La reforma electoral definitiva prometida por el presidente de México Ernesto Zedillo y celebrada anticipadamente por la oposición fue fustrada por los diputados del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El PRI, que controla el poder desde 1929 y el domingo último sufrió un retroceso en comicios realizados en tres estados, impuso su mayoría en el Congreso para aprobar el jueves una nueva ley electoral ajena al consenso alcanzado entre sus líderes y la oposición.
El contenido de la nueva ley, que se aplicará a los comicios de 1997, previstos para la renovación del parlamento y la elección del gobernador de la capital, ignora 16 acuerdos logrados tras cerca de dos años de negociación.
Los diputados oficialistas limitaron la posibilidad de coaliciones, admitieron un tope de gastos electorales considerado excesivo por la oposición, y descartaron la propuesta de sanciones penales para quien supera ese monto máximo.
Dirigentes de Acción Nacional (PAN), del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y del Partido del Trabajo (PT) acusaron a los diputados del PRI de dar la espalda al presidente Zedillo y debilitar su imagen al votar una nueva ley electoral con el fin de mantenerse en el poder.
Los diputados oficialistas decidieron ignorar el consenso previo al conocer el resultado de la jornada del domingo, organizada en tres estados para elegir legislaturas y presidentes de municipios. El PRI obtuvo la mayoría de los votos, pero su caudal se debilitó.
La reforma aprobada por el PRI "no garantiza un régimen verdaderamente democrático" ni disipa "el riesgo de volver a elecciones fraudulentas e impugnadas", manifestó el presidente del PAN, Felipe Calderón.
Mientras, Andrés López, líder nacional del PRD, anunció que su partido "buscará interponer un recurso de inconstitucionalidad contra de la nueva norma, pues no favorece la democracia".
El gobierno y los partidos iniciaron negociaciones en enero de 1995 para concertar la nueva ley electoral. En aquella ocasión, Zedillo sostuvo que se trataba de un esfuerzo histórico, que terminaría con la firma de una reforma definitiva y de consenso para asegurar la transparencia de los procesos electorales.
El diálogo resultó en acuerdos generales, que fueron saludados por la oposición, pero el panorama cambió al tocar turno al Congreso.
El PRI aprobó una versión de las reformas como lo hizo en anteriores ocasiones: imponiendo su mayoría.
Aunque mantuvo algunas cláusulas importantes de consenso, como la independencia del Instituto Federal Electoral, la ley aprobada no regula con medidas obligatorias el acceso de los partidos a los medios de comunicación, un asunto considerado fundamental por la oposición, ni recorta los millonarios gastos electorales.
Para garantizar "su viabilidad electoral", como señalaron diputados del PRI, la mayoría del Congreso resolvió permitir un gasto de campaña electoral para 1997 de más de 260 millones de dólares, cifra 51,9 por ciento superior a la que sugería la oposición.
Es escandaloso gastar tanto dinero en procesos electorales cuando hay millones de personas muy pobres, advirtieron portavoces de la Iglesia Católica.
"La reforma electoral pactada debilitaba al PRI, lo cual era inevitable", porque la reforma tenía el propósito de "despojarlo de las ventajas que durante décadas le permitieron mantener su monopolio" del poder, dijo el analista Sergio Sarmiento, del diario Reforma.
El presidente del PRI, Santiado Oñate, explicó que la ruptura de los acuerdos "no fue por voluntad propia del PRI, sino resultado de una negociación política en las que no se logró un consenso global final".
En su último informe sobre México, el grupo The Economist Intelligence Unit vaticina un aumento de la tensión política al acercarse las elecciones de 1997, en las que por primera vez el PRI podría perder, según varios pronósticos. (FIN/IPS/dc/ff/ip/96
