COSTA RICA: Reacciones encontradas ante plan para reducir deuda

El presidente de Costa Rica, José María Figueres, recibió respaldo empresarial para un plan de reducción de la deuda interna del país, que incluye la venta de activos del Estado, pero no el de los trabajadores.

La venta de dos bancos, la empresa de telecomunicaciones, 40 por ciento de las acciones de la compañía aseguradora estatal y parte de la zona marítimo terrestre fue el principal elemento de la propuesta hecha por el mandatario en la noche de este lunes.

Con esto se intenta frenar el crecimiento de una deuda interna que alcanza casi los 3.000 millones de dólares y cuyo servicio consume 35 por ciento del presupuesto nacional.

Costa Rica es uno de los pocos países de América Latina que no ha ejecutado aún un amplio programa de privatización, básicamente porque no ha habido consenso entre los diferentes sectores.

Pero ahora el gobernante partido Liberación Nacional y el opositor Unidad Social Cristiana, que controlan el parlamento, están en principio de acuerdo en la venta de los bienes del Estado.

Las cuatro empresas que se pondrán a la venta se cuentan entre las más productivas del Estado. La zona marítimo terrestre que se venderá es la que está después de los 50 metros de playa, que seguirán siendo inalienables y de propiedad pública.

Los 150 metros que se venderán están siendo usufructuados ya por gran cantidad de hoteles internacionales y casas lujosas porque el Estado los entrega en concesión, usualmente por 99 años, por sumas muy bajas.

El objetivo consiste en que quienes ya están ubicados en esas tierras paguen por ellas, con lo cual los gobiernos locales tendrían también un ingreso extra, ya que entonces los propietarios tendrían que pagar impuesto territorial.

Según estimaciones del ministro de Planificación, Leonardo Garnier, la venta de esa zona produciría como mínimo 800 millones de dólares.

Todas estas medidas tendrán que ser aprobadas por el parlamento, pero Figueres anunció también medidas que puede aprobar el gobierno, como un aumento de los impuestos al consumo de combustibles, que afectará a toda la población.

A la vez, anunció que los aranceles a la importación de bienes de consumo se mantendrá en 20 por ciento y no pasará a 18 por ciento, como estaba previsto, y un corte de gastos superfluos en el gobierno central.

El mandatario anunció que se hará una revisión de las empresas que reciben incentivos para la exportación con el fin de determinar los casos en que estos se hacen innecesarios.

El plan presentado por Figueres fue muy bien recibido por el sector empresarial.

Samuel Yankelewitz, presidente de la Unión de Cámaras, dijo que "el presidente tuvo la valentía de entrarle al fondo del problema de la deuda interna con una propuesta integral y muy razonada", y ahora lo que falta es cuantificar para ver en cuanto se va a disminuir la deuda.

En cambio, representantes de los trabajadores rechazaron la propuesta.

Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos, aseguró que el gobierno pretende "entregarle a los grandes capitalistas nacionales y sus eventuales socios internacionales las actividades más rentables".

De la misma forma reaccionó el sindicato de trabajadores del Instituto Nacional de Seguros, cuyo secretario general, Rafael Mora, dijo que el presidente "le dio una puñalada al pueblo costarricense pues se ha tocado un importante patrimonio" de esa empresa sin tomar en cuenta el criterio de sus empleados.

Las críticas también provinieron del ex presidente Rodrigo Carazo (1978-1982), para quien Figueres "quiso quedar bien con todo el mundo y no quedó bien con nadie".

Carazo ha sido uno de los principales opositores a la venta de activos del Estado, porque considera que hacerlo en este momento de dominio del dinero y de los mercados financieros por parte del narcotráfico es "someter a un país a un gran riesgo". (FIN/IPS/mso/ag/if/96