El gobierno de Chile intenta impedir la "fidelización" de la VI Cumbre Iberoamericana, pero la figura de Fidel Castro sigue generando amenazas de trauma para esta cita a pesar del propio presidente de Cuba.
Las controversias en torno al líder cubano han desviado la atención del tema de la gobernabilidad democrática, eje de la cita que reunirá en Chile los días 10 y 11 a 23 jefes de estado y de gobierno de 19 países latinoamericanos, España y Portugal.
Las autoridades chilenas reiteraron este viernes que no aceptarán manifestaciones contra ningún mandatario asistente a la Cumbre que se desarrollará en Santiago y en el balneario de Viña del Mar, 120 kilómetros al oeste de la capital.
La advertencia se dirigió tanto a grupos locales de extrema derecha como a extranjeros, en especial disidentes cubanos, que desde Miami alientan y financian las protestas contra Castro y que planean viajar a Chile en los días de la Cumbre.
Desde Washington, el Departamento de Estado instruyó también este viernes a los estadounidenses residentes en Chile de que se abstengan de participar en manifestaciones públicas durante la Cumbre, pues, advirtieron, se exponen a presidio y deportación.
El aviso del Departamento de Estado parece dirigido sobre todo a los ciudadanos estadounidenses de origen cubano identificados con los grupos anticastristas, aliados a su vez en la coyuntura de la VI Cumbre a sectores de la derecha chilena.
"No vamos a aceptar ninguna provocación o alteración del normal desarrollo de la Cumbre", dijo Oscar Pizaro, secretario del comité organizador de la cita, considerada la reunión internacional más importante realizada hasta ahora en Chile.
La Unión Demócrata Independiente (UDI), segunda fuerza de la derecha local, y el denominado Movimiento Acción por Chile son los grupos más activos en el rechazo a la presencia de Castro y los que planean recibirlo con contramanifestaciones.
Ambas organizaciones se identifican plenamente con el régimen dictatorial que el general Augusto Pinochet, actual comandante del Ejército, encabezó entre 1973 y 1990 y que tuvo a Castro como su mayor enemigo en la arena internacional.
Sin embargo, la justicia militar rechazó esta semana un requerimiento de la UDI para que durante su permamencia en Chile el presidente de Cuba fuera citado a declarar en el proceso por un voluminoso contrabando de armas interceptado en agosto de 1986.
El "caso arsenales", como se le conoce, consistió en la introducción al país de unas 14 toneladas de armas, suministradas por el gobierno de Cuba al insurgente Frente Patriótico Manuel Rodríguez, según Pinochet.
La citación a Castro fue declarada improcedente por los tribunales castrenses, luego de que la mayoría de los partidos políticos acusara a la UDI de buscar figuración con un maniobra sin fundamento legal y sólo con fines propagandísticos.
El líder cubano realizó a fines de 1971, durante el gobierno socialista de Salvador Allende (1970-1973), una visita de 24 días a Chile, en la cual recorrió todo el territorio de este largo y angosto país.
Para los militares que gobernaron Chile durante casi 17 años tras el cruento derrocamiento de Allende, resulta incómoda esta segunda visita de Castro, a quien consideraron gestor de "la campaña del comunismo internacional" contra Pinochet.
El general Fernando Rojas, comandante de la Fuerza Aérea, dijo hace dos meses que para sus hombres "no será grato" cumplir en el caso del presidente de Cuba con los honores militares que debe rendir en al aeropuerto a todos los mandatarios visitantes.
Rojas puntualizó más tarde que la Fuerza Aérea cumplirá con esa obligación, pero él se ausentará de Santiago en esos días para asistir a ejercicios aéreos en la lejana ciudad de Antofagasta, 1.370 kilómetros al norte de la capital.
Dirigentes políticos y analistas locales señalan que la campaña contra Castro está beneficiando en última instancia al propio líder cubano, que proyecta así la imagen de un progresista atacado por una extrema derecha ligada a los anticastristas.
La conexión política y financiera del rechazo a Castro con Miami contribuye a su vez a aumentar el repudio al embargo estadounidense contra Cuba y en particular a la ley Helms-Burton, que será objeto de un pronunciamiento de los mandatarios.
El gobierno chileno del presidente Eduardo Frei está preocupado por el controvertido protagonismo que está adquiriendo Castro y que relega a un segundo plano aspectos que considera realmente trascendes en el marco de la Cumbre.
Los debates y acuerdos sobre el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y la cooperación en la esfera de las 21 naciones iberoamericanas son para Chile los aspectos realmente medulares a abordar en esta cita.
El ministro de Relaciones Exteriores, José Miguel Insulza, hizo hace dos semanas un vehemente llamado "a no fidelizar" la reunión internacional, pero todo indica que su exhortación no ha tenido plena acogida. (FIN/IPS/ggr/mj/ip/96
