La central sindical de Argentina se sumió hoy en una carrera contra el reloj para unir filas tras la repentina convocatoria a una huelga general para este jueves en protesta contra el proyecto oficial de flexibilización laboral.
La Confederación General del Trabajo (CGT) decidió la huelga este viernes tras el fracaso de las negociaciones con el gobierno en torno a la reforma laboral que procura abaratar los costos de las empresas como vía para la creación de nuevos empleos.
Tras dos meses de diálogo luego de las huelgas realiadas en agosto y septiembre, el presidente Carlos Menem emitió tres decretos que marcan el camino de la flexibilización laboral.
La respuesta fue una súbita convocatoria a una huelga general, con apenas cinco días de anticipación.
"Este es un paro desesperado, decidido de repente cuando era evidente el fracaso de las negociaciones con el gobierno", admitió el secretario general del sindicato de camioneros, Hugo Moyano, conocido por sus críticas a la conducción de la CGT, quien, sin embargo, se plegó a la medida.
Pero varios sindicatos (gastronómicos, algunos estatales, petroleros y plásticos) rechazaron la realización de un paro, pues prefieren dilatar las negociaciones hasta 1997, cuando prevén que el gobierno estará en desventaja para decidir medidas antipopulares por la inminencia de las elecciones legislativas.
En este marco, los dirigentes de la CGT se reunieron este lunes con el fin de unificar posiciones y evitar que la huelga sea un fracaso.
Menem ya vaticinó que la medida no tendrá adhesión masiva, al tiempo que la calificó de "paro turístico", porque se desarrollará el día posterior al feriado de Navidad.
Los propios organizadores admiten que se trata de un "paro con sidra", como lo definió un sindicalista que reclamó reserva sobre su identidad.
La CGT apuesta a la adhesión de los gremios del transporte público de pasajeros, que contribuiría en gran medida al éxito de la medida.
El desempleo en Argentina alcanzó en octubre 17,4 por ciento, mientras la subocupación supera 13 por ciento. De acuerdo con estos datos oficiales, más de 30 por ciento de las personas en condiciones de trabajar tienen hoy problemas de empleo.
El gobierno cree que la flexibilización de los horarios, las vacaciones y de las modalidades de pago de salarios, así como la reducción del monto máximo de las indemnizaciones por despido, podrían contribuír a la generación de empleos pues bajarán los costos laborales en el país.
Los empresarios apoyan con fuerza este tipo de medidas para aumentar la productividad, pero no se comprometen a crear nuevos puestos de trabajo.
Este lunes advirtieron, además, que las reformas deben ser acordadas con los sindicatos con el fin de evitar una ola de juicios laborales tras los decretos.
Los sindicatos se niegan de plano a aceptar que se eliminen los derechos adquiridos por los trabajadores a lo largo de más de medio siglo por medio de leyes o decretos.
El gobierno, por su parte, cree que la defensa de esos derechos ignora la situación de millones de desocupados que quieren ingresar al mercado laboral.
La huelga del jueves será la sexta que la CGT realiza contra el gobierno de Menem, que tiene el mismo color político que la central sindical (ambos adhieren al Partido Justicialista o peronismo), y la tercera en apenas cuatro meses.
Las paralizaciones de actividades realizadas por 24 horas en agosto y por 36 horas en septiembre fueron las medidas sindicales que concitaron mayor adhesión en lo que va del gobierno de Menem, a pesar de la imagen negativa de las organizaciones de trabajadores ante la opinión pública.
El clima de malestar social se incrementó en los meses en que se desarrollaron las últimas huelgas, pero luego se enfrió durante las negociaciones iniciadas por los sindicatos y los representantes del gobierno. (FIN/IPS/mv/mj/ip lb/96
