Miles de presos de Bangladesh desarrollan protestas contra la lentitud del sistema judicial, las penosas condiciones de vida en los centros de reclusión y la corrupción de los funcionarios a cargo de su custodia.
Muchos reclusos languidecen en las cárceles del país asiático a la espera de que se inicien sus juicios. Se estima que el sistema judicial tardará al menos 20 años en dirimir los casos pendientes si continúa actuando a este ritmo.
Las deplorables condiciones de vida y la sobrepoblación en las 70 cárceles de Bangladesh generaron en diciembre protestas que se tornaron violentas el día 22 de ese mes y provocaron la muerte de ocho reclusos, cuando la policía abrió fuego en la prisión central de la ciudad de Jessore.
En las vísperas del conflicto, la primera ministra Seikh Hasina Wajed prometió reformar la administración de las cárceles y reformar las leyes que establecen la actividad dentro de esos centros.
La población de todas las prisiones del país exceden sus capacidades. La de Dhaka, por ejemplo, fue construida para alojar a 2.216 prisioneros, pero cuenta con alrededor de 6.000, muchos de los cuales deben turnarse para dormir, dijo un funcionario carcelario que reclamó reserva sobre su identidad.
Los prisioneros han recurrido en reiteradas ocasiones a protestas, entre ellas huelgas de hambre, y, además de quejarse por las condiciones de reclusión, acusan de sadismo y corrupción y a los guardias.
La revuelta en las prisiones de Jessore, Dhaka, Tangail y Barisal iniciada en diciembre son el último incidente desde el retorno de Bangladesh a la democracia en 1991.
Un policía murió en la cárcel de Jessore por una bala disparada por su propio rifle, que le fue arrebatado por un preso. Otro recluso que presuntamente procuraba una solución pacífica al conflicto apareció muerto por ahorcamiento.
La revuelta comenzó el 16 de diciembre, al mismo tiempo que se celebraba el 25 aniversario de la independencia de Bangladesh. Unos 2.700 prisioneros tomaron entonces el control de la prisión de Jessore.
Los presos coreaban sus reclamos, entre ellos la derogación de la Ley de Poderes Especiales, la obligatoriedad de dictar sentencia dentro de los tres meses posteriores a la acusación, la reducción de las cadenas perpetuas, atención médica y acciones contra los guardias corruptos.
Los reclusos no tienen modo de protegerse de brutales guardiacárceles, quienes tienen fama de cobrar sobornos a los prisioneros privilegiados y establecer tratos especiales con aquéllos que tienen conecciones con el exterior.
Los que acuerdan con los guardias gozan de varios beneficios, entre ellos el acceso a bebidas alcohólicas y cigarrillos.
Pero los presos que no pueden pagar a sus custodios son castigados física y psicológicamente, y a menudo se les llega a privar de los magros alimentos a que tienen derecho.
Por lo menos 60 prisioneros fueron asesinados en las cárceles de Bangladesh entre 1976 y 1991 por policías a quienes se encomendó reprimir revueltas. El episodio más sangriento se registró en la prisión de Khulna, donde en un solo choque murieron 42 reclusos.
Funcionarios carcelarios aseguran en privado que los últimos acontecimientos en Jessore y Dhaka fueron instigados por el opositor Partido Nacional de Bangladesh con el objetivo de desacreditar al gobierno que encabeza la Liga Awami.
Varios simpatizantes del Partido Nacional encarcelados cuando asumió el nuevo gobierno el año pasado, algunos de ellos con conexiones en el bajo mundo, tuvieron un importante papel en las protestas, informaron varios diarios de Dhaka.
La mayoría de las recomendaciones emitidas por una comisión de reformas carcelarias en 1980 no fueron implementadas. Alrededor de 250.000 casos están aún a la espera de audiencia en las cortes judiciales del país, informaron abogados.
Cientos de reos han estado en cárceles de Bangladesh durante más de cinco años, a pesar de que los delitos por las que fueron detenidos son castigados con penas máximas de tres años, agregaron.
Muchas de las leyes procesales que impiden una rápida acción de la justicia se remontan a la época del régimen colonial británico, coinciden especialistas.
Mientras transcurría la revuelta, el ex presidente de Bangladesh Hussain Muhammed Ershad fue liberado bajo fianza después de seis años en la cárcel central de Dhaka, donde fue recluido por actos de corrupción.
La Corte Suprema del país sentenció a principios de mes la culpabilidad en el último de los 21 casos entablados contra Hershad durante su régimen de ocho años. Una condena de 1995 fue revocada, y el ex mandatario tenía derecho a fianza en los restantes juicios. (FIN/IPS/tra-en/ti/an/mj/hd ip/97
