El gobierno y la guerrilla de Guatemala acordaron constituir una comisión para el esclarecimiento histórico de las violaciones de los derechos humanos cometidas durante 36 años de guerra interna en ese país centroamericano.
Representantes del gobierno y de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) suscribieron el día 12 en la capital de España el acuerdo sobre bases para la incorporación de la organización guerrillera a la legalidad.
El documento, que consta de un preámbulo, 60 artículos y tres disposiciones finales, entrará en vigencia este domingo, 29 de diciembre, cuando se firmará en la capital de Guatemala del Acuerdo de Paz Firme y Duradera.
El acuerdo de Madrid establece la exención de penas para los combatientes de la URNG, el establecimiento de la verdad histórica, el castigo de delitos imprescriptibles o que no admiten la extinción de la responsabilidad penal y la reparación por el Estado a las víctimas de violaciones de derechos humanos.
En el preámbulo se atribuye el origen del enfrentamiento armado interno "al cierre de espacios políticos de expresión y participación democrática" y a "la adopción de medidas de represión política contra personas y organizaciones que fueron vinculadas con el régimen derrocado en 1954".
En aquel año, el gobierno constitucional, nacionalista y democrático encabezado por el coronel Jacobo Arbenz fue derribado por un golpe de Estado perpetrado por el general Carlos Castillo Armas con el apoyo del gobierno de Estados Unidos.
En el preámbulo se justifica la acción guerrillera, al admitir el derecho de los pueblos a buscar las transformaciones democráticas necesarias "frente a una situación de injusticia social y económica" y "la negación sistemática de los derechos y garantías individuales y sociales".
El primer artículo define la incorporación de la URNG a la legalidad como un proceso por el cual "sus miembros se integrarán a la vida política, económica, social y cultural en un marco de dignidad, seguridad, garantías jurídicas y pleno ejercicio de sus derechos y deberes ciudadanos".
Más adelante se señala que ese proceso deberá consistir en una "incorporación sostenible" y se detallan los plazos para varias etapas que se deberán cumplir bajo una Autoridad de Verificación.
En principio esa autoridad estará a cargo de las Naciones Unidas (ONU) y si en ese organismo no se lograse la aprobación del plan, la tarea pasaría a la Organización de Estados Americanos (OEA).
El acuerdo establece que el gobierno promoverá un proyecto de Ley de Reconciliación Nacional, que fue finalmente aprobado este mes.
Su objetivo, explica, es promover una cultura de concordia y respeto mutuo "que elimine toda forma de revancha o venganza, al mismo tiempo que preserve los derechos fundamentales de las víctimas".
Esa ley reconoce "el derecho inalienable de toda sociedad a conocer la verdad" y encargar a la Comisión para el Esclarecimiento Histórico el diseño de los medios para el conocimiento y reconocimiento de la verdad de lo ocurrido en esos 36 años, "para evitar que tales hechos se repitan".
La ley también incluye una figura legal que permita la incorporación de los miembros de la URNG a la legalidad, "sin desatender la necesidad de combatir la impunidad".
Una serie de artículos del Código Penal y de la Ley de Armas fueron detallados en el acuerdo para prever la declaración de la extinción de responsabilidad penal de los guerrilleros a ese respecto.
El acuerdo establece también que la ley contenga disposiciones específicas y equivalentes a las pactadas para los guerrilleros, "para quienes por mandato institucional estuvieron involucrados en el enfrentamiento interno".
Esas disposiciones declaran "la extinción de la responsabilidad penal por los delitos comunes perpetrados con la finalidad de impedir, frustrar, reprimir o sancionar la comisión de delitos políticos y comunes conexos".
Ese apartado, que se supone dirigido a los delitos cometidos por personal del Estado, señala que deberá aplicarse cuando "directa, objetiva, intencional y causalmente tengan relación" con la finalidad de reprimir delitos políticos y comunes conexos.
En todo caso, añade, la extinción de responsabilidad penal no incluye "en ningún caso aquellos delitos imprescriptibles o que no admiten la extinción de la responsabilidad penal, de acuerdo al derecho interno o a los tratados internacionales ratificados o suscritos por Guatemala".
El acuerdo establece otras medidas, para el apoyo económico y social a los reinsertados, la extensión de documentos de identidad y la protección de los ex combatientes.
A ese respecto el gobierno "se compromete a tomar las medidas administrativas y a garantizar las condiciones necesarias para hacer efectivos los derechos ciudadanos de los miembros de la URNG, particularmente el derecho a la vida, a la seguridad y a la integridad física".
Por el gobierno firmaron Gustavo Porras Castejón, Richard Aitkenhead Castillo, Raquel Zelaya Rosales y el general Otto Pérez Molina, y por la URNG, los comandantes Pablo Monsanto y Rolando Morán, Carlos González y Jorge Rosal.
Por la ONU lo hizo el moderador designado por el secretario general, Jean Arnault. (FIN/IPS/td/ag/ip/96
