Unos 3.000 millones de dólares obtendrá el gobierno de Venezuela por la privatización de sus complejos de acero y aluminio a comienzos de 1997, estimaron gerentes del sector congregados hoy en una mesa redonda.
Dos tercios de esos recursos se destinarán a saldar deudas de las mismas empresas privatizadas, incluidos pasivos ambientales, y parlamentarios reclaman parte de los restantes 1.000 millones, para la región sudoriental asiento de esas industrias.
La Corporación Venezolana de Guayana, que maneja la industria pesada, se reservará un porcentaje minoritario de acciones de las empresas de acero y aluminio, para ofrecerlos al público ahorrista meses después de privatizado el segmento principal.
La privatización de la propiedad, y no la entrega de las plantas en concesión o privatización de la gerencia, "se decidió para resolver la globalidad del problema", dijo el presidente de la Corporación, Elías Ynaty.
El Estado carece de recursos para las inversiones de capital y en nuevas tecnologías que requieren los complejos, cuyos ejes son plantas con capacidad para reducir anualmente 3,6 millones de toneladas de acero y 630.000 toneladas de aluminio.
Ynaty explicó que, en cambio, la Corporación se concentrará en inversiones nuevas en asociación con compañías extranjeras, como la surcoreana Posco, con la que se instalará una planta de briquetas (hierro reducido para hacer acero), o la canadiense Placer Dome, para explotación de oro.
El gobierno de Rafael Caldera puso el pie en el acelerador de las privatizaciones, comenzando este mes con la venta del 49 por ciento de acciones que retenía de la compañía de telefonía básica, a la que seguirán en diciembre la reprivatización de bancos intervenidos en 1994, y en 1997, la industria pesada.
Las privatizaciones integran la apertura que el gobierno aplica desde abril, cuando pactó un programa de ajuste y liberalización de la economía con el Fondo Monetario Internacional. El acuerdo incluyó impuestos y alzas de precios que desplomaron el consumo y dispararon la inflación.
Oponentes de izquierda a Caldera -un socialcristiano de 80 años- critican que las empresas se privatizan "a precios de gallina flaca" y, por ejemplo, el ex candidato presidencial obrerista Andrés Velásquez sostuvo que sólo la Siderúrgica del Orinoco podría valer 7.000 millones de dólares.
Las acciones de la compañía telefónica se ofertan entre 3,07 y 3,50 dólares, ante un valor de 4,71 dólares conseguido en 1991, cuando se privatizó la gestión y 40 por ciento del capital. El gobierno argumenta que las acciones que ahora vende son de menor calidad, pues carecen de voto para la directiva.
Teolindo Yánez, presidente de la Siderúrgica del Orinoco, replicó este martes junto a Ynaty que el valor final de la industria pesada lo fijará la licitación, sobre un precio base "que parte de la valoración física de los activos y de su valor como empresa en marcha".
Para comprar la Siderúrgica se inscribieron 11 grupos del grupo de plantas de reducción directa de acero, de laminados en frío y en caliente, de barras y alambrones. El complejo se venderá en bloque, y sólo se separará una fábrica de tubos sin costura, en construcción.
El complejo de aluminio también se venderá en bloque, y comprende una mina de bauxita (hasta seis millones de toneladas anuales), una factoría de alúmina (1,5 millones de toneladas), dos reductoras de aluminio primario y una planta de ánodos.
"Las industrias de Guayana, es bueno recordarlo, tienen la ventaja del acceso a energía eléctrica -son vecinas de la represa de Guri, con capacidad instalada de 10.000 megavatios- y a gas a precios competitivos", recordó Ynaty.
Antonio Azpúrua, coordinador de asociaciones estratégicas de la Corporación, dijo que en caso del aluminio, la venta integrda "hace atractiva la compra, por aprovechamiento de sinergías y poque minimiza el riesgo de colocación de bienes intermedios, como bauxita y alúmina".
El Caribe y las Guayanas, señaló Azpúrua, son una zona productora de bauxita y los vecinos compiten por los mercados.
Yánez dijo que vender la Siderúrgica en bloque incentivará inversiones en el sector para que la empresa produzca a plena capacidad -en vez de los 2,7 millones de toneladas de 1995- y atenuará el riesgo de despido de trabajadores, que en su caso son 13.000.
En ambos casos, la competencia entre grandes operadores trasnacionales incluye hacerse con una baza para aumentar su control de mercados -el complejo venezolano de aluminio es el quinto o sexto del mundo- y el acceso a materia prima, como el abundante mineral de hierro del sureste del país.
Las resistencias a la privatización de ambos complejos aparecen vencidas, y el debate comienza a concentrarse en el uso de los recursos a obtenerse.
El precio de venta de las industrias "en definitiva lo fijará el comprador, el mercado", indicó Alberto Poletto, ministro de Inversiones, y la Corporación se rehúsa adelantar estimaciones. Pero extraoficialmente, sus gerentes dan por buena la cifra de 3.000 millones de dólares por ambos complejos.
El sector de aluminio afronta una deuda de 1.200 millones de dólares y el de acero otra de 600 millones, que deberán resolverse al momento de privatizar los complejos.
Ynaty recordó que además existen pasivos ambientales, de unos 100 millones de dólares en cada sector, que asumirán los nuevos propietarios, aunque se contarán en el precio de venta, y consisten en reparación de daños y adecuación de instalaciones según la ley Penal del Ambiente.
Eso deja unos 1.000 millones de dólares en manos de la República. El diputado radical Jorge Roig propuso que 50 por ciento se destine a la región de Guayana, mediante fondos de protección del empleo, de apoyo a la pequeña y mediana industria y de nuevo desarrollo tecnológico.
Finalmente, Ynaty dijo que la Corporación podría reservarse 20 por ciento de la acciones, de las que entregaría la mitad a los trabajadores de la industria pesada y el resto iría al mercado de capitales de forma que pudiesen ser adquiridas por ahorristas. (FIN/IPS/hm/ff/if/96
