Colombia inició el año con nuevas matanzas cometidas por organizaciones paramilitares en distintos puntos del territorio.
Cuatro hechos de ese tipo ocurrieron en la primera semana de 1997, sin que hasta miércoles se conozca con precisión el número de víctimas.
Urabá (región noroeste del país que desde hace un lustro es blanco de asesinatos masivos), Medellín (la segunda ciudad del país), el territorio indígena de Dabeiba y dos localidades del sureño departamento de Casanare fueron escenario de esas masacres.
En Medellín cuatro jóvenes fueron asesinados a balazos en un bus urbano en el que viajaban, mientras en Dabeiba fueron al menos diez los campesinos e indígenas masacrados.
Organizaciones de defensa de los derechos humanos acusan al Ejército y a loss hacendados de ser responsables de este tipo de acciones.
En noviembre, el grupo humanitario estadounidense Human Rights Watch denunció que el Ejército colombiano opera con grupos paramilitares independientes como parte de su aparato de inteligencia con el fin de eliminar a figuras claves de la oposición.
En el mismo sentido se pronunció la asociación Amnistía Internacional.
Ambos grupos humanitarios reclaman el cese de la ayuda militar de Estados Unidos a Colombia, al estimar que sirve a laa violación de los derechos humanos.
Por otra parte, grupos guerrilleros continúan dirimiendo sus diferencias internas a balazos.
La Unión Patriótica ha prácticamente desaparecido como consecuencia del asesinato sistemático de la mayor parte de sus integrantes incluso por sus propios compañeros.
La antropóloga María Victoria Uribe, directora del Instituto Colombiano de Antropología, aseguró que las matanzas seguirán mientras no se rompa la cadena de impunidad y no haya una reparación económica y moral a los miles de afectados, susceptibles de convertirse en vengadores. (FIN/IPS/amu/dg/ip-hd/97
