Ser o no ser, el eterno dilema de Hamlet, parece rodear el destino de la ley estadounidense Helms- Burton que, a casi un año de su aprobación, sigue enfrentando un futuro incierto.
Los primeros meses de 1997 serán definitivos para la legislación anticubana y para el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, que tendrá que decidir entre dar curso libre a la aplicación del capítulo tres de la norma o reiterar su aplazamiento.
Definitivos serán también para el gobierno de Fidel Castro que, más allá de amenazas a su soberanía, teme que al final la cautela se imponga y disminuya el ritmo de entrada de capitales extranjeros a la isla.
Castro apostó a la apertura externa como vía para atraer la moneda dura, deficitaria en las arcas del Estado cubano y tan necesaria para poder emerger de la crisis económica que vive el país caribeño hace ya seis años.
Un informe oficial presentado el martes 24 aseguró que la economía cubana creció 7,8 por ciento en 1996, pero subrayó la situación financiera externa de la isla como el freno principal al mantenimiento de la recuperación económica.
Por su parte, Clinton tiene el derecho a elegir si otorga un nuevo plazo o si, de acuerdo al capítulo tres, da curso legal en tribunales estadounidenses a las reclamaciones de ciudadanos de su país por la confiscación de sus propiedades en Cuba en la década del 60.
La ley Helms-Burton, firmada por el presidente de Estados Unidos el 12 de marzo, pretende sancionar a gobiernos, empresas o personas de terceros países que comercien con Cuba o "trafiquen" con antiguas propiedades estadounidenses en la isla.
Según la ley, el Congreso en Washington se asegurará de que no entre a Estados Unidos ninguna materia prima cubana o bienes producidos total o parcialmente en Cuba por empresas nacionales o extranjeras o elaborado en un tercer país a partir de productos cubanos.
El gobierno de Estados Unidos suspenderá sus contribuciones a organismos internacionales que ayuden a la isla y tomará represalias contra Rusia si contribuye a la conclusión de una central nuclear en Cuba, de acuerdo con la ley.
Al mismo tiempo, Washington propiciará la elección de un nuevo gobierno en Cuba que deberá rendir cuentas cada año a la presidencia de Estados Unidos.
La ley establece la negación de visa de entrada a Estados Unidos a cualquier persona que mantenga relaciones económicas con el gobierno de Castro, lo cual se hará extensivo a sus familiares.
Catalogado por los expertos como el acápite "más novedoso" en tres décadas de bloqueo, el capítulo tres otorga el derecho a los ciudadanos estadounidenses, incluídos los exiliados cubanos nacionalizados en el país norteamericano, a reclamar ante los tribunales sus antiguas propiedades en la isla.
La posibilidad de un nuevo aplazamiento del título tres aparece como un probable gesto de Clinton en respuesta a la decisión de la Unión Europea (UE) de asumir una posición común para propiciar una transición hacia la democracia y el pluripartidismo en Cuba.
El plazo sería también un reconocimiento a la alianza sellada entre Castro y el papa Juan Pablo II, la cual implica, para los observadores más optimistas, la voluntad del mandatario cubano de dar curso a reformas políticas en el único país socialista del hemisferio occidental.
"Una cosa es abrir espacios para la Iglesia Católica en Cuba y otra, bien diferente, es convocar a elecciones libres y legalizar los grupos de oposición", dijo a IPS un profesor universitario de La Habana que reclamó reserva sobre su identidad.
Por otro lado, investigadores del Centro de Estudios de Estados Unidos de la Universidad de La Habana revisan la ley Helms-Burton y no encuentran argumentos para justificar un segundo aplazamiento del capítulo tres.
Según la legislación, el presidente de Estados Unidos podrá suspender el inicio de las reclamaciones si informa a los comités correspondientes del Congreso que ese acto es necesario "para los intereses nacionales de los Estados Unidos" y acelerará" la transición a la democracia en Cuba".
"Lo último que se pierde es la esperanza", repiten a menudo los cubanos, pero tanto los funcionarios del Estado como los expertos en política se muestran bastante escápticos cuando de Estados Unidos se trata.
En un sólo día, el 24 de febrero de 1996, el gobierno de Cuba cambió de "golpe y porrazo" el curso de la historia al ordenar el derribo de dos avionetas civiles piloteadas por exiliados cubanos residentes en la ciudad estadounidense de Miami.
La "crisis de las avionetas" puso punto final a un incipiente proceso de distensión entre La Habana y Washington que hizo pensar a más de un observador en que el fin del bloqueo, decretado en 1962 contra la isla, era inminente.
En lugar de eliminar el bloqueo, el presidente Clinton aceleró la firma de la "Ley para la libertad y la solidaridad democrática cubanas", más conocida por el nombre de sus promotores, los congresistas Jesse Helms y Dan Burton.
Fuentes especializadas aseguran que "el gran ganador" de la "crisis de las avionetas" fue la ultraderecha cubana de Miami, que logró recuperar un espacio perdido en la Casa Blanca a raíz de los acuerdos migratorios entre La Habana y Washington sellados en mayo de 1995.
Los acuerdos, logrados al más alto nivel y sin tener en cuenta la opinión de influyentes sectores del exilio cubano en Estados Unidos, provocó un llamado a la desobediencia civil por parte de varias organizaciones del exilio.
La desobediencia tuvo su expresión en la organización de flotillas de barcos y avionetas que en más de una ocasión violaron el espacio áereo y marítimo cubano.
Esos movimientos condujeron al incidente del 24 de febrero y a la firma de la ley Helms-Burton, que hasta entonces tenía a Clinton como su principal oponente.
Las autoridades de Cuba parecen confiar, más que en la decisión de Clinton, en que la comunidad internacional no tolere la aplicación de una ley que, por sus implicaciones extraterritoriales, constituiría un "mal precedente" para las relaciones internacionales futuras.
Expertos locales aseguran que la ley contradice los cuatro principios básicos del derecho público internacional: la autodeterminación, la soberanía, la no injerencia y la inadmisibilidad del uso de la fuerza y la coherción económica.
De aplicarse con todo su rigor la legislación estadounidense, Cuba se convertiría "en un 'caso test' de lo que podría ser una propuesta de cambio de todo el sistema de relaciones internacionales", advirtió la experta cubana en ciencias políticas Soraya Castro.
Cuba logró la condena a la ley Helms-Burton en la Cumbre Iberoamericana de Santiago de Chile, tiene el apoyo del Vaticano y cuenta con la propuesta de la UE para abrir un panel en la Organización Mundial de Comercio (OMC) que se oponga a la aplicación extraterritorial de la ley.
Además, cuenta con el desinterés expreso de buena parte del empresariado estadounidense que ve en las vías establecidas por la Helms-Burton una forma de alejar cada vez más las compensaciones que Cuba debió empezar a pagar hace varias décadas.
La Comisión de Reclamaciones Extranjeras presentó en 1972 al Congreso de Estados Unidos una lista de 5.911 demandas por 1.799,6 millones de dólares y un interés anual de seis por ciento.
Alejandro Aguilar, especialista del Instituto Nacional de Investigaciones Económicas en La Habana, aseguró que si Estados Unidos hubiera aceptado el pago con azúcar propuesto por Cuba "los bienes expropiados ya hubieran sido compensados totalmente o en su mayor parte".
El gobierno de Castro asestó un nuevo golpe a la ley Helms- Burton el día 24 con la aprobación de la "Ley de reafirmación de la dignidad y soberanía cubana", que intentará frenar desde Cuba toda posible aplicación de la norma estadounidense.
La ley declara ilegal cualquier suministro de información a Estados Unidos que facilite la aplicación de la Helms-Burton y reafirma la voluntad de Cuba de llegar a un acuerdo bilateral sobre el pago de la deuda a los ex propietarios.
Al mismo tiempo, excluye de toda posible compensación a quienes acudan a los tribunales estadounidenses.
Robert L. Muse, abogado del bufete Mansfield and Muse de Estados Unidos, reconoció en La Habana que cualquier reclamación legal chocará con el obstáculo de que "la información primaria sobre la titularidad de bienes raíces está archivada de una forma utilizable sólo en Cuba". (FIN/IPS/da/mj/ip/96
