El gobierno de España admitió hoy la veracidad de documentos secretos publicados por la prensa y que implican a organismos del Estado en la guerra sucia contra los separatistas vascos, entre 1983 y 1987.
Los documentos, que señalan a organismos de la seguridad del Estado como autores de los planes, selección de objetivos y orden de ejecución de los atentados, fueron publicados por los diarios El Mundo y El País de Madrid.
Entre 1983 y 1987, bajo el gobierno del socialista Felipe González, se perpetraron más de 40 atentados, casi todos en el País Vasco francés, que ocasionaron la muerte de 27 personas, algunas de ellas militantes o simpatizantes de la organización separatista vasca ETA.
El gobierno de González negó relación oficial con esos actos, reivindicados por los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), y clasificó como secretos a una veintena de documentos del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID, máximo organismo de inteligencia) referidos a la guerra sucia.
Ante la evidencia de la existencia de esos documentos varios jueces pidieron a González su desclasificación y la entrega a la justicia, a lo que no accedió. Posteriormente insistieron con el actual jefe del gobierno, José María Aznar, con idéntico resultado.
Aznar respetó la decisión de González con el argumento de que la desclasificación restaría credibilidad al CESID ante sus homólogos extranjeros, afectando con ello las labores de seguridad del Estado.
Este martes desde Bruselas, el ministro de Defensa, Eduardo Serra, admitió en declaraciones a Radio Nacional de España que los documentos publicados por El Mundo el lunes y las fichas depositadas en el CESID tienen "coincidencias substanciales".
No obstante, añadió que al haber estado esas fichas dos meses fuera del CESID "no hay manera de compulsarlas, de adversar (certificar) su contenido".
El director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, opinó que las declaraciones de Serra constituyen una desclasificación de hecho de los documentos, lo que haría innecesaria una decisión expresa del gobierno en ese sentido.
En cuanto a la compulsa, añadió, corresponde a los jueces citar a los imputados y testigos del caso, para tomarles declaración y comprobar el valor de prueba de esos documentos.
Pero los socialistas no piensan lo mismo. Joaquín Almunia, portavoz parlamentario y ex ministro del gobierno de González, afirmó este martes que la publicación de los documentos en la prensa no es un argumento para que el gobierno los desclasifique.
Para los socialistas, la publicación de esos documentos es una maniobra urdida por el ex banquero Mario Conde, quien los habría comprado a un ex agente del CESID y entregado a la prensa.
Los documentos, afirma este martes El Mundo, avalan la tesis de que el entonces jefe del CESID, general Emilio Alonso Manglano, consultó con González el inicio de la guerra sucia, algo que los dos rechazan.
Otros dos documentos, también publicados este martes, indican que los agentes Rivera y Martín, un guardia civil y un topógrafo del Ejército que trabajaban en los servicios secretos, diseñaron y fabricaron el sello de los GAL, firma estampada en los comunicados de la guerra sucia.
En la actualidad se tramitan sumarios por cuatro atentados de los GAL.
Se encuentran procesados y en libertad provisional un ex ministro, dos ex secretarios de Estado, un ex director general de seguridad del Estado, un ex jefe de la lucha antiterrorista, dos comisarios, el ex secretario general de los socialistas de la provincia vasca de Vizcaya y varios militares de alta graduación.
La acusación personal reclamó este martes al juez Eduardo Moner, quien lleva el caso en el que está procesado el ex ministro del Interior y actual diputado José Barrionuevo, que pida al CESID copia de los documentos publicados en la prensa para incorporarlos como prueba al sumario.
Por otro lado, fuentes judiciales informaron que a mediados de enero se reunirá la sala tercera de lo penal del Tribunal Supremo de Justicia, para resolver si los documentos del CESID deben ser considerados como prueba en los sumarios en curso.
Por último, en una enigmática declaración, Barrionuevo dijo este martes que la publicación en la prensa no es motivo para desclasificar y dejar de considerar secretos a los referidos documentos, pero añadió que si se desclasificaran, habría que desclasificarlos a todos. (FIN/IPS/af/ag/ip/96
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