilitares, los tres maestros asesinados ocultaban en sus viviendas explosivos y planos de lugares estratégicos que supuestamente serían atacados por la guerrilla.
Los "autodefensas" informaron en un comunicado haber juzgado a los secuestrados, que fueron encontrados "culpables del delito de terrorismo" y condenados a muerte.
El grupo ofreció además públicamente una recompensa de 10.000 dólares a quien suministre información a sus "juntas locales" sobre el paradero de otros "terroristas".
Según la Asociación de Educadores de Córdoba, los paramilitares asesinaron el último año a 17 maestros de la región.
Mientras, otra organización paramilitar arrancó el lunes de sus viviendas a ocho campesinos de la localidad de Margarita, departamento de Bolívar, cuyos cadáveres fueron posteriormente hallados.
El mismo día, un tercer grupo armado llegó hasta el municipio de Hatillo de Loba, también en Bolivar, para asesinar al menos a 10 personas.
Por fin, a principios de este mes se informó el asesinato de cinco campesinos en la nororiental región de Uraba.
La escalada de los paramilitares respondería a operaciones de la guerrilla y a la debilidad que el gobierno manifiesta en la lucha contra la insurgencia, señaló el analista Luis Valencia.
En opinión de la organización Human Rights Watch, de Estados Unidos, la actividad de los grupos paramilitares tendría apoyo del ejército colombiano.
José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch, afirmó en el informe anual de la organización, divulgado en noviembre, que el ejército de Colombia utiliza grupos paramilitares independientes para tareas de inteligencia y para eliminar a dirigentes de oposición.
Human Rights Watch y Amnistía Internacional pidieron al gobierno y al Congreso de Estados Unidos la suspensión de la ayuda militar a Colombia, debido a la presunta complicidad del ejército con los paramilitares.
En tanto, el coronel Carlos Velásquez aseguró el lunes que su retiro del servicio activo, resuelto el día 1 por el mando del ejército, fue dispuesto a causa de su denuncia de la falta de investigación de los crímenes de los paramilitares en Uraba.
Esa región es la primera del país en materia de producción de banano para la exportación y la de mayor violencia en un país de 37 millones de habitantes en que anualmente se registran cerca de 30.000 víctimas por causas políticas.
Velásquez, apartado del servicio militar por actos "de deslealtad con la patria", según la argumentación del mando del ejército, es considerado por sus detractores "prepotente y escaso de liderazgo" y por sus amigos, un soldado "ejemplar, eficiente y que no se calla ninguna verdad", indicó la revista Cambio 16 de Colombia.
Los grupos paramilitares surgieron en la década de los 70 como reacción de los hacendados ante la actividad de la guerrilla, y contaron con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
Pero a fines de los 80 fueron declarados ilegales, cuando desarrollaban una campaña de exterminio contra dirigentes de partidos de izquierda.
De acuerdo con un informe reservado de las Fuerzas Armadas, 140 grupos paramilitares operan en Colombia. El nuevo ministro de Defensa, Guillermo González, aseguró que el gobierno combatirá a esas organizaciones con la misma intensidad que a los narcotraficantes y a los guerrilleros. (FIN/IPS/yf/ff/hd/97
