Venezuela desnudó su falta de consenso sobre la reforma de la administración de justicia, en tanto el Poder Judicial aún no logra un acuerdo sobre el manejo de 60 millones de dólares para modernización de los tribunales.
Mientras, 25 presos murieron calcinados en una celda de castigo hace dos semanas y portavoces del sector externo de la economía siguen invocando la "inseguridad jurídica" como un desestímulo para atraer inversiones extranjeras.
El parlamento sopesa seis proyectos de leyes referidos a reformas judiciales, recibiendo alternativamente demandas de que se inhiba, actúe con mayor diligencia o dé prioridad a un texto u otro, hechas por sus propios integrantes, órganos del poder judicial y juristas independientes.
El Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente Rafael Caldera, aparece desde octubre enfrentado al órgano disciplinario de los jueces, el Consejo de la Judicatura, por el proyecto de modernización, arriesgándose la pérdida de un financiamiento del Banco Mundial por 30 millones de dólares.
En el Poder Judicial, discrepan los magistrados (15) de la Corte Suprema, los cinco del Consejo de la Judicatura, y las asociaciones de jueces. Tercian en la polémica la Fiscalía General (que vela por la observancia de las leyes) y los sindicatos de empleados tribunalicios.
Los abogados litigantes rezuman pesimismo y entre los políticos hay quienes impulsan una emergencia judicial, quienes defienden la gradualidad y quienes no avizoran cambio alguno.
En Venezuela, además, hablar de la corrupción del Poder Judicial dejó de ser novedad desde que hace año y medio unajueza que sobornaba fue capturada "in fraganti" arrojando miles de billetes desde su ventana de un vigésimo piso.
Como un subproducto de la administración de justicia, el sistema penitenciario venezolano tiene, hacinados y en condiciones infrahumanas, 25.000 presos, de los cuales 18.000 son procesados sin sentencia.
En las cárceles todo se comercia, desde los traslados del preso ante el juez para que inicie el proceso hasta (un promedio de tres años y medio después) la boleta de libertad si el magistrado lo encontró inocente o con pena ya cumplida.
Elio Gómez, el más reputado criminólogo del país, sostiene que "en una cárcel de Venezuela todo tiene precio: estar o no en una celda donde se salve la vida, la seguridad, la luz del día", y las mafias alrededor de los servicios de vigilancia "venden todo: armas, droga, comida, traslados, derechos de visita".
El retraso de la justicia respecto de la sociedad es patético en el caso de las cárceles, pero también se urge por la reforma como "esencial para aumentar la transparencia de los procesos, reducir la arbitrariedad judicial y cercenar la corrupción", dijo el encargado de negocios de Estados Unidos, John Keane.
"A nuestra justicia no la respeta nadie, no por falta de una computadora sino porque perdió su comportamiento ético", dijo el abogado Beltrán Haddad, para quien nunca había existido como ahora "una cultura de la corrupción judicial".
Para el ex candidato presidencial socialcristiano (1993) Oswaldo Alvarez Paz, "desde dentro del poder constituído no saldrá cambio alguno, porque el partidismo agudo ha distorsionado todo y maneja a su antojo los resortes del Poder Judicial, desde la Corte Suprema hasta el más humilde escribiente".
Cecilia Sosa, presidenta de la Corte, propuso que ese tribunal asuma como máxima autoridad del Poder Judicial y el ex magistrado José Mendoza que sus integrantes sean elegidos por voto popular, como el presidente y los parlamentarios.
Carlos Tablante, un socialista moderado que fue gobernador del industrial estado de Aragua, al oeste de Caracas, propuso una ley de emergencia para el Poder Judicial e inició una cruzada para recoger un millón de firmas que avalen su proyecto.
Luego que Tablante presentó su proyecto a Caldera, trascendió que el gobierno estudiaba un acuerdo con el parlamento para declarar formalmente cesantes, y empleados sólo a título provisional, a los 1.400 jueces del país.
La hipótesis de lo que la prensa venezolana llamó "fujimorazo judicial" (en alusión al golpe del presidente peruano Alberto Fujimori en 1992) cobró fuerza después que el 30 de octubre la magistrada Gisela Parra, representante del gobierno, perdió una batalla en el Consejo de la Judicatura.
Ese Consejo disciplinario-administrador relevó a Parra de la coordinación del proyecto de modernización pactado con el Banco Mundial, en medio de acusaciones mutuas sobre manejo ineficiente, intenciones políticas e irregularidades varias.
El ministro de Planificación, Teodoro Petkoff, pidió intervenir ese Consejo, a lo que se opuso en primer lugar el partido socialdemócrata Acción Democrática, de oposición moderada y con la primera bancada parlamentaria.
"Cada poder debe asumir su responsabilidad", dijo el penalista Alberto Arteaga, "y el parlamento debe empezar por reformar las leyes necesarias, designar a los cinco magistrados de la Corte cuyo período se venció hace un año, y escogerlos con criterios distintos a los partidistas".
El Poder Ejecutivo "no puede lavarse las manos, como si la crisis judicial no fuese parte de la del país, y debe colaborar en vez de cesantear de un plumazo a jueces que nadie sabe cómo serán sustituidos", dijo Arteaga, ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela.
Juristas y economistas coinciden por otra parte en que "poco podrá avanzar la justicia en Venezuela mientras el Estado destine apenas 0,6 por ciento de sus recursos al Poder Judicial".
Sosa, finalmente, abogó por que se reformen leyes de la Corte que preside y del Consejo de la Judicatura, las del Ministerio Público y Policía Judicial, los códigos Procesal Penal y de Justicia Militar, y la propia Constitución. (FIN/IPS/hm/ag/ip/96
