Las armas que Estados Unidos envía a Colombia para combatir el narcotráfico son utilizadas por el ejército colombiano para matar a hombres, mujeres y niños inocentes, según Amnistía Internacional-Estados Unidos (AIUSA).
La organización defensora de los derechos humanos exhortó este martes a Washington a suspender toda ayuda militar a Colombia hasta que pueda verificar que las armas son utilizadas para su debido propósito, y no para actividades contrarrevolucionarias.
La revelación, obtenida a través de documentos filtrados de Washington, "podría ser la punta del iceberg de la complicidad de Estados Unidos" en violaciones a los derechos humanos cometidas en nombre de la guerra contra las drogas en otros países de América Latina, sugirió AIUSA.
"Creemos que, desde 1986, más de 20.000 personas fueron asesinadas en Colombia, no en 'luchas contra el narcotráfico', sino por razones políticas, porque alguien deseaba silenciar a alguien", declaró William Schulz, director de AIUSA.
"La mayoría de estas muertes fueron responsabilidad de los militares y sus aliados paramilitares, y la mayor parte de las víctimas fueron civiles inocentes", añadió.
Aunque desde hace tiempo varios grupos de derechos humanos presumían que las fuerzas armadas colombianas utilizaban equipos militares suministrados por Estados Unidos para cometer abusos, no fue sino hasta la entrega de tres documentos gubernamentales a AIUSA que hubo pruebas contundentes para publicar los cargos.
"Ahora tenemos pruebas de que Estados Unidos suministró armas al ejército colombiano, (…) supuestamente para combatir el narcotráfico, pero en los hechos para eliminar, entre otros, a personas inconvenientes para el gobierno de Colombia", afirmó Schulz.
La "prueba del delito" es una lista de equipos militares donados por Estados Unidos a diversos batallones del ejército colombiano, entre ellos todos menos uno de los 15 acusados por Amnistía de cometer graves violaciones a los derechos humanos.
La lista fue entregada a Amnistía por un periodista que la obtuvo de un funcionario del gobierno estadounidense en Bogotá, "profundamente preocupado por la política de Estados Unidos y los abusos contra los derechos humanos", explicó Schulz.
La misma fuente suministró también un memorando del ejército de Estados Unidos fechado en 1994, en que se expresa preocupación porque el entrenamiento y los equipos ofrecidos para combatir el narcotráfico podrían resultar en violaciones a los derechos humanos.
Este material, advirtió, "es igualmente aplicable a operaciones contrarrevolucionarias".
Los documentos, enviados por AIUSA al Pentágono para la verificación de su autenticidad, desmienten declaraciones de funcionarios estadounidenses, según las cuales Washington no habría enviado armas a unidades del ejército colombiano que cometen abusos contra los derechos humanos.
El portavoz del Departamento de Estado, Nicholas Burns, se negó a hacer comentarios públicos sobre los documentos, pero destacó que "Amnistía es una organización respetable" y sus afirmaciones serán consideradas seriamente.
"Conversaremos en privado con miembros de Amnistía, y también deseamos ver los documentos que presentaron", añadió. (FIN/IPS/tra-en/pz/jl/ml/ip/96
