La guerrilla y el gobierno de Guatemala firmaron este miércoles en el Ayuntamiento de esta capital un acuerdo declarando un cese del fuego definitivo a 36 años de guerra civil.
Entre 140.000 y 200.000 personas murieron durante la guerra, en su mayoría civiles inocentes.
El acuerdo tiene sus raíces en una reunión celebrada también en Oslo en 1990, y se firmó en el mismo edificio en que la dirigente indígena Rigoberta Menchú recibió el Premio Nobel de la Paz, hace cuatro años.
Menchú figuró entre los testigos de la firma este miércoles, una entre 50 invitados de distintos grupos guatemaltecos a la ceremonia, inaugurada por el canciller de Noruega, Bjoern Tore Godal.
También presentes estuvieron el vicecanciller noruego, Jan Egeland, quien jugó un papel destacado en las negociaciones, el sindicalista guatemalteco Byron Morales, la viuda de guerra Rosalina Tuyuc, y Trinidad Culajay, la mujer que incidentalmente ahogó a su propio bebé mientras ayudaba a amigos a esconderse de patrullas armadas.
Godal destacó la participación de otro testigo, Rodolfo Quezada Toruno, por su parte en la construcción de las negociaciones de paz.
El cese al fuego es el primero de tres acuerdos iniciales a ser firmados en Europa en los próximos seis días, y conducentes a la firma en Guatemala, el 29 de diciembre, de un acuerdo final de paz.
El próximo de los llamados "acuerdos operativos" se firmará en Estocolmo el 7 de diciembre, y prevé la reforma constitucional y una participación electoral más amplia.
El nuevo presidente de Guatemala, Alvaro Arzú, ordenó en marzo el fin de las operaciones del ejército contra la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).
Un tercer acuerdo operativo deberá ser firmado el 12 de diciembre en Madrid, cubriendo la reintegración de la URNG a la vida civil.
Por último, el 29 de diciembre, una acuerdo final de paz, relacionado a un cronograma vinculante para su ejecución, se firmará en Guatemala.
El mediador de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Guatemala, Jean Arnault, en sus comentarios a la firma del acuerdo este miércoles, citó la necesidad de fortalecer las instituciones civiles y de "renovar el contrato social", y subrayó la necesidad de un continuo respaldo internacional.
"Las próximas semanas serán muy importantes. Ahora comenzará la desmovilización y más refugiados volverán a sus casas", destacó.
El comandante de la URNG, Rolando Morán, afirmó que las negociaciones no fueron sencillas, pues hubo muchas limitaciones prácticas, personales e ideológicas. "Ahora debemos construir una sociedad con justicia social y democracia", sostuvo.
La determinación con que Arzú enfrentó a las fuerzas armadas, que mantenían parte del poder político que se habían atribuido en forma absoluta en el golpe de Estado contra un gobierno izquierdista en 1954, fue un elemento clave para el acuerdo.
Poco después de asumir el poder, Arzú destituyó a 11 de los 23 generales del ejército y varios oficiales de menor graduación vinculados con los escuadrones de la muerte, medida a la que siguió una enérgica campaña contra las operaciones criminales realizadas por militares, policías y guardias de frontera.
El ejército también sufrió un corte de un tercio de sus integrantes.
Arzú encargó a una nueva fuerza de policía civil las funciones de seguridad nacional y dispuso que los juicios contra militares acusados de delitos comunes fueran retirados de la órbita castrense y pasaran a la justicia civil.
Estas medidas fueron paralelas al trabajo de la misión de Naciones Unidas (MINUGUA) en cuanto a la supervisión en materia de vigencia de los derechos humanos, que canalizó las denuncias y produjo procesos eficaces y seguros.
A pesar de que Arzú manifestó su oposición a una amnistía general en beneficio de quienes cometieron crímenes durante el conflicto, fundamentalmente integrantes del ejército, lo más probable es que ni siquiera enfrenten la justicia quienes violaron en forma más flagrante los derechos humanos.
Una Comisión de Esclarecimiento Histórico o de la Verdad registrará los delitos, pero no tendrá poder para efectuar acusaciones o incluso convocar a los imputados.
"Necesitamos saber quiénes son los responsables. Muchos de los sospechosos no son viejos y continúan ocupando importantes cargos en el ejército o el gobierno", dijo Ricardo Parvex, de la organización de defensa de los derechos humanos CIMADE, con sede en París.
Pero el esclarecimiento de la verdad, aun si los culpables no reciben castigo, constituiría de todos modos una lección para las futuras generaciones, declaró Parvex a IPS.
"Permitirá, por lo menos, saber quién es quién. La historia se conocerá, lo que será necesario si alguno de los culpables compite en elecciones por un cargo público", agregó.
Equipos independientes de médicos efectuaron nuevas exhumaciones en zonas donde hubo ajusticiamientos extrajudiciales masivos durante las acciones de contrainsurgencia del ejército a fines de la década del 70 y comienzos de la del 80.
En julio, un equipo de médicos forenses procedente de Argentina descubrió los restos de al menos 171 personas en la localidad de Las Dos Erres, donde supuestamente 350 personas, entre ellas mujeres y niños, fueron asesinadas en 1982.
Setenta y siete de los cuerpos eran de niños menores de 12 años.
El grupo Amnistía Internacional también afirmó que algunos altos funcionarios continúan trabando la exhumación de los cuerpos enterrados en más de 100 tumbas.
El Frente Republicano de Guatemala (FRG), que conduce el ex dictador Efraín Ríos Montt, y el gobernante Partido de Avanzada Nacional (PAN) están a favor de una amnistía general que alcance a todos los involucrados en el conflicto de 36 años de duración.
Un diputado del PAN, Guillermo de la Cruz, declaró esta semana a IPS que una amnistía sería la única manera de lograr la reconciliación. "Debemos ser inteligentes y resolver los problemas que tenemos delante. Es imposible excluir al Ejército, una institución que está del lado de la ley".
El izquierdista Frente Democrático de la Nueva Guatemala (FDNG), por el contrario, sostiene que una amnistía general daría un aval a "los horrendos crímenes cometidos durante el conflicto armado.
La dirigente del FDNG, Nineth Montenegro, presente en Oslo, dijo que "no podemos apoyar la impunidad a través de una amnistía general porque de hacerlo estaríamos en contradicción con nuestros principios éticos y políticos".
De acuerdo con el informe anual de Amnistía Internacional en 1996, la mayoría de las víctimas fueron campesinos y grupos indígenas retornados al país, miembros del clero, niños de la calle y sindicalistas.
La organización defensora de los derechos humanos ha seguido recibiendo denuncias de torturas y malos tratos a civiles por parte de las fuerzas de seguridad.
Menchú declaró en Oslo, antes de la firma del acuerdo, que está "en contra de una amnistía general", añadiendo que "la paz sin justicia es solamente una paz simbólica".
"En esta paz estamos todos involucrados, de una manera o de otra. Algunos como víctimas, otros como parte del conflicto. Creo que lo más importante es reconstruir Guatemala y curar las heridas de todos nosotros", concluyó Menchú.
El pueblo indígena de los mayas representa más de 60 por ciento de la población guatemalteca, de 10,5 millones de personas. En general la historia del país ha excluido a esta etnia del poder político y del progreso económico.
Algunos avances se han logrado para restaurar el equilibrio, como los acuerdos en los que se admite el uso de los 21 dialectos mayas en los procedimientos judiciales.
Un acuerdo reciente sobre reconocimiento de la identidad y los derechos de los pueblos indígenas será ratificado en el próximo pacto de paz a ser firmado en Estocolmo el 7 de este mes. (FIN/IPS/tra-en/pae/ao/rj/lp-mj-arl/ip-hd/96
