Los españoles tienen a Cuba en el corazón, pero la expresión de ese cariño se divide en dos mitades diferenciadas, una a la izquierda y la otra a la derecha.
La llegada al gobierno del centroderechista José María Aznar implicó un cambio de la posición española hacia Cuba.
El cambio se materializó en el pedido público de la democratización del sistema de gobierno cubano y en la limitación de la ayuda económica a humanitarias y a través de organizaciones no gubernamentales (ONG).
Curiosamente, la izquierda se apoya en argumentos de negocios y de comercio para reclamar a Aznar menos dureza.
La derecha, por el contrario, levanta reivindicaciones que antes prevalecían en la izquierda: derechos humanos, libertad de expresión, comunicación y movimiento, y democracia pluripartidaria.
El canciller Abel Matutes dijo a IPS que España no quiere imponer ninguna política a Cuba, cuya soberanía respeta. Pero, añadió, si el gobierno cubano pretende apoyo para lograr un acuerdo de cooperación con la Unión Europea (UE), "debe iniciar el proceso de democratización".
Eso significa, según fuentes de la diplomacia española, liberar presos políticos, permitir la entrada y salida de ciudadanos del país, y reformar el código penal.
España nunca se plegó al embargo norteamericano contra Cuba, ni siquiera bajo la dictadura del general Francisco Franco (1939- 1975), como recordó Castro durante su visita a Roma, finalizada el miércoles.
Es más, el fundador del gobernante Partido Popular (PP), Manuel Fraga, viajó a Cuba e invitó oficialmente a Castro a Galicia, cuyo gobierno regional preside. El líder cubano devolvió la visita en 1992.
Fuentes del PP puntualizaron que el viaje de Fraga a Cuba y el de Castro a Galicia tuvieron de efecto la libertad de presos políticos cubanos que ahora se encuentran asilados y con trabajo en tierras gallegas.
No obstante, la de Fraga no es la misma política de Aznar. Este es más duro en la expresión pública de sus diferencias con Castro, aunque siempre termina moderando el tono.
Apenas designado jefe del gobierno, el 25 de mayo, Aznar recibió al vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, y en una conferencia de prensa conjunta respaldó la política de presión de Washington contra Castro.
En la oportunidad, Aznar se negó a condenar la ley Helms- Burton. Después, presionado por sectores empresarios y por sus aliados políticos, se sumó a las condenas generalizadas contra esa ley, que intenta desalentar inversiones extranjeras en Cuba.
Aznar exteriorizó sus críticas a Castro en ocasión de la Cumbre Iberoamericana celebrada el 10 y el 11 de este mes en Chile. Pero finalmente, ambos firmaron junto con los demás mandatarios una declaración que defiende la democracia, el pluralismo y la libertad.
Al regresar Aznar de Chile, el gobierno español presentó un proyecto a la presidencia de la UE que propone una larga serie de medidas para empujar a Cuba hacia la democracia.
La UE aprobó el documento, pero con modificaciones. Por ejemplo, eliminó el punto que establecía que las embajadas de la UE en La Habana recibirían regularmente a los representantes de las organizaciones de derechos humanos de Cuba.
Comentando la posición de Aznar, su antecesor, el socialista Felipe González, afirmó el viernes que "algunos líderes europeos se estarán divirtiendo mucho, porque saben el espacio que estamos abriendo con esta torpeza política para las inversiones de otros países".
Funcionarios del gobierno replicaron a González que en sus 14 años al frente del Poder Ejecutivo no hizo nada para facilitar la transición a la democracia en Cuba.
González puntualiza: "Con América Latina hay que tener cuidado y no aparecer con la arrogancia del que dicta la ley desde la metrópoli".
Quizás por eso, el secretario de Estado para la Cooperación Internacional e Iberoamérica, Fernando Villalonga, tiene pensado un viaje a La Habana en enero. Allí podrá hablar de cooperación, y también plantear directa y francamente la posición española, una vez más.
En medios diplomáticos de esta capital se confía en que, ya asegurada su reelección, el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, volverá a suspender la aplicación de la ley Helms-Burton.
Y, sobre todo, que Castro, con el apoyo que le significará la visita el próximo año del Papa Juan Pablo II a Cuba, tomará medidas para comenzar la democratización.
"Sólo con que comience, pero de verdad, tendrá asegurado todo nuestro apoyo y el de la UE", aseguró a IPS un diplomático español. (FIN/IPS/td/ff/ip/96
