COLOMBIA: Castigo indígena genera polémica

La decisión de un tribunal indígena del sur de Colombia, de castigar con latigazos a seis nativos acusados de asesinato, generó una fuerte polémica en este país sudamericano.

El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), de la comunidad paez, pidió respeto para la decisión de castigo y anunció que apelará un fallo de la justicia ordinaria que atendió un recurso de amparo interpuesto por los afectados.

La decisión del tribunal indígena, tomada en diciembre, ha generado polémica pese a la facultad que le confiere la Constitución para aplicar autónomamente sus leyes en su territorio.

Los condenados fueron declarados autores intelectuales del asesinato de Marden Betancur, alcalde de Jambaló, en el departamento de Cauca, ocurrido el 19 de agosto pasado.

Según la investigación del tribunal, los indígenas colaboraron para que el grupo del insurgente Ejército de Liberación Nacional asesinara a Betancur, a quien acusaron de fomentar actividades de grupos paramilitares.

Los acusados apelaron a la decisión mediante un recurso Tutela (amparo para los derechos fundamentales), interpuesto ante la justicia ordinaria.

La justicia paez ordenó en diciembre una pena de 60 latigazos para los condenados, que también deberán salir con sus familias de la localidad de jambaló en cumplimiento de la orden de destierro que les fue impartida.

Otros tres indígenas fueron condenados al destierro y una mujer de la misma comunidad a comprar 500 ladrillos y construir con ellos un calabozo en el que pagará un día de prisión.

Ante la inminencia del castigo, este jueves se registró una protesta de familiares y amigos de los indígenas afectados, que ocuparon la catedral de Popayán, principal ciudad del sur de Colombia.

Los ancianos paeces se reunieron la noche del jueves en una ceremonia secreta en la que se sometió a un ritual el látigo para los azotes, para que adquiriese la cualidad de regenerar la conducta de los castigados.

Luis Pass, gobernador del cabildo indígena de Jambal, dijo que respeta las decisiones de la "ley blanca" (justicia ordinaria), pero pidió igualmente respeto para aplicar sus leyes en su territorio.

"Lo que estamos haciendo no se sale de los dictados de nuestras leyes, es muy propio de nosotros y nos ha servido para que haya respeto al interior de nuestras comunidades", afirmó.

La aplicacin de latigazos fue condenada por la organización humanitaria Amnista Internacional (AI), que hizo un llamado a las autoridades paeces para que suspendieran el castigo, por considerar que afecta la dignidad de los acusados.

No obstante, la alcaldesa de Apartado, Gloria Cuartas, dijo que las organizaciones intermnacionales "deben comprender que los indígenas en Colombia históricamente han tenido su derecho propio", lo que fue ratificado por la Constitución de 1991.

Según Cuartas, el conflicto de los paeces debe interpretarse como un llamado para que en Colombia se defina "si la Constitucin de 1991 es para vivirla o para cambiarla por la presión de procesos individuales".

En la comunidad paez el destierro, el látigo y el cepo son los instrumentos de castigo más utilizados para sancionar los delitos graves. Estos instrumentos, según Pass, constituyen para el indígena un castigo menos cruel e inhumano que la privación de la libertad que se aplica en "las leyes de los blancos".

Las comunidades indígenas ember, waunana, tules, chamis y katos, en el noroeste de Colombia, el máximo castigo consiste en penas de hasta 15 años, en los casos de asesinatos, de trabajos comunitarios que el condenado paga durante el día y en el encierro en un calabozo durante la noche.

En estas comunidades no se aplica el maltrato físico, pero si el condenado no mejora su conducta es entregado a la justicia ordinaria.

En el norte de Colombia, las comunidades wayu solucionan sus conflictos directamente entre las familias afectadas, con la intervención de un "palabrero" (mediador).

El "palabrero" lleva el mensaje del afectado a la familia de la persona que causó el daño y acuerda con ellos el pago por la ofensa, que se da en dinero, animales o tierra, con lo que queda saldado al dolor moral causado. (FIN/IPS/yf/ag/pr/97

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