El retiro de una querella contra la líder comunista Gladys Marín y el rechazo de la Corte Suprema de una solicitud del ejército fueron consideradas hoy sendas derrotas del ex dictador Augusto Pinochet.
Así mismo, los hechos mejoran la imagen de Chile en vísperas de la VI Cumbre Iberoamericana, según comentaristas y dirigentes políticos.
El ex dictador (1973-90) y actual comandante del Ejército desistió este jueves de una acusación judicial contra Marín, presidenta del Partido Comunista (PC), quien estaba encarcelada desde el martes por supuestas injurias contra el general.
Marín recuperó su libertad pocas horas antes de que el pleno de la Corte Suprema de Justicia acordara por amplia mayoría rechazar una solicitud del ejército para que instruyera a los jueces en la "fiel" aplicación de la ley de amnistía de 1978 en procesos por violación de derechos humanos.
Tanto el encarcelamiento de la líder del PC como la renovada presión militar en busca de la impunidad para los delitos represivos reflotaron la imagen de un Chile con una restauración democrática incompleta y supervigilada por un poder castrense.
La presidenta del PC estaba procesada por "injurias y calumnias" contra Pinochet. La querella se basó en un discurso que Marín pronunció el 11 de septiembre, en el aniversario 23 del golpe de estado de 1973, en el que aludió a la responsabilidad del ex dictador en más de 2.500 crímenes contra los derechos humanos.
El ministro de Relaciones Exteriores, José Miguel Insulza, admitió el miércoles que la detención de Marín, quien encabeza la principal fuerza de oposición de izquierda, afectaba internacionalmente el país.
El deterioro de la imagen del país preocupaba al gobierno de Eduardo Frei, que será anfitrión de la VI Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de gobierno, a realizarse del 7 al 11 de este mes.
Marín fue declarada presa de conciencia por Amnistía Internacional y el Parlamento Europeo demandó su libertad, mientras en todo el mundo se generaban reacciones de solidaridad con la presidenta del PC y de repudio a la actitud de Pinochet.
En el frente interno, los líderes de los cuatro partidos de la oficialista Concertación por la Democracia se solidarizaron asímismo con la dirigente izquierdista, quien reclamó un pronunciamiento del gobierno respecto de su detención.
Algunos ministros, como la independiente Josefina Bilbao, del Servicio Nacional de la Mujer, y el socialista Ricardo Lagos, de Obras Públicas, repudiaron a título personal el encarcelamiento de Marín, pero el gobierno no emitió juicio sobre el caso.
La Corte Suprema ordenó el jueves la inmediata liberación bajo fianza de la presidenta del PC y pocas horas después, Pinochet anunció el desestimiento en la querella, por "razones de Estado y humanitarias".
El ex dictador acogió asi una "expresa petición" del ministro de Defensa, Edmundo Pérez, quien le transmitió, según trascendió, la preocupación gubernamental por el normal desarrollo de la Cumbre Iberoamericana.
La persecución judicial de la dirigente comunista dejaba incluso en posición desairada a partidarios de Pinochet que se proponen realizar durante la cumbre manifestaciones contra el presidente de Cuba, Fidel Castro, a quien acusan de "dictador y violador de los derechos humanos".
Marín calificó el desestimiento de la querella de derrota de Pinochet impulsada por la presión internacional, y reiteró sus expresiones del 11 de septiembre sobre el dictador. Agregó que se trató de una crítica de carácter político.
La libertad de la líder comunista coincidió con el cierre de otro episodio judicial, abierto el 4 de octubre por el Ejército, que solicitó a la Corte Suprema que haga aplicar "fielmente" la ley de amnistía de 1978.
En Chile parmanecen abiertos unos 200 procesos por desapariciones forzadas, con citaciones judiciales a los oficiales involucrados. El asunto "crea una inquietud altamente inconveniente entre el personal", según el Ministerio Público Militar.
La solicitud castrense tuvo como antecedente la aplicación de la amnistía en el asesinato del diplomático español Carmelo Soria y el posterior rechazo en la Cámara de Diputados de una acusación constitucional a los cuatro jueces que emitieron ese fallo.
La tesis de Pinochet es que la amnistía implica el cierre inmediato de los procesos, sin investigación judicial, una vez establecido que los hechos fueron cometidos entre marzo de 1973 y marzo de 1978, el periodo cubierto por la ley.
La interpretación de esa ley ha sido objeto no sólo de actitudes disímiles entre los jueces, sino también germen permanente de debate político desde la restauración democrática en marzo de 1990.
Catorce de los 15 ministros del pleno de la Corte Suprema rechazaron este jueves la presentación del Ejército, puntualizando que constituía una "injerencia externa inadmisible", que atenta contra la independencia de los jueces.
Sola Sierra, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, aplaudió el dictamen de la Corte, que impide la imposición de un "punto final" en el juzgamiento de los crímenes represivos que buscaba la impunidad de sus autores.
Sierra advirtió, no obstante, que en el último tiempo la tendencia predominante en muchos tribunales ha sido el sobreseimiento de los procesos mediante la aplicación de la controvertida ley de amnistía. (FIN/IPS/ggr/ff/hd/96
