Rusia y otros Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunciaron que Estados Unidos, país sede del organismo, continúa considerando a los diplomáticos acreditados como espías y terroristas.
"La situación es muy curiosa porque si se trata de un comerciante, un turista e incluso un funcionario, esa persona no supone una amenaza para la seguridad de Estados Unidos y puede desplazarse con bastante libertad por el territorio del país", dijo el representante permanente de Rusia, Sergei Lavrov.
En cambio, según el diplomático afirmó esta semana ante sus colegas, si se trata del personal de una misión ante la ONU o de sus familiares, "cualquiera se convierte en un potencial espía o terrorista".
En las décadas de los años 60 y 70, en la cúspide de la guerra fría, la sede de la ONU era un virtual campo de batalla del mutuo espionaje entre Washington y Moscú.
Una comisión investigadora del Congreso de Estados Unidos, que indagó la actuación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en los 70, descubrió que la Agencia había situado a uno de sus especialistas en lectura de labios dentro de una cabina de prensa que dominaba la sala de sesiones del Consejo de Seguridad.
El espía fue capaz de interpretar los susurros de los soviéticos durante los duros debates de la guerra fría.
En abril de 1978, el director del Departamento de Asuntos Políticos y del Consejo de Seguridad -con rango de subsecretario general de la ONU-, Arkady Shevchenko, tuvo el dudoso honor de convertirse en el soviético de más alto nivel en la Secretaría, que desertó de su país en favor de Estados Unidos.
El funcionario fue acusado de ser un espía doble, que trabajaba para los servicios estadounidenses mientras espiaba para los soviéticos.
En los tiempos presentes, Washington no se limita a restringir los movimientos de los delegados en la ONU de los países llamados "terroristas", como Cuba, Corea del Norte, Iraq, Libia, Sudán e Irán.
Estados Unidos restringe además la circulación de los representantes de China y Rusia, dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad.
"Esas medidas discriminatorias infringen los intrumentos jurídicos básicos que regulan las relaciones internacionales", señaló Lavrov. "Por muchos años, toda crítica a esas medidas ha recibido la respuesta de que se trata de la seguridad nacional del país sede".
En abril del año pasado, Washington exigió que el segundo secretario de la misión sudanesa abandonara Estados Unidos en el plazo de 48 horas, alegando que el funcionario estaba involucrado en acciones terroristas y de espionaje.
Estados Unidos afirma que, como país sede, es responsable por la seguridad de la Organización, los diplomáticos acreditados y los habitantes y ciudadanos del país.
Las críticas más fuertes contra el país sede han provenido de Cuba, cuya misión es blanco permanente del ataque de grupos opositores al régimen cubano, residentes en Estados Unidos.
Caridad Yamira Cueto Milián, miembro de la delegación cubana, dijo que sus oficinas fueron objeto, en diversas oportunidades, de "desgraciados incidentes y violaciones".
"La integridad moral y física del personal de la misión ha sido atacada en muchas ocasiones", afirmó.
Cueto Milián acusó al Comité del País Sede -cuerpo de la ONU encargado de velar por los intereses de los Estados miembros- de ser "un club selecto donde prevalece la arbitrariedad".
El Comité Jurídico de la ONU resolvió la semana pasada pedir a Washington que adopte todas las medidas que sea necesario para impedir "cualquier interferencia con el funcionamiento de las misiones acreditadas ante las Naciones Unidas".
En nombre de la delegación de Estados Unidos, Carolyn Wilson puntualizó que las restricciones impuestas a los viajes se basan en razones de seguridad nacional y que de ninguna forma interfieren con la actividad de los diplomáticos.
"Ese estricto control podría ser modificado si cambiaran las circunstancias", añadió Wilson. (FIN/IPS/tra-en/td/yjc/arl/ip/96
