Los cinco campesinos muertos en esta semana en Brasil, en dos áreas alejadas, indican que la reforma agraria permanece en los cauces de la violencia, reflejo de una enfermiza relación del país con su abundancia de tierras.
Las muertes pueden aumentar. Hay un campesino herido de gravedad en Río Bonito de Iguazú, en el sur del país, donde otros dos fueron asesinados a tiros el jueves, uno de ellos de 16 años.
En Ourilandia del Norte, en el norteño Estado de Pará, los campesinos insisten en señalar que hay desaparecidos, además de los tres acribillados el lunes.
Mientras, cerca de 400 personas movilizadas por el Movimiento de los Trabajadores Rurales SIn Tierra (MST) invadieron el miércoles la sede del Instituto de Colonización y Reforma Agraria en la nororiental ciudad de Natal.
Hasta este viernes mantenían como rehén a la superitendente local del Instituto, Grazia Arruda, y exigen para liberarla la presencia de una autoridad nacional con poder de decisión para acelerar asentamientos en el estado de Río Grande del Norte.
Los muertos en el sur eran campesinos también movilizados por el MST, que declara tener 41.000 familias sin tierra organizadas en campamentos distribuidos por todo el país. Pero no formaban parte del movimiento las víctimas de Ourilandia.
En ambos casos los muertos ocupaban tierras ajenas y los indicios apuntan a guardias privados de las propiedades como autores del crimen. No hay duda que se trató de ejecuciones a quema ropa de personas indefensas.
La Hacienda Pinhal Ralo, en Río Bonito de Iguazú, cerca de la frontera con Paraguay, pertenece a una empresa maderera, Giacomet Marondin, y fue ocupada por cerca de 3.000 familias de campesinos sin tierra en abril del año pasado.
El gobierno intervino y negoció la expropiación de 16.800 hectáreas, cuya formalización está fijada para el próximo jueves para asentar una 800 familias. El MST reclama ampliar la medida a todo el predio de 83.000 hectáreas, por considerarla improductiva.
Eso sucede en el estado de Paraná, el mayor productor de granos del país, que vivió intensa ocupación agrícola en los años 50 y 60, atrayendo olas de inmigrantes de otras regiones, expulsándolos a partir de la década del 70 por el proceso de mecanización y concentración de la propiedad.
Pará es una de las nuevas fronteras agrícolas y área tradicional de violencia, donde se registraron 31 muertes por disputas de tierras el año pasado, según la Comisión Pastoral de la Tierra, órgano de la Iglesia Católica.
La situación en el área cercana a Ourilandia se agrava por la presencia de numerosos "garimpeiros" (buscadores de oro informales) atraídos de todas partes del país por la riqueza minera de la región.
Toda la gente parece andar armada, señaló el senador Eduardo Suplicy, quien estuvo este jueves en la zona.
La falta de una reforma agraria es apuntada por historiadores y sociólogos como una de las causas fundamentales de la desigualdad social de Brasil, una de las mayores del mundo, y del intenso éxodo rural que pobló los enormes barrios marginales de las grandes ciudades.
Esa situación fue prevista hace 35 años por el entonces líder de las Ligas Campesinas, Francisco Juliao, quien defendía una reforma agraria "por la ley o por la fuerza", un reclamo obstruído por el golpe militar de 1964 que contó con el apoyo de los terratenientes.
La necesidad de redistribuir las tierras cuenta hoy con consenso nacional. El gobierno del presidente Fernando Henrique Cardoso asumió como meta asentar 280.000 familias en su gestión de cuatro años, de 1995 a 1998.
El ministro de Política Agraria, Raúl Jungman, asegura haber cumplido las metas de los dos primeros años, superando las 100.000 familias asentadas, y cuenta con nuevas leyes, aprobadas el año pasado para acelerar las expropiaciones y castigar a los latifundios improductivos con un elevado impuesto rural.
El MST duda de la efectividad de los instrumentos legales. Su principal dirigente e ideólogo, Joao Pedro Stedile, anunció que el movimiento mantendrá las ocupaciones de predios y sedes gubernamentales, para presionar al gobierno.
En reacción a los avances de la reforma agraria, los hacendados reorganizaron la Unión Democrática Ruralista, que armó milicias para responder a las acciones de los sin tierra. Las muertes de esta semana indican la repetición del brote de confrontaciones. (FIN/IPS/mo/ag/ip/97
