Mientras la cúpula del Estado y los centros de poder en Colombia se pertrechan para la guerra, 2,3 millones de niños y adolescentes protagonizaron un pronunciamiento simbólico: votaron por la paz y la vida.
Cuando la Registraduría del Estado Civil, ente responsable de los comicios, divulgó los resultados de la jornada "Mi voto vale por dos: la paz y los derechos", realizada el 24 de octubre, un reacomodo en la jerarquía castrense, entre otros hechos, expresaba el endurecimiento del régimen.
En un listado de 12 derechos, niños y jóvenes entre siete y 18 años eligieron el derecho a la vida (617.385) y a la paz (465.274) como los prioritarios. En tercer y cuarto lugar, el derecho al amor y la familia (250.000) y al buen trato (194.885).
Las votaciones se realizaron en 320 localidades, incluidas las 32 capitales departamentales, intentando un sondeo sobre las expectativas de "los ciudadanos del futuro" y su percepción de la actual realidad social y política colombiana.
Una primera conclusión es que los niños están pensando colectivamente, dijo el Registrador Orlando Abello. Se pronunciaron primero por el país y después por sus intereses más individuales como educación y recreación.
Estas iniciativas "destacan la importancia del voto como principio de solución de conflictos ", añadió Abello, quien puso el aparato electoral al servicio de la jornada.
La votación fue convocada por organizaciones no gubernamentales (ONG) como la Red de Iniciativas por la Paz y organismos internacionales como UNICEF y la Cruz Roja.
El día de los comicios, que también se llamó "de la tranquilidad" para contrastar el acontecer cotidiano marcado por el sobresalto y la zozobra, en puntos neurálgicos del gobierno, el Congreso y los gremios todo indicaba nerviosismo y consignas de fuerza.
Por entonces ya se "cocinaban" los nombramientos de un equipo militar curtido en la lucha contra la guerrilla y el narcotráfico – que cada vez se funden más en una sóla categoría, la narcoguerrilla- para asumir la nueva coyuntura de guerra.
Una semana después, el 31 de octubre, los generales Harold Bedoya y Manuel José Bonet fueron nombrados comandante de las Fuerzas Militares y Comandante del Ejército respectivamente.
El almirante Edgar Romero ascendió a Comandante de la Armada, lo que implicó llamar a retiro a cuatro oficiales que lo antecedían en orden de ascenso.
El reacomodo en la cúpula castrense parece apuntar a lo que Rafael Pardo, ministro de Defensa del gobierno de César Gaviria (1990/94), propuso como un "gabinete de guerra" para enfrentar el progresivo copamiento territorial y capacidad financiera de la guerrilla.
Según Pardo, los municipios en los que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) tienen presencia han pasado en la última década de 173 a 569, sobre un total de 1.050 que tiene este país.
En 1994 se calculó que el flujo de caja de las tesorerías de los frentes insurgentes era de de 600.000 millones de pesos. Ahora, el presidente Ernesto Samper habla de 800.000 millones, unos 800 millones de dólares.
"El factor primordial de una estrategia para recuperar el orden público es la coherencia y unidad de mando. La estrategia para ponerle fin al conflicto debe tener una sola voz", afirma Pardo.
Según este político, artífice del gobierno en la negociación que llevó a la entrega de armas del Movimiento 19 de Abril y del ala mayoritaria del Ejército Popular de Liberación (1990/91), "no se puede tener una política de paz (en este momento no hay ninguna) separada de una política de confrontación militar".
"La coherencia es crucial tanto en los planes como en el mensaje público", dice Pardo, primer civil en llegar a esa cartera que durante cuatro décadas estuvo en manos de militares.
Todo esto se afirmaba al tiempo que Teresa Bernal, de la Red de Iniciativas por la Paz, afirmaba a IPS que "es posible pasar de la retórica de la paz a los hechos, si la sociedad civil, que mayoritariamente está en contra del conflicto armado, se organiza y se hace sentir".
Eso intentó Bernal al presentar al presidente Samper "El mandato de los niños por la paz".
"A pesar que hay quienes todavía creen que es mejor la fuerza que la razón, las balas que las palabras, la eliminación que el diálogo, la exclusión que la tolerancia, tenemos la certeza que los colombianos no somos violentos, debemos superar (las violencias) con métodos distintos a ellas", dijo.
Ese mismo día, sin embargo, era anunciado el embrión del gabinete de guerra.
El diario Nuevo Siglo de Bogotá, portavoz del ala ortodoxa del Partido Conservador, tituló "Línea dura para enfrentar la guerra".
El reajuste en el alto mando "estaría destinado a reforzar la moral de la tropa, recuperar la confianza de la población y hacer que la fuerza pública pase a la ofensiva contra los violentos, en especial la guerrilla", afirmó el periódico.
Al defender un proyecto de Ley de impuesto, a manera de bonos de guerra, para aumentar el presupuesto de las fuerzas armadas, objetado por distintos sectores parlamentarios y empresariales que cuestionan la eficacia militar, Bedoya advirtió que los recursos asignados son insuficientes.
El nuevo jefe militar ya había dicho que para la actual coyuntura se requieren por lo menos 300.000 soldados, más del doble de los actuales 120.000.
Un congreso gremial de empresas de vigilancia privada, que agrupan a 150.000 hombres, realizada en Cali, occidente del país, pidió al gobierno expedir una legislación especial de guerra.
Dicha legislación permitiría que el ejército se focalice en la lucha contra la subversión y los vigilantes privados enfrenten la delincuencia común, causante de 97 por ciento de las 28.000 muertes violentas que anualmente se registran.
Este martes, el Congreso aprobó en primer debate los bonos de guerra obligatorios para quienes tengan patrimonio superior a los 150 millones de pesos, unos 150.000 dólares.
Algunos se preguntan si tener confianza en que se pueda revertir la tendencia de guerra que expresan todos los actos y decisiones del Estado será un anhelo irreal, o si por el contrario jornadas como los comicios infantiles podrán traducirse en hechos de paz colectiva. (FIN/IPS/mig/jc/ip/96
