El gobierno de Perú parece haber aceptado el reto judicial planteado por la Junta del Acuerdo de Cartagena (JUNAC) y se propone defender ante el Tribunal Andino su derecho a mantener indefinida su incorporacion al marco arancelario adoptado por la Comunidad Andina.
"Hay que revisar la demanda de nulidad planteada por el Junac, ver cuáles son sus sustentos, en qué se basa. Nosotros vamos a defendernos"', comentó el Ministro de Industria Gustavo Caillaux, máximo representante peruano en la actual estructura del Grupo Andino.
El Junac anunció el día 2 una acción judicial ante el Tribunal Andino a los gobiernos de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela por haber aprobado hace un año la Decisión 387, que concede plazo indefinido a Perú para adecuarse al Arancel Externo Común (AEC) que rige en la subregión.
Esa medida resolvió momentáneamente la crisis provocada por la resistencia peruana a admitir el AEC aprobado por los demás países, basado en una escala de 0, cinco, 10 y 20 por ciento, porque, según Lima, se debe adoptar un arancel de un solo nivel, situado entre 10 y 15 por ciento.
Con este acuerdo, los países andinos evitaron expulsar a Perú del proceso de integración comercial y económica, del que forma parte desde su creación, en 1969.
Posteriormente, Lima flexibilizó su posición al proponer un arancel de dos niveles, 15 y 25 por ciento, pero los demás países andinos no aceptaron la propuesta y, por consiguiente, se mantiene la irregular situación de Perú, país miembro del Grupo pero excluido de la Unión Aduanera en gestación.
"La iniciativa del Junac de plantear mediante un juicio la nulidad del acuerdo que concedió tolerancia a la indefinición arancelaria peruana es una forma elegante de forzar a Lima a definirse, evitando una confrontación entre gobiernos", comentó el economista peruano Hugo Aquino.
Notificado de la apertura de una demanda judicial contra la Decisión 387, el gobierno peruano adoptó una postura prudente, pero las entidades representativas empresariales reaccionaron con irritación.
Además del anuncio del ministro Caillaux de defender la posición peruana ante el Tribunal Andino, el vicepresidente Ricardo Márquez manifestó que "las negociaciones arancelarias en la Comunidad deberían proseguir".
"El tema está en estudio y el presidente Alberto Fujimori ha señalado que conviene al Grupo Andino tener un esquema arancelario con una dispersión mínima", comentó.
El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias Eduardo Farah y su par de la Cámara de Comercio de Lima Hugo Sologuren juzgaron a su vez "inaceptable forzar judicialmente una posición técnica", aunque ambos expresaron que Perú debe hacer todo lo posible por mantenerse en el Grupo Andino.
Farah mostró su extrañeza porque el Junac no hubiera "apelado antes a procedimientos judiciales frente a decisiones que igualmente comprometían los objetivos comunes de integración, por ejemplo cuando se autorizó a Venezuela y Colombia a realizar negociaciones arancelarias con México para crear el G-3".
Juan Pendavis, presidente de la Asociacion de Exportadores, reclamó "que Colombia elimine el reintegro del 10 por ciento a su expoitaciones y Venezuela suprima el subsidio a su energía, para que las condiciones de competencia en el interior de la Comunidad Andina sean homogéneas" (FIN/IPS/al/dg/if/96
