ESPAÑA: Primera gran huelga contra el gobierno de Aznar

Unos dos millones de empleados públicos cumplirán este miércoles una huelga general de 24 horas en toda España, la primera que enfrenta el centroderechista José María Aznar desde que asumió el gobierno, en mayo.

En las horas previas al inicio de la huelga surgió un nuevo desacuerdo que augura la posibilidad de incidentes, cuando el gobierno y los sindicatos discreparon sobre los servicios mínimos que la legislación prevé que los huelguistas deben asumir.

Los sindicatos entienden que de cumplirse lo dispuesto por la Administración la huelga perdería toda su fuerza.

La jornada de protesta se originó en la congelación salarial que el gobierno dispuso para el sector público en los presupuestos para 1997 y que, según los sindicatos, significará una pérdida de 2,6 por ciento de sus salarios.

En los últimos cinco años, los funcionarios estatales acumularían más de 11 por ciento de pérdida de poder adquisitivo, si se concretase la congelación prevista.

Desde las filas de la oposición, el ex ministro socialista de Economía Pedro Solbes opinó que con la convocatoria de huelga general los funcionarios han reaccionado a una situación discriminatoria, "ya que a nadie se le ha pedido un esfuerzo así para 1997, excepto a ellos".

Aznar, por su parte, criticó el apoyo que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) está dando a la convocatoria de huelga, "ya que los últimos recortes que sufrieron los sueldos de los funcionarios públicos fueron decretados por el gobierno de Felipe González (1983-96)".

El presidente de la "Generalitat" (gobierno) de Cataluña, Jordi Pujol, dijo que la huelga convocada por el sector público es "legítima" y no debe ser "criminalizada".

No obstante esta crítica a un gobierno que apoya en el Parlamento, Pujol advirtió que se debe mantener sin modificaciones el presupuesto del Estado para 1997.

Con las medidas de restricción, el gobierno pretende ahorrar unos 200.000 millones de pesetas (cerca de 1.500 millones de dólares).

De los más de dos millones de funcionarios públicos, 1.479.000 trabajan en la Administración Central y del Estado, 122.000 en las fuerzas y cuerpos de seguridad, 81.000 en las Fuerzas Armadas, 33.000 en la Justicia y 63.000 se reparten en diferentes organismos. Otros 226.000 son docentes no universitarios.

Desde que en España se inició la democratización, tras la muerte del dictador Francisco Franco en noviembre de 1975, se produjo un fuerte proceso de descentralización, que llevó a constituir un "Estado de las Autonomías", con 17 regiones autónomas.

Sin embargo, el desarrollo de la función pública en las autonomías no se ha visto acompañado de una reducción proporcional de la plantilla en la Administración Central.

Como consecuencia de esa situación, el total de funcionarios aumentó en España en casi 650.000 personas en la última década, un número equivalente a la población de las ciudades de Sevilla o Zaragoza, destaca el diario El Mundo.

De forma simultánea, se ha ido produciendo el deterioro de las condiciones de trabajo, coinciden en señalar las dos centrales sindicales mayoritarias, Unión General de Trabajadores (UGT, prosocialista) y Comisiones Obreras (procomunista).

"La posición del gobierno respecto de los empleados públicos es incomprensible", afirmó el secretario general de la UGT, Cándido Méndez.

Además del abandono de sus puestos de trabajo, los funcionarios públicos han programado manifestaciones masivas en las capitales. En Madrid, cuatro columnas partirán desde todos los puntos cardinales para reunirse en la céntrica Puerta del Sol, el kilómetro cero de España.

Mientras tanto, el ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, dijo este martes que no cree que la huelga general de los funcionarios públicos logre un gran seguimiento.

Rajoy advirtió que sea cual fuere el resultado de la movilización el gobierno no rectificará la decisión de congelar los sueldos de los funcionarios, "ya que 1997 es un año difícil y decisivo para España".

Entre otros, irán a la huelga los controladores aéreos aglutinados en la Coordinadora Sindical Estatal, los trabajadores de sanidad (hospitales-consultas), enseñanza pública, museos y bibliotecas, Radio y Televisión Españolas, Banco de España, Casa de la Moneda, Tribunal de Cuentas, Correos y prisiones.

Pero los funcionarios públicos no son los únicos que se manifestarán el miércoles en Madrid. También lo harán los estudiantes, que han iniciado este mes un calendario de movilizaciones en defensa de la calidad de la enseñanza estatal y gratuita.

Otros empleados públicos también "tomarán" las calles, aunque con un objetivo claramente delineado desde el Ministerio del Interior.

Sólo en Madrid, cerca de medio millar de policías antidisturbios estarán ubicados estrategicamente para vigilar la actuación de los más de 10.000 trabajadores que integrarán los piquetes sindicales.

En relación con esa medida, varios sindicatos policiales hicieron público su apoyo moral a la huelga, pero anunciaron que no pueden dejar de trabajar, por impedírselo las leyes.

No obstante, añadieron que concurrirán a las manifestaciones convocadas por las centrales sindicales para darles su apoyo.

Frente a la posibilidad de que no haya acuerdo para la cobertura de los servicios mínimos en transportes, hospitales, prisiones y correos, la Organización de Consumidores y Usuarios solicitó a las partes en conflicto que no utilicen a los ciudadanos "como rehenes". (FIN/IPS/af/dg/lb-ip/96