El presidente Alberto Fujimori desvirtuó en Perú la lucha antisubversiva y la utiliza hoy para encubrir violaciones de derechos humanos y delitos oficiales de corrupción y narcotráfico, afirmó en Santiago el general retirado Rodolfo Robles.
Conocido como el "general rebelde", Robles participó en un "seminario internacional sobre impunidad y sus efectos en los procesos democráticos", realizado entre el viernes y este domingo en la capital de Chile.
Su exposición fue una de las que despertó mayor interés en un auditorio conformado por representantes de organizaciones humanitarias de América, Europa, Asia y Africa, muchos de ellos habituados a observar a los militares en la trinchera opuesta.
Robles, quien llegó a ser la tercera jerarquía del Ejército del Perú, fue removido en 1993, luego de que denunciara internamente el asesinato de nueve estudiantes y un profesor universitario por un grupo del Servicio de Inteligencia de esa arma (SIE).
Se asiló en Argentina hasta que en junio de 1995 regresó a su país tras la expedición de una ley de amnistía, pero el 26 de noviembre último fue detenido por agentes del SIE, siendo liberado el día 8 tras una intensa campaña local e internacional de denuncia y solidaridad.
En declaraciones a medios de prensa chilenos, Robles sostuvo que Perú es controlado por una "troika" compuesta por Fujimori, su asesor el capitán en retiro Vladimiro Montesinos, y el comandante del Ejército, general Nicolás Hermoza.
Esta "troika", dijo, busca "perpetuarse en el poder por 20 a 25 años", para lo cual el primer paso es una segunda reelección de Fujimori, posibilidad que el Foro Democrático, al cual pertenece el general rebelde, busca impedir mediante un referendo.
La presentación de Robles ante el seminario sobre impunidad tuvo ribetes polémicos, en tanto justificó los procedimientos que el alto mando militar peruano adoptó desde 1986 para enfrentar la "guerra subversiva" del grupo maoísta Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru.
Las guerrillas introdujeron "procedimientos inéditos" de lucha armada, como los juicios populares en las áreas que ocupaban y "un eficiente aparato legal para la defensa de sus militantes detenidos con organismos fachada de abogados democráticos", señaló.
Los senderistas, agregó Robles, pusieron en práctica métodos violentos de influencia sobre tribunales y jueces, mientras "la prensa sensacionalista exaltaba los excesos de la fuerza represiva del Estado y las violaciones de derechos humanos".
Aumentaron las demanas de juzgamiento de los abusos represivos, las presiones para la liberación de detenidos, y muchos oficiales fueron denunciados y vieron arruinada su carrera, aparte de sufrir venganzas, afirmó el general.
Esto hizo cundir el desaliento entre los militares y policías asignados a la lucha contra las guerrillas. "Si no actuamos nos matan, si actuamos salimos presos", fue la impresión generalizada entre los uniformados, de acuerdo a Robles.
En 1986 las autoridades militares emitieron una directiva que dispuso investigaciones inmediatas de hechos de armas con muertos o heridos a cargo del sistema de inspectorías del Ejército para su inmediata denuncia a la Justicia Militar.
Ello posibilitó ganar la competencia sobre los procesos a los tribunales civiles y que la Justicia Militar realizara juzgamientos sumarios, sobreseyendo a los uniformados y declarando los casos como "cosa juzgada".
Eso se hizo, afirmó Robles, "atendiendo prioritariamente razones de necesidad de ganar la guerra y proteger la moral de los combatientes (soldados)", quienes mediante este procedimiento quedaban libres de responsabilidades.
El general retirado subrayó que este procedimiento incluía requisitos como la identificación de los cadáveres, su entierro en lugares conocidos, la intervención de autoridades como fiscales y jueces y el cumplimiento de otras normas legales.
Pero este mecanismo "comprensiblemente útil", posteriormente "fue desvirtuado en su finalidad y se hizo práctica común utilizarlo en el encubrimiento de excesos y violaciones de los derechos humanos", puntualizó el militar peruano.
Desde fines de 1991 y particularmente después del autogolpe de Fujimori, del 5 de abril de 1992, se extendió la legislación antiterrorista ad-hoc, con jueces anónimos (encapuchados) para casos delitos calificados de subversivos o de traición a la patria.
Robles apuntó como uno de los aspectos más negativos, el hecho de que los fallos de estos jueces militares encapuchados no tienen posibilidades de casación (revisión) ante la Corte Suprema, lo cual da a la justicia castrense un poder creciente.
El general rebelde sostuvo que este poder de la justicia militar devino en una herramienta política del gobierno "para encubrir sus violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, el narcotráfico, la corrupción, venganzas personales, abusos y prepotencia". (FIN/IPS/ggr/hd/96
