Legisladores del gobernante Partido Justicialista (PJ) de Argentina rechazaron que la privatización de la represa argentino-paraguaya de Yacyretá pueda ser realizada contra la opinión del Parlamento.
La iniciativa de pasar por encima del órgano legislativo fue propuesta por Roberto Dromi, ex ministro de Obras y Servicios Públicos y ahora asesor del presidente Carlos Menem, ante la negativa del Congreso a autorizar la venta de la represa, la mayor de América Latina.
En la propuesta enviada a Menem, Dromi sostiene que el Ente Binacional Yacyreta (EBY) está legalmente autorizado para contactar a empresas privadas para que exploten la represa, situada sobre el río Paraná.
El diputado del PJ Emilio Martínez rechazó este miércoles ese plan y advirtió que «Dromi aconseja mal al presidente Menem si lo convence de eludir al Parlamento para la privatización de Yacyretá».
«Desde ya adelanto que vamos a analizar todos lo mecanismos a nuestro alcance para oponernos a dicha elucubración e, incluso, no descarto alguna suerte de acción de amparo ante la justicia», advirtió.
«El Parlamento rechazará este proyecto, pero creo que no podrá impedirlo», afirmó a su vez la prensa al diputado José Lahoz, también del peronismo en el poder.
La oposición, cuyos legisladores cerraron filas con los peronistas disidentes, sostienen que los planes gubernamentales se convertirán en un mal negocio para Argentina y Paraguay.
Menem y su par paraguayo Juan Carlos Wasmosy se vieron obligados a firmar en diciembre pasado un protocolo que prorroga el acuerdo bilateral para privatizar la represa, que estaba prevista para 1996.
El gobierno argentino prevé ingresos por al menos 800 millones de dólares por la concesión a treinta años de la represa a empresas privadas, incluido el compromiso para que concluyan las obras pendientes.
En 1993 fue inaugurada la primera de las 20 turbinas de Yacyretá, casi dos décadas después de la firma del convenio bilateral para construir la represa.
El proyecto fue financiado totalmente por Argentina, que hasta ahora gastó unos 8.000 millones de dólares y, por lo tanto, se quedará con los ingresos de la privatización, según lo acordado con Paraguay, que debía pagar su parte con energía. (FIN/IPS/of/dg/ip/97
