El ministro de Justicia de Brasil, Nelson Jobim, anunció hoy una operación para desarmar hacendados o campesinos en áreas donde hay riesgo de confrontación, como el norteño estado de Pará, donde hubo tres muertes el lunes.
Pará es el estado de mayor violencia a causa de conflictos agrarios en Brasil. La Comisión Pastoral de la Tierra, de la Iglesia Católica, registró allá 31 muertes por esa razón el año pasado, más del doble de los 13 confirmados en 1995.
Una misión del gobierno central, formado por parlamentarios y representantes del Poder Judicial, viajó a Ourilandia del Norte, donde fueron muertos a tiros los tres campesinos el lunes.
La autopsia hecha por el médico legal Evad de Oliveira indica que la muerte fue provocada por numerosos tiros, 17 en uno de los casos, disparados a quema ropa, en el pecho y en el rostro. Los indicios son de ejecución, no de enfrentamiento.
Las víctimas participaban del grupo de decenas de campesinos que ocuparon en diciembre parte de la Hacienda Santa Clara. El propietario, Edvarir Vilela de Queiroz, médico residente en Sao Paulo, a más de 2.000 kilómetros, admitió haber contratado cinco o seis personas para defender el predio ante amenazas de ataques.
El gobernador de Pará, Almir Gabriel, atribuyó la violencia en el estado a la incapacidad del Instituto de Colonización y Reforma Agraria, órgano del gobierno central, de ejecutar su misión y solucionar los problemas agrarios del país.
Gabriel, quien es miembro del Partido Socialdemócrata que lidera el presidente Fernando Henrique Cardoso, enfrenta acusaciones de responsabilidad en la masacre de abril pasado, cuando la policía del estado disparó contra una manifestación campesina, matando a 19 personas.
Esas tragedias son anunciadas en el sur de Pará, un área tradicional de conflictos violentos, con gran concentración de campesinos sin tierra, "garimpeiros" (mineros informales) y grandes propiedades ilegalmente apropiadas e improductivas.
Sindicalistas rurales, religiosos, abogados y políticos de izquierda están entre los 86 asesinados en los últimos cinco años, según estadisticas de la Comisión Pastoral de la Tierra.
El ministro de Justicia se manifestó preocupado también por el riesgo de confrontaciones armadas en Pontal de Paranapanema, 600 kilómetros al oeste de Sao Paulo, donde el Movimiento de los Sin Tierra (MST) tiene movilizadas unas 3.000 familias y organiza frecuentes ocupaciones de predios donde esperan asentamiento.
Los hacendados locales admitieron estar formando milicias armadas para responder a esas acciones. El domingo algunos de esos guardias privados tiraron sobre campesinos que intentaban ocupar un predio.
La disposición de recurrir a las armas, por parte de los terratenientes de Pará, fue manifestada por el diputado Giovanni Queiroz, también propietario de tierras.
"Los hacendados deben defenderse, incluso a tiros, ante la omisión del gobierno federal", declaró Queiroz. (FIN/IPS/mo/ag/ip/97
