La discriminación racial y la reforma del sistema de gobierno serán los temas que dominarán la vida social y política de los australianos el próximo año.
El debate racial iniciado por declaraciones despectivas de una nueva parlamentaria continuará en 1997, haciendo sombra sobre el panorama político y económico de Australia, según analistas.
También prevén una intensificación de la lucha entre republicanos y monárquicos, mientras el gobierno impulsa una Convención Popular para estudiar la propuesta de un Estado republicano.
Un polémico discurso inicial pronunciado en septiembre por la parlamentaria independiente Pauline Hanson, que demandó la detención de la inmigración asiática, volvió a encender el "debate racial", latente desde que asiáticos de alto nivel cultural comenzaron a llegar masivamente a Australia, a comienzos de los 80.
Existen señales de que la discusión continuará acaparando titulares en 1997, para consternación de la comunidad empresarial, que desea deslindarse de la polémica.
El debate expuso a un sector de la población claramente opuesto al crecimiento de la inmigración asiática, que constituye dos por ciento de los 18 millones de habitantes de la isla-continente.
Algunas encuestas revelaron un gran aumento del respaldo a la opinión de Hanson entre los australianos blancos de clase trabajadora y media-baja.
Por otra parte, se prevé que la influyente comunidad empresarial mantendrá su presión sobre el gobierno para garantizar a los asiático-australianos y asiáticos en general que el Estado mantiene su política de multiculturalismo e inmigración abierta.
Bajo la creciente presión de los empresarios, el gobierno adoptó a fines de octubre una histórica moción bipartidaria en el parlamento contra el racismo y la intolerancia, que reafirma el derecho de todos los australianos a ser tratados de igual forma, "independientemente de raza, color, credo u origen".
La declaración se produjo poco después de que las autoridades informaran sobre cancelaciones de excursiones procedentes de Singapur y otros países asiáticos debido a "consideraciones políticas".
El turismo es la mayor fuente de divisas de Australia, y genera unos 11.600 millones de dólares estadounidenses por año. Más de 60 por ciento de los turistas que llegan al país proceden de Asia y suman anualmente cerca de dos millones.
Las consecuencias del debate racial también afectarán los recursos (unos 1.400 millones de dólares) que Australia obtiene de los extranjeros que llegan al país para cursar sus estudios superiores.
"La industria turística es nuestro medio de vida y nuestro futuro, por lo tanto debemos detener el racismo ya mismo, porque se trata de un lujo que Australia no puede darse", exhortó Bruce Baird, director ejecutivo de la Junta de Turismo.
El otro tema que resurgirá en 1997 será sin duda la propuesta de reforma del sistema de gobierno.
Aunque su principal promotor, el ex primer ministro Paul Keating, mantuvo un bajo perfil desde la derrota de su Partido Laborista en las elecciones de marzo, el Movimiento Republicano Australiano se reagrupó e inició una serie de encuentros públicos para reubicar el tema entre las prioridades de la agenda política nacional.
Una encuesta de opinión pública realizada por AGB-McNair para el diario Sidney Morning Herald indicó que en todos los estados existe apoyo mayoritario al sistema republicano. A nivel nacional, el respaldo es de 55 por ciento, lo cual garantizaría la victoria de los republicanos en caso de un referendo.
Durante la campaña electoral, el primer ministro John Howard prometió celebrar una Convención Popular en 1997 para analizar la propuesta republicana, en la que la mitad de los miembros serían elegidos mediante una votación nacional.
Pero este mes el gabinete modificó la propuesta y comenzó a promover la celebración de la convención en el segundo semestre del año, pero con todos los miembros electos por el gobierno.
El ex ministro de Asuntos Etnicos y de Inmigración, el laborista Nick Bolkus, sugirió que la oposición boicotearía la convención y afirmó que el primer ministro intenta manipular el proceso, citando las últimas encuestas, que indican un apoyo mayoritario al sistema republicano.
"Sólo el pueblo australiano puede decidir si desea o no una república, y para saberlo Howard debería convocar un plebiscito", declaró.
Por otra parte, el grupo antirepublicano Australianos por una Monarquía Constitucional argumentó que la encuesta no incluyó una pregunta sobre el modelo alternativo que el pueblo desea y por lo tanto no indica una voluntad popular de reforma constitucional.
Se prevé, por lo tanto, que el debate sobre la reforma del régimen político y el modo de iniciar las discusiones se prolongará bastante tiempo, mientras Howard hará todo lo posible para retardar el proceso.
Entretanto, los republicanos esperan ansiosos que un "jefe de Estado australiano" inaugure los Juegos Olímpicos de Sidney en el 2000.
En definitiva, 1997 será para Australia un año de debate político sobre su identidad en la región, el tipo de sociedad que desea y las instiuciones políticas necesarias para manejar la nueva realidad de un orden mundial en rápido cambio. (FIN/IPS/tra-en/ks/ral/ml/ip-pr/96
