Un eventual acuerdo de paz entre el gobierno de México y la guerrilla zapatista nutre versiones sobre un posible encuentro entre el presidente Ernesto Zedillo y el subcomandante Marcos.
A esta posibilidad aludieron los senadores opositores Heberto Castillo, del centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), y Luis Alvarez, del derechista Partido Acción Nacional (PAN), miembros de la comisión mediadora del parlamento.
La Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), en la que también participa el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó una propuesta conciliatoria a las partes, señalándoles que de no haber acuerdo podría disolverse.
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) expresó su aceptación casi de inmediato, aunque puso en claro que el documento no refleja por completo sus demandas.
Si bien el vocero gubernamental, Dionisio Pérez Jácome, aseguró que carecía de información respecto del encuentro entre Zedillo y Marcos, no desmintió las versiones.
Pérez Jácome subrayó que está corriendo el plazo de 15 días que el presidente pidió al movimiento zapatista, que vence antes de Navidad, para hacer sus propias consultas en torno a la propuesta formulada a las partes por la comisión parlamentaria.
El gobierno consulta a los principales especialistas en derecho constitucional con el objeto de formular una respuesta fundada y responsable, manifestó el vocero.
El documento de la Comisión consiste básicamente en una iniciativa de ley que abarca un conjunto de reformas constitucionales dirigidas a reconocer y garantizar los derechos de las comunidades indígenas mexicanas, incluyendo regímenes de autonomía relativa.
Unos 10 de los 93 millones de mexicanos son indígenas que hablan alguna de las 56 lenguas precolombinas, y el resto son mestizos con diversos grados y composiciones de mezclas étnicas.
Los analistas coinciden en que el diálogo iniciado el 12 de enero de 1994, poco después del levantamiento del 1 de enero de 1994, cuando se puso en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), parece reclamar una negociación directa.
El jurista Ignacio Burgoa consideró inconstitucional el proyecto de ley propuesto por la Cocopa para las comunidades indígenas y aseguró que la iniciativa "pretende erigir como soberanos a los pueblos indígenas, lo que quebranta la unidad política y social de México".
"Sería muy grave crear dentro del estado mexicano 'estaditos' indígenas que van a ser autónomos entre sí y van a tener capacidad para dictar sus propias leyes por encima de la Constitución", añadió.
Castillo consideró por su parte "puros prejuicios, ya superados por las partes en la mesa de negociaciones", los temores de que el derecho a la libre determinación y la autonomía de las comunidades indígenas conduzca a los separatismos.
El senador del PRD estimó que la propuesta de la Cocopa es una oportunidad extraordinaria de encauzar el llamado problema indígena hacia una solución pacífica.
"Es hora de reconocer que los indígenas son como nosotros y no menos, pero también que la pobreza y el atraso en que viven no se debe a ellos, sino a las condiciones de injusticia y opresión en que han sido mantenidos", afirmó Castillo.
El sociólogo Héctor Díaz Polanco señaló que "la autonomía creará, en el marco del régimen democrático, reglas nuevas que permitirán a los sectores estructuralmente marginados y excluidos una participación plena".
El experto consideró imposible, por su grado de conciencia, "disolver las identidades étnicas para asimilar plenamente a los indígenas como ciudadanos comunes y corrientes, ya sin su basamento de identidad y sin su cohesión sociocultural". (FIN/IPS/emv/ag/ip-pr/96
![[Valid RSS]](https://validator.w3.org/feed/images/valid-rss-rogers.png "Validate my RSS feed")