El gobierno de Honduras, presionado por la suspensión de desembolsos de las agencias multilaterales, se propone entrar de lleno en una etapa de liberalización de precios.
El asunto produce escalofríos en el cuerpo social y pone a las autoridades frente a la dicotomía del desarrollo y la pobreza.
Una delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) canceló esta semana su viaje a Tegucigalpa por considerar que el gobierno aún no cumple requisitos vinculados a la privatización y liberalización de precios.
El FMI postergó para febrero la suscripción de una nueva carta de intención con Honduras y complicó el panorama del gobierno, que confiaba obtener este año unos 200 millones de dólares del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.
Los señalamientos del Fondo determinaron a las dos agencias a congelar el desembolso de los créditos, que estaban destinados a proyectos en materia económica, industrial, agrícola y de modernización del Estado.
Hugo Noé Pino, presidente del Banco Central de Honduras, dijo que la decisión del FMI "complica" las cosas y obliga al Estado a proceder a la liberalización de precios.
El primer capítulo de la proyectada liberalización se tendrá en noviembre y afectará los combustibles, que en los dos años de administración del presidente Carlos Roberto Reina aumentaron de precio más de 60 veces.
Organizaciones sociales advirtieron que la política de ajuste comenzada hace seis años puede provocar un estallido popular.
Si el gobierno "liberaliza los combustibles, vivir en este país será prácticamente imposible para los pobres, porque todo aumentará de precio", declaró Rafael Alegría, del Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas.
Mientras, los empresarios reaccionaron con cautela ante el anuncio del gobierno.
Juan Bendeck, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, indicó que el caso de los combustibles requiere un estudio que "convenza" de la importancia de la decisión gubernamental.
"No queremos ser los malos de la película al ser quienes anuncien los nuevos precios en los carburantes, porque los mismos no se detendrán mientras persista esa política de gravarlos con altos impuestos", dijo Bendeck.
Honduras importa anualmente un promedio de 277,2 millones de barriles de combustibles, a un costo de 221,6 millones de dólares, según el Banco Central. Los importadores pagan un arancel de 15 por ciento, al que se suma luego el impuesto de siete por ciento a las ventas.
El control de los carburantes radica en cuatro empresas distribuidoras, que consideran acertada la decisión del gobierno, ya que anuncia el libre mercado sectorial.
Jack Arévalo, propietario de una de las empresas distribuidoras de petróleo, sostuvo que el gobierno debió tomar esa determinación hace cuatro años, "cuando se firmó el primer compromiso en esta materia con los organismos de crédito".
"No debe haber temor por una liberalización de precios, porque quien gana en este juego es el pueblo, al tener la oportunidad de aprovechar la oferta y la demanda en un mercado donde el control estatal no hará más daño", afirmó Arévalo.
La liberalización de los carburantes fue convenida en 1992 con el FMI y, de acuerdo con el ministro de Economía, Fernando García, los compromisos "deben honrarse, sin que ello signifique dejar al pueblo a merced de la voracidad de las empresas distribuidoras de petróleo".
García aseguró que el gobierno mantendrá su vigilancia de la evolución de los precios en la cadena de comercialización y distribución.
El galón de 3,7 litros de gasolina se vende al público a poco más de tres dólares y está considerado uno de los más costosos de América Central.
Cada 15 días se fija un nuevo precio que compite con el alza inflacionaria, que en 10 meses llegó a 19 por ciento, mientras el lempira, la moneda nacional, tuvo este año una depreciación de 60 por ciento.
El gobierno atribuye el encarecimiento de los combustibles al alza del crudo en el mercado internacional y a un alto consumo interno. (FIN/IPS/tm/ff/if/96
