Los secuestros se convirtieron en Colombia en un negocio ilícito transnacional que mueve más de 350 millones de dólares al año y abrió un mercado ilegal en el que lucran comisionistas de rescates, aseguradoras y cazadores de recompensas.
Los ingresos que genera este laberinto de negociaciones se asemejan a los que se obtienen anualmente por el banano, tercer producto de exportación agrícola después del café y las flores, y son pagados por los familiares o allegados de las víctimas, que este año han sido 931 (45 por ciento del total mundial).
Según la Fundación País Libre, una organización no gubernamental (ONG) que presta asistencia a los secuestrados y sus familiares, en promedio se presentan diariamente en el país cerca de tres secuestros.
Emilio Meluk, asesor del programa presidencial para la defensa de la libertad personal, dijo que los secuestros son realizados por grupos de la guerrilla y de delincuencia común, que aunque operan con procedimientos similares, ante la sociedad presentan argumentos diferentes para justificar sus acciones.
Para Meluk los secuestros realizados por la guerrilla (43,92 por ciento), son parte de su método para llevar a cabo la guerra.
En ese esquema, los grupos insurgentes han venido practicando secuestros desde hace dos décadas porque les han sido muy eficaces.
Inicialmente la guerrilla realizó "secuestros-espectáculo", cuando se trataba de personalidades, funcionarios del gobierno o de las multinacionales, para llamar la atención y obtener prebendas políticas, pero evolucionó para hacer de esta actividad una de sus mejores fuentes de ingreso.
En opinión de Meluk la guerrilla practica hoy el secuestro "sin ningún pudor contra ciudadanos comunes con fines económicos" y se calcula que le reporta ingresos anuales de cerca de 150 millones de dólares.
Entre las víctimas figuran hacendados y comerciantes locales, menores de edad -un sector que ha ido en aumento-, y extranjeros, a los que se suman un alto número de industriales, y funcionarios del gobierno.
A causa de esta actividad, los ejecutivos de las empresas multinacionales se encuentran asegurados con pólizas que según una fuente privada son las más altas del mundo.
Los servicios incluyen el pago equivalente al sueldo de la víctima durante el tiempo de cautiverio y contratos con empresas extranjeras que extraoficialmente cuidan a sus clientes o negocian sus rescates.
Un asecto del manejo de estas actividades quedó al descubierto con la captura el día 17 del ciudadano alemán Werner Mauss y su compañera.
En el momento de su detención, la pareja se disponía a sacar del país a Brigitte Shonne, también alemana, quien había sido secuestrada tres meses antes por un comando del insurgente Ejército de Liberación Nacional (ELN).
En opinión del gobernador de Antioquia, Alvaro Uribe, Mauss es un "cazarecompensas" que negoció con el ELN la liberación de Schonne (esposa de un ex ejecutivo de una multinacional alemana), por 1,5 millones de dólares.
El comandante de la policía, Rosse Serrano, afirmó igualmente que se tienen indicios de que Mauss, quien además tiene un amplio historial como detective privado en Alemania, tiene relaciones con la guerrilla desde hace diez años.
Sin embargo, para el consulado de Alemania en Medellín, donde se produjo la captura de Mauss, su gestión era de tipo humanitario.
En opinión de Uribe, la captura de Mauss, presenta "la oportunidad para trabajar y desmantelar la red internacional de complicidad que existe con la guerrilla".
El secuestro ha proporcionado importantes recursos a la delincuencia común, con los que las bandas han perfeccionado su actividad.
Según algunos analistas, en esta franja el secuestro puede identificarse como parte de la llamada "neocultura" de la que también forman parte el narcotráfico y la drogadicción y que tiene como causas la pobreza, la impunidad y el deseo de enriquecimiento fácil.
Para enfrentar esta actividad, la Fundación País Libre ha liderado un movimiento que hará su primera aparición pública el domingo 1 de diciembre con una movilización en Bogotá, en la que participarán diez gremios empresariales y varias ONG.
Según el presidente de País Libre, Francisco Santos, que estuvo secuestrado en 1990 por un grupo insurgente, "por algo hay que comenzar" en un país donde se secuestra "por un mercado (una canásta básica de alimentos que equivale a dos salarios mínimos (300 dólares) o por mil dólares".
La movilización, en opinión de Santos, busca "despertar a la sociedad civil" y que "los actores de este conflicto razonen" para poner fin a esta actividad violatoria de los derechos humanos. (FIN/IPS/yf/jc/hd/96
