La derogación en California del trato preferencial en base al sexo o la raza en oficinas del estado y centros de enseñanza desató una ola de juicios cruzados, iniciados tanto por simpatizantes como por opositores a la medida.
La ciudadanía de California votó, en forma simultánea a las elecciones del día 5, la anulación de la denominada "acción afirmativa", normas que permiten a minorías étnicas y mujeres ganar mayor espacio en las contrataciones del estado y la admisión a las universidades.
El referendo en torno a la iniciativa, conocida con el nombre de Propuesta 209, arrojó un resultado de 54 por ciento de los votantes a favor de la derogación de esas normas y 46 por ciento en contra.
La acción afirmativa consiste en el establecimiento de metas, incentivos y mecanismos de reclutamiento que promueven la ampliación de las oportunidades educativas, de empleo y de contratación por parte del gobierno a mujeres y minorías raciales.
Las normas derogadas son muy impopulares entre la población blanca de California. Alrededor de 60 por ciento de los blancos respaldaron la Propuesta 209, según encuestas a boca de urna efectuadas el martes 5.
Por el contrario, los negros e hispanos la rechazaron por porcentajes superiores a 70 por ciento, mientras los ciudadanos de origen asiático se dividieron prácticamente en mitades en torno a la iniciativa.
A pesar de que los opositores a la propuesta basaron el grueso de la campaña en el entendido de que supondrá un retroceso de los derechos femeninos, 57 por ciento de las mujeres blancas apoyaron la medida.
La Propuesta 209 fue uno de los 90 referendos votados en distintos estados el martes 5.
California y Arizona, por ejemplo, legalizaron el consumo de marihuana como medicina. Maine rechazó la prohibición del talado de bosques. Florida dijo "no" a la creación de un impuesto al azúcar para aliviar el desastre ambiental en los pantanos Everglades, provocado en buena medida por el cultivo de caña.
Los opositores a la Propuesta 209 introdujeron inmediatamente después de su aprobación una querella ante una corte federal contra el gobernador de California, Pete Wilson, y otros funcionarios estatales para bloquear su implementación.
"Ninguna medida de alcance estatal en la historia de Estados Unidos ha ahogado tanto a los gobiernos estatales y municipales como la Propuesta 209", establece la demanda presentada por la Unión por las Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU) en representación de la Coalición para la Equidad Económica.
Pero simpatizantes de la iniciativa prepararon sus propias querellas contra los programas de reclutamiento que consideran una discriminación injusta en perjuicio de los hombres blancos.
Quienes impulsaron la Propuesta 209 le pusieron por título "Iniciativa de California por los Derechos Civiles", e incluso incluyeron en su publicidad televisiva evocaciones del defensor de los negros del Sur Martin Luther King, hasta que la familia del asesinado líder cuestionó el uso de su imagen.
Del mismo modo, muchos voceros de la campaña fueron mujeres y negros.
El Partido Republicano de California, así como la campaña del candidato a la presidencia Bob Dole en ese estado, adhirieron a la propuesta, pues sus estrategas coincidieron en que cosecharían así votos blancos.
Mientras tanto, el Partido Democrático y el presidente Bill Clinton se limitaron a respaldar tibiamente a la acción afirmativa como cuestión de principios. La consigna de Clinton fue "mend it, don't end it" (corríjanla, no acaben con ella).
Detrás de la escena, el Partido Demócrata amenazó con retirar fondos de apoyo a los candidatos al Congreso que se manifestaran con demasiado ahínco contra la Propuesta 209, pues, creyeron, eso ponía en riesgo la reelección de Clinton.
La estrategia fue exitosa. A pesar de que triunfó una iniciativa popular que Clinton no respaldaba, la reelección ganó ampliamente en California.
Los opositores a la propuesta afirman que ésta nació en el interés económico de algunas empresas que perdieron acceso a algunos contratos y subsidios del gobierno.
Además, mencionaron el esfuerzo del gobierno estatal por frenar el déficit fiscal a través de la restricción del acceso a la educación universitaria pública gratuita.
El gobernador Wilson fue, precisamente, quien lanzó la Propuesta 209 después de su reelección en 1994. Para ello, aprovechó el sentimiento contra los inmigrantes que dio origen a la Propuesta 187, otro referendo que procuraba negar la prestación de servicios sociales a inmigrantes ilegales.
Wilson presionó a la Universidad de California para acabar con el trato preferencial basado en sexo y raza para contrataciones y admisión de estudiantes, lo cual ya provocó una reducción de las matrículas de negros e hispanos.
"California será juzgada por un solo criterio, el del mérito individual. No puedo pensar en un modo mejor de ejercer el principio estadounidense de igualdad de todos ante la ley", afirmó el gobernador después del triunfo de la iniciativa.
Ward Conerly, un integrante negro y conservador de la Junta de Regentes de la Universidad de California, fue, precisamente, el portavoz de la campaña a favor de la propuesta.
Wilson ordenó el miércoles 6, un día después de las elecciones, que todas las oficinas de la gobernación identificaran los programas de "acción afirmativa" que están en vigencia.
Además, agregó que las agencias gubernamentales deberían tender a "reclutar postulantes calificados de todos los segmentos" sociales y raciales.
Las iniciativas ciudadanas consideradas en los últimos años coincidieron con leyes de recorte a los gastos sociales y otras que establecían subsidios importantes a grandes empresas, bancos y compañías de seguros.
Los hombres blancos que poseen compañías o son contratistas de la industria de la construcción en California competirán ahora en un pie de igualdad con mujeres y negros a cuyas empresas, por lo general pequeñas, la "acción afirmativa" les aseguraba 20 por ciento de los contratos del estado. (FIN/IPS/tra-en/mn/yjc/mj/ip pr/96
