El gobierno y la justicia de Uruguay quedaron sepultados por acusaciones de haber cedido a los guerrilleros que ocupan la embajada de Japón en Perú, tras las sucesivas liberaciones de dos ciudadanos peruanos presos en esta capital y del embajador uruguayo secuestrado en Lima.
El martes 24 un tribunal judicial uruguayo ordenó liberar a los ciudadanos peruanos Silvia Gora y Alberto Miguel Samaniego sobre quienes pendían pedidos de extradición de Perú y Bolivia.
A ambos se les imputa integrar el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), responsable de la toma de la sede diplomática nipona en la capital peruana.
Ese mismo día, poco después de la libertad de los ciudadanos peruanos, un integrante del comando del MRTA llamó al embajador uruguayo en ese país, Tabaré Bocalandro, uno de los rehenes secuestrados en la embajada, y le dijo "tome sus cosas que se va".
Bocalandro comprendió lo que sucedía cuando uno de sus secuestradores le dijo que lo liberaban "a raíz de una decisión judicial tomada en Uruguay", admitió este jueves el diplomático a una emisora radial local.
El fallo judicial no sólo sorprendió a los medios políticos y diplomáticos locales.
Gustavo Puig, abogado de Gora y Miguel, se enteró de la liberación de sus detenidos luego que se produjo, porque recibió la notificación oficial en el contestador telefónico de su estudio.
En fallo dividido, el Tribunal de Apelaciones entendió que ninguno de los actos imputados a los detenidos son considerados delictivos en este país, y no están comprendidos en los tratados bilaterales de extradición vigentes.
Con respecto a las acusaciones provenientes de la justicia peruana, son "eminentemente políticas" y a las originadas en Bolivia, "conexas con delitos políticos", dijo la sentencia, votada por mayoría.
El lunes 23, el presidente uruguayo Julio Sanguinetti aprovechó una visita protocolar a la Suprema Corte de Justicia para reunirse con los cinco ministros de esa corporación.
En esa reunión reservada, Sanguinetti urgió a los magistrados a tomar una decisión atendiendo a la situación que se vivía en Lima, "pero sin mencionar cuál debía ser", confió un participante de la reunión.
"Sólo faltaba el voto de uno de los ministros y luego de tenerlo se redactó la sentencia". dijo a IPS Julio César Borges, quien votó discorde, en favor de las extradiciones.
Borges precisó que "dos votos que se oponían a la extradición estaban decididos desde antes que se ocupara la embajada de Japón en Perú".
Dardo Preza, el ministro cuyo voto completó los tres necesarios legalmente para una sentencia definitiva, sostuvo que la crisis "obligaba a fallar antes de la feria judicial" que comenzó el mismo día de la sentencia.
Una fuente judicial aseguró a IPS que Preza, pese a tener una posición tomada, iba a emitir su dictamen al terminar el receso, el 31 de enero de 1997, pero ante la situación planteada aceleró su fallo.
No fue necesario que transcurriera mucho tiempo para que la justicia uruguaya recibiera una andanada de cuestionamientos.
La justicia "quedó jaqueada ante la opinión pública mundial que entiende que ha claudicado ante el chantaje terrorista", reconoció este jueves el diario local "El Observador".
Según versiones diplomáticas no oficiales, para el gobierno peruano la decisión uruguaya fue "egoísta e inconsecuente" y por ese motivo llamó en consulta a su representante en Montevideo.
El diario peruano "El Expreso" sostuvo que la liberación de Bocalandro fue producto de un canje que calificó como "una vergüenza", y sostuvo que Uruguay "convirtió a la solidaridad latinoamericana en una burla".
Su colega "El Comercio" dijo que las liberaciones provocaron "sorpresa y malestar" en el gobierno de Alberto Fujimori.
"El gobierno no negoció nada, Uruguay tiene una posición clara y definitiva que ya expresó el presidente: no se negocia ni se negociará con terroristas", dijo a IPS una fuente cercana a Sanguinetti.
En Bolivia no creen que sea así. Saúl Lara, director de gabinete de la cancillería boliviana, subrayó que la justicia de su país es "autónoma", en clara alusión a lo sucedido en Uruguay.
En ese país hay cuatro detenidos del MRTA y el embajador boliviano en Lima, Jorge Gumucio, es también uno de los rehenes.
Bocalandro, que consideró a los guerrilleros como "gente muy profesional, muy preparada, con sus ideas muy claras, y que fueron muy correctos con nosostros", cree que están deliberadamente utilizando esta situación.
La libertad de Gora y Miguel "que es meramente judicial, esta siendo utilizada (por el MRTA) para demostrar que existió una liberación por otra", argumentó el diplomático uruguayo con la voz quebrada por las lágrimas al ser entrevistado este jueves telefónicamente desde Montevideo.
No es esta la primera vez en los últimos tiempos que la estructura judicial uruguaya se ve sacudida por dudas sobre su independencia.
Los salarios judiciales son de los más bajos de la administrción pública y el Poder Judicial carece de independencia presupuestal.
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia son elegidos por el Parlamento luego de negociaciones políticas, mientras que la venia del Senado para los Ministros de los Tribunales de Apelaciones, depende muchas veces de presiones partidarias.
En 1994, con el marco de enfrentamientos callejeros entre manifestantes y la policía, y de fuertes presiones del gobierno español, el dictamen de un fiscal habilitó la extradición a España de tres integrantes de la organización separatista vasca ETA.
Entonces, Puig, el mismo abogado que ahora defiende a Gora y a Miguel, denunció presiones del ex presidente Luis Alberto Lacalle para que el fiscal Juan Pumarega facilitara la extradición.
Las repercusiones políticas en Uruguay han sido disímiles. Los principales dirigentes de la coalición de gobierno integrada por los partidos Colorado y Blanco descartaron que haya existido negociación.
"No creo que haya existido interferencia del Poder Ejecutivo", coincidió el líder del izquierdista Frente Amplio, Tabaré Vázquez.
En cambio, los ex guerrilleros tupamaros, integrados políticamente al Frente Amplio, consideran que hubo negociación y que ésta fue positiva.
"Este gobierno tuvo la sensibilidad de hacer justicia y sacar de la cárcel a dos personas injustamente detenidas (…) fue una actitud para descomprimir la situación", opinó el tupamaro Jorge Quartino.
En 1994 los tupamaros habían sido severos críticos del dictamen del fiscal Pumarega y cuestionaron duramente la injerencia del sistema político en la estructura judicial.
Una fuente cercana a la cancillería uruguaya, que pidió reserva de su nombre, reflexionó sin embargo que la diplomacia uruguaya, tradicionalmente hábil y cuidadosa, "no puede haber cometido un error tan grueso" como el de canjear a su embajador por los dos detenidos peruanos, arriesgando un escándalo.
"Esta liberación tiene que tener una interpretación más compleja, tiene que ser parte de un complicado juego de negociación para lograr la liberación de todos los rehenes, con la secreta anuencia del gobierno peruano", razonó. (FIN/IPS/rr/jc/ip/96
