En la política contemporánea, para ganar una guerra política hay que ganar también la batalla de la comunicación. Tan o más importante que derrotar el adversario, es convencer a la opinión pública de que hay un vencedor incuestionable.
Esa máxima, incorporada recientemente a los manuales de manejo de crisis políticas, hace que los protagonistas sean obligados a actuar en dos frentes simultáneos.
Uno de ellos es el problema en sí mismo, y el otro es la forma en que la opinión pública percibe el desarrollo y desenlace del episodio.
Una estrategia de resolución de conflictos puede resultar inútil si no es acompañada por una estrategia de comunicación.
En el caso del secuestro en la embajada japonesa en Lima Perú, los militantes del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) han acumulado éxitos hasta ahora, mientras el gobierno del presidente Alberto Fujimori está a la defensiva.
Los secuestradores captaron la atención de la opinión pública por la audacia de su acción, por el manejo, hasta el momento, sereno de la situación dentro de la representación diplomática y por la liberación progresiva de rehenes.
La insinuación de que el secuestro podría estar vinculado a un intento de negociar una incorporación de los guerrilleros a la vida política legal contribuyó también para generar simpatías en la opinión pública.
Eso es especialmente importante dadas las circunstancias especiales de que el caso peruano se desarrolla también en otros ambientes políticos, gracias a la presencia de diplomáticos extranjeros entre los rehenes.
La decisión de la justicia de Uruguay de excarcelar a dos detenidos el MRTA en Montevideo supuestamente a cambio de la liberación de un diplomático en Lima muestra que el manejo de la crisis ya no está restringido a la opinión pública peruana.
En esas circunstancias, la acción del presidente Fujimori es inevitablemente mucho más compleja que la de sus adversarios en la crisis actual.
La internacionalización del secuestro impone dificultades adicionales al gobierno peruano porque lo fuerza a tener que condicionar su estrategia a situaciones de opinión pública ajenas y lejanas sobre las cuales tiene escaso poder de control.
En circunstancias como esta, los gobiernos extranjeros normalmente se preocupan más de la vida de sus conciudadanos que de la política del país sede del conflicto.
La razón es sencilla. Traer sano y salvo un rehén capturado en tierras ajenas siempre rinde dividendos políticos positivos, no importa si el efecto es negativo en términos diplomáticos.
La situación del presidente Alberto Fujimori es complicada también por el hecho de tener que negociar en sigilo para no comprometer públicamente su imagen de régimen anti-terrorista duro. Así, sus logros parciales acaban siendo poco divulgados y todo pasa a depender de una gran jugada final.
Eso permite identificar las líneas básicas de las dos estrategias de comunicación en curso en la crisis peruana.
Los secuestradores parecen interesados en acumular impactos parciales para generar una imagen simpática capaz de neutralizar posibles efectos negativos en el desenlace, mientras el presidente Fujimori no tiene muchas opciones salvo apostar todas sus fichas a un gran final. (FIN/IPS/cc/dg/ip/96
