Las leyes sobre asilo político en Estados Unidos se volvieron más estrictas desde que el fotógrafo Grandville Desousa llegó al país con una visa falsa en 1993.
Desousa fue detenido y torturado durante más de un año en Togo, país de Africa occidental, por fotografiar en 1992 un ataque de soldados a un líder de la oposición. Logró escapar de la cárcel y huyó a Benín en agosto de 1993.
Temiendo estar aún al alcance de las autoridades de Togo, el fotógrafo se fue a Alemania en busca de asilo, pero no pudo pasar de la frontera, y Polonia también rechazó su solicitud.
Posteriormente obtuvo una visa falsa y entró a Estados Unidos en diciembre de 1993. Estuvo preso 18 meses y fue interrogado frecuentemente sobre sus documentos falsos antes de que un juez le otorgara el asilo político.
La historia habría tenido un fin diferente si hubiera ocurrido luego de la aprobación, el pasado septiembre, de una nueva ley sobre inmigración que dificulta la obtención de asilo en Estados Unidos.
La Ley de Inmigración promulgada por el presidente Bill Clinton el 30 de septiembre estipula que no se otorgará asilo a ningún solicitante que llegue al país sin documentos de viaje válidos.
"Se trata de una ley mala", afirmó Patricia Rengel, investigadora de Amnistía Internacional en Washington, y agregó que su grupo continuará su lucha "por proteger los derechos de las personas que precisan asilo", agregó.
La nueva ley autoriza a los funcionarios de inmigración a deportar inmediatamente a aquellas personas que llegan a Estados Unidos sin documentos válidos y no logran demostrar un "temor creíble" de persecución.
Sin embargo, tales personas podrán presentar una apelación ante un juez de inmigración, quien deberá revisar los casos en una semana, mientras los solicitantes permanecen detenidos.
Los activistas argumentan que la mayoría de las personas que huyen de sus países de origen debido a guerras o a persecución política no pueden obtener pasaportes, visas ni documentos que prueben la tortura u otros abusos.
"Esta ley sólo demuestra ignorancia de los hechos. No entienden que los perseguidos no pueden darse el lujo de obtener documentos", señaló Bill Frelick, del Comité de Estados Unidos para los Refugiados, con sede en Washington.
Otros activistas sugieren que la nueva norma podría constituir una violación a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Refugiados, la cual establece que "ningún país podrá castigar a a un refugiado por carecer de documentos".
La Ley de Inmigración, ideada por el senador republicano Alan Simpson, incluye otras disposiciones que los activistas describen como un ataque a los derechos humanos y de los refugiados.
Una de tales disposiciones exige que las solicitudes de asilo sean presentadas dentro del año siguiente a la entrada a Estados Unidos, con documentos válidos.
Los autores de la ley argumentan que el plazo contribuirá a reducir el elevado número de casos y a desalentar las solicitudes fraudulentas, pero sus detractores temen que la disposición perjudique a numerosas de personas que realizan peticiones legítimas.
"Muchas de ellas llegan a este país sin saber inglés ni conocer nuestro sistema jurídico", señaló Elisa Massimino, del Comité de Abogados para los Derechos Humanos, de Nueva York, y agregó que "es muy difícil para las víctimas de tortura recuperarse del trauma".
Los activistas sostienen que el plazo fijado afectará particularmente a las mujeres violadas, que en general no desean discutir las razones por las que huyeron de sus países.
"En general las víctimas de tortura sólo pueden hablar de su historia con extraños luego de varios meses de asistencia socio- psicológica", destacó John Salzberg, del Centro para Víctimas de Tortura. (FIN/IPS/tra-en/hr/yjc/ml/pr/96
