FRANCIA: Parlamento debate reducción de derechos de inmigrantes

La Asamblea Nacional de Francia reabrió hoy el debate sobre la inmigración, con varias propuestas sobre formas de combatir la inmigración ilegal y acelerar la deportación de inmigrantes ilegales no europeos.

El ministro del Interior, Jean-Louis Debre, dijo al diario Le Parisien que el propósito del debate de tres días es detener por completo la inmigración ilegal a Francia.

"Estoy a favor de la inmigración ilegal cero. El Estado debe contar con los medios para detener a extranjeros que pretenden ingresar a Francia sin recursos, papeles ni empleo", dijo el ministro.

Se estima que hay alrededor de un millón de inmigrantes ilegales en Francia, en un total de cinco millones de extranjeros.

Pero mientras el gobierno presentó un conjunto de nuevas leyes para corregir los problemas causados por la última legislación sobre inmigración, organizaciones de derechos humanos prevén nuevas brechas en los derechos de los inmigrantes legales e ilegales.

Una vez más, la lucha de Francia contra la inmigración ilegal "se paga con el sacrificio de las libertades individuales", dijo en una declaración el Grupo de Información y Solidaridad de Trabajadores Migrantes (GISTI).

Las propuestas del gobierno se hicieron después de varios esfuerzos por deportar a inmmigrantes indocumentados entre marzo y agosto de este año, marcados por huelgas de hambre y escenas dramáticas en una iglesia de París, donde 300 africanos se refugiaron buscando protección para evitar la deportación.

La policía los desalojó por la fuerza, aunque las órdenes de expulsión fueron anuladas alegando imperfecciones técnicas.

Las leyes de 1993 de "inmigración cero" aprobadas por el entonces ministro del Interior Charles Pasqua produjeron el caos, ya que resultó imposible aplicarlas.

Por ejemplo, los inmigrantes ilegales con niños nacidos en Francia no podían ser deportados, pero tampoco podían permanecer en el país.

Organizaciones no gubernamentales (ONG) denunciaron que bajo las leyes de Pasqua, miles de inmigrantes que habían residido legalmente en Francia durante años se encontraron de pronto bajo la categoría de "ilegales", y su estatuto de residentes fue declarado "irregular".

GISTI sostiene que, para regularizar los casos de los llamados "irregulares", el gobierno debe reemplazar las leyes Pasqua. Su preocupación es que la legislación alimente sentimientos xenófobos, especialmente en al área de los empleos.

El gobierno está tomando fuertes medidas contra empleados ilegales que trabajan sin pagar impuestos o mientras reciben seguro de paro.

Estudios oficiales no revelan una relación automática entre el trabajo ilegal y los inmigrantes ilegales, por lo cual GISTI afirma que el gobierno basa su política sólo en una teoría.

Las propuestas del gobierno serán presentadas en discusiones plenarias, en las cuales se espera que los parlamentarios de derecha intenten añadir cláusulas más duras y con condiciones más estrictas, para evitar que los extranjeros reclamen el derecho a la residencia.

El gobierno planifica entregar, a menores de 16 años que puedan probar residencia en Francia desde la edad de seis años, el derecho a un permiso de residencia de un año. Algunos parlamentarios consideran la posibilidad de extender el límite hasta los 10 años.

Otros parlamentarios propondrán una prohibición a la entrega de la residencia a padres que no notifican su paternidad después que el niño nace en Francia, a menos que puedan probar que han mantenido al niño durante un año o más.

Otros pretenden bloquear un plan para ofrecer estatuto legal a migrantes ilegales que vivieron en Francia pacíficamente y sin practicar la poligamia durante 15 años o más.

Inmigrantes legales divorciados no podrán casarse y traer a sus nuevos consortes hasta dos años después y los consortes extranjeros de parejas francesas no tendrán papeles de residencias hasta dos años después del matrimonio, según otras propuestas. (FIN/IPS/tra-en/ao/rj/lp/pr-ip/96