Guerra y luchas civiles ponen un manto sobre los abusos contra los derechos humanos cometidos por gobiernos y movimientos rebeldes Asia meridional, según el informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos en la materia.
Aun donde no se han producido conflictos formalmente planteados, los asiáticos no pueden confiar en sus gobiernos para la defensa de sus derechos o para que actúen de modo satisfactorio cuando esos derechos son violados, de acuerdo con el informe.
La situación es especialmente grave para las mujeres de la región.
El informe del Departamento de Estado (cancillería) sirve de guía al Congreso de Estados Unidos en la toma de decisiones respecto de comercio y asistencia.
El documento registra matanzas, ejecuciones extrajudiciales, arrestos ilegales y torturas a manos de milicias en pugna en Afganistán, de fuerzas de gobierno y milicias progubernamentales en Sri Lanka y los estados de Jammu y Kashmir, en India, y de policías, soldados, grupos políticos y estudiantiles en Pakistán.
En Afganistán, según el informe, "unidades del ejército, comandos locales y canallas individuales" cometen "asesinatos políticos, tortura, violaciones sexuales, arrestos arbitrarios, saqueos, raptos y secuestros por rescate".
Todos los bandos en pugna han sido "responsables por el bombardeo indiscriminado de zonas civiles, particularmente Kabul", el año pasado, agrega el Departamento de Estado.
De todos modos, las milicias islámicas fundamentalistas Talibán, que capturaron la capital de Afganistán en septiembre, fueron señaladas como las fuerzas que provocaron más bajas entre los civiles.
El informe menciona denuncias sobre violaciones contra los derechos humanos cometidos por los talibanes, entre ellas ejecuciones públicas, azotes, amputaciones y duras restricciones a la actividad de las mujeres.
De todos modos, el Departamento de Estado atemperó las acusaciones contra ese grupo, pues "el control de Talibán sobre áreas rurales trajo una reducción de violaciones, secuestros y matrimonios forzados".
En toda la región se producen arrestos ilegales, asesinatos, violaciones sexuales y tortura cometidos por policías. Los abusadores usan frecuentemente como excusa sinuosas leyes contra el terrorismo.
En algunos países, como India y Sri Lanka, hubo intentos serios de condenar judicialmente a quienes cometen violaciones contra los derechos humanos, pero eso fue insuficiente.
El Departamento de Estado lamenta en particular "el fracaso total de sucesivos gobiernos de Pakistán para acusar y castigar a los abusadores", lo que describió como "el mayor obstáculo para acabar o aun reducir" esos actos aberrantes.
La violencia contra las mujeres, inclusive violaciones por parte de policías, prostitución forzada y abuso dentro de las familias, continúa siendo un problema en toda la región, así como la discriminación en el acceso a los servicios de salud, educación y al trabajo y problemas domésticos.
El asesinato de novias cometidos por esposos o cuñados que reclaman mayores dotes, con frecuencia luego de hostigamientos y tortura, es habitual en India y Pakistán. El acoso y la tortura a esposas es común en Nepal, donde pocas leyes se entrometen en el ámbito familiar.
Allí, al igual que en Bangladesh, las palizas a las esposas son comunes. En Pakistán, 80 por ciento de las mujeres son víctimas de abuso doméstico, de acuerdo con estimaciones del propio gobierno de ese país.
El gobierno de India registró, en 1995, 100.846 casos de "violencia contra mujeres, incluso acoso, violaciones, secuestro y asesinatos de novias por dotes". En 1993, la cantidad de casos ascendió a 83.964.
Ese aumento refleja la mayor preocupación del público en materia de abusos contra las mujeres, pero las cifras quizás representen apenas una parte de la cantidad de casos reales. Por otra parte, pocos casos son resueltos por las autoridades una vez que son registrados.
Las cortes de India investigaron 6.735 casos de muertes por dote en 1994, de los cuales 461 concluyeron con una condena, 973 en absoluciones y 212 en acuerdos extrajudiciales por dinero o retiros de denuncia por parte de familiares de la víctima.
En toda la región, las costumbres impiden que las mujeres denuncien un crimen contra ellas. Pero también las disuade la ley.
El Departamento de Estado atribuye a las ordenanzas Hadood de la república islámica de Pakistán el hecho de que "90 por ciento de las mujeres supuestamente violadas están en prisión porque no pudieron presentar testigos dignos de crédito".
Muchos países poseen leyes que protegen los derechos de las mujeres (incluso India tiene una ley que prohíbe las dotes), pero los gobiernos son generalmente incapaces para garantizar su cumplimiento, según el informe.
El estado es, con frecuencia, el actor de los abusos. La violación y el hostigamiento sexual a manos de policías y funcionarios carcelarios es un problema en toda la región, particularmente serio en India y Pakistán, de acuerdo con el Departamento de Estado.
Las estaciones de policía femenina de Pakistán no tienen personal suficiente. Las mujeres continúan siendo detenidas en oficinas de policías varones, lo que viola las normas vigentes. Allí, suelen cometerse violaciones sexuales, en muchas ocasiones para extraer confesiones a familiares que ven esos abusos.
El tráfico de niños y niñas de Nepal a India por parte de redes de proxenetismo es creciente, según el informe. Entre 5.000 y 7.000 mujeres nepalíes, la mayoría de entre 10 y 18 años de edad, son enviadas a burdeles de India todos los años, donde ya son explotadas entre 40.000 y 100.000.
Se registran al menos 10.000 casos de infanticidio femenino en India cada año, de acuerdo con organismos humanitarios citados por el Departamento de Estado.
La tensión entre grupos religiosos y étnicos exacerba el problema. En Pakistán y Afganistán, el sectarismo es oficialmente promovido. El informe contiene anécdotas en tal sentido, pero no estadísticas.
Los abusos contra las minorías son especialmente graves en los estados indios de Bihar, Orissa y Assam, en perjuicio de los ismailis en Afganistán y de los ahmadis en Pakistán. (FIN/IPS/tra- en/aa/mj/hd/97
