BIRMANIA: Esclavitud y tráfico de heroína en obras de gasoducto

La campaña internacional por la democratización de Birmania se concentra sobre dos transnacionales petroleras asociadas en un gasoducto a una corporación pública birmana acusada de tráfico de heroína y de emplear trabajo forzado.

Se trata de Total, de Francia, y de Unocal, de Estados Unidos, que participan en la construcción del gasoducto de Yadana, entre Birmania y Tailandia. El socio local en el proyecto es MOGE, el organismo del Estado birmano que controla las áreas de petróleo y gas.

"Nadie debe adquirir bienes a un país que utiliza mano de obra esclava", advirtió el financista estadounidense George Soros, presidente del no gubernamental Instituto por una Sociedad Abierta.

Soros, que formuló su declaración en Praga, aclaró que se refería a "las empresas petroleras que obtienen ganancias de las reservas de gas natural de Birmania", un país sometido a dictadura militar.

La revista The Nation, de Estados Unidos, vinculó a MOGE con el tráfico de heroína.

"La cuenta (bancaria) utilizada para el proyecto de Yadana habría sido empleada también para 'lavar' millones de dólares del tráfico de heroína", señaló Larry Dohrs, coordinador en Seattle, noroeste de Estados Unidos, de la Campaña por la Libertad de Birmania.

"La gravedad de la denuncia aumenta al considerarse que MOGE es socio" de Total y Unocal en el proyecto de Yadana, observó Dohrs.

El Departamento de Estado asegura que 60 por ciento del volumen de heroína ingresado ilegalmente en Estados Unidos procede de Birmania. Firmar contratos con instituciones del Estado birmano vinculadas al contrabando de narcóticos "es como trabajar con la mafia", dijo Dohrs.

OCAW, el sindicato de los trabajadores de los sectores petrolero, químico y nuclear de Estados Unidos, exhortó a los accionistas de Unocal a investigar las denuncias de lavado de dinero relacionadas con el proyecto de Yadana.

"La verdad puede poner en evidencia la responsabilidad directa de Unocal en el aumento del consumo de heroína en Estados Unidos", manifestó Robert Wages, presidente de OCAW.

La premio Nobel de la Paz birmana Daw Aung San Suu Kyi y su Liga Nacional por la Democracia han denunciado que cientos de personas son forzados a trabajar en las obras del gasoducto.

"El trabajo forzado es parte integral del empeño de régimen militar por crear la infraestructura necesaria para el proyecto" de Yadana. "Una vez construido, el gasoducto será la principal fuente de ingresos del país", y "las empresas petroleras cargarán con una gran responsabilidad moral", dijo Soros.

"Al abandonar sus operaciones en Estados Unidos para aprevechar bajos salarios y mano de obra esclava en Asia, Unocal nos dejó un amargo legado", expresó Wages.

Pero Unocal rechazó las denuncias sobre trabajo forzado. Un portavoz de la compañía calificó las acusaciones de "falsas, irresponsables y frívolas", y agregó que una investigación realizada por la propia empresa no encontró pruebas de trabajo forzado ni de lavado de dinero del narcotráfico.

El director de Human Rights Watch/Asia, Mike Jendrzejczyk, replicó en Washington que "hay abundante evidencia de utilización de mano de obra forzada en el gasoducto".

Refugiados birmanos pertenecientes a la etnia mon, que huyeron de la región de Yadana, aseguraron a Human Rights Watch que los militares reclutaron a cientos de personas para trabajar en proyectos de infraestructura.

El ejército levanta con mano de obra forzada "cuarteles para proteger la línea ferroviaria en Yadana", y el régimen militar ha impedido a Human Rights Watch y otros defensores de los derechos humanos la investigación de las denuncias, declaró Jendrzejczyk.

"Los grupos independientes no están autorizados a entrar" en Yadana. Las obras "están bajo rígido control del gobierno", agregó.

El control militar de Yadana también obstaculizó la investigación practicada por Unocal, arguyó Dohrs. "La investigación de Unocal no fue profunda", afirmó.

Paralelamente a la presión sobre Total y Unocal, varios gobiernos exigen a los militares birmanos el reconocimiento del movimiento democrático de Suu Kyi, que en 1990 triunfó en elecciones luego anuladas por el gobierno de facto.

La ejecutiva Comisión Europea instó en diciembre a los 15 países miembros de la Unión Europea a suspender los beneficios comerciales concedidos a Bimania, a causa de las denuncias de trabajo forzoso.

Mientras, las esperanzas en una revisión de la política de Washington hacia Birmania crecieron cuando Madeleine Albright y Wlliam Cohen, que el próximo lunes se harán cargo de los Departamentos de Estado y de Defensa de Estados Unidos, respectivamente, se unieron a las críticas al régimen militar.

Suu Kyi censuró a las compañías çias extranjeras radicadas en Birmania, y pidió suspender toda inversión mientras los militares mantengan proscripto al movimiento democrático.

La presencia en Birmania de "empresas como Unocal y Pepsi, ARCO y Texaco, sólo contribuye a prolongar la agonía de mi país, pues alienta al régimen militar a persistir en su intransigencia", dijo Suu Kyi en mensaje a organizaciones de derechos humanos de Estados Unidos.

Soros sugirió un boicot contra las empresas extranjeras con intereses en Birmania. "La experiencia enseña que las corporaciones son más sensibles a la presión de los consumidores que a los principios morales", comentó el financista. (FIN/IPS/tra-en/fah/yjc/ff/hd ip/97

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