La conservación de la biodiversidad depende en gran parte del reconocimiento de los derechos de las comunidades locales sobre sus saberes y recursos genéticos, señalaron expertos de organizaciones no gubernamentales (ONG).
La Convención de la Diversidad Biológica, aprobada en 1992 en la Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente de Brasil, reconoce la necesidad de un "reparto equitativo" de los beneficios generados por el conocimiento tradicional, dijo Juliana Santilli, asesora jurídica del Instituto Socioambiental (ISA).
Pero ese principio genérico exige que en cada país se apruebe una legislación que establezca criterios y mecanismos de compensación por la conservación, domesticación y diversificación biológicas practicadas por las comunidades, señaló.
La experta del ISA, una organización no gubernamental con sede en Brasilia, se dedica especialmente a la defensa de los derechos indígenas.
Una de sus preocupaciones, compartida por otras ONG y por líderes indígenas, es incorporar en un proyecto de ley que se tramita en el Senado mecanismos efectivos que aseguren los derechos de los indios.
El proyecto de ley de acceso a recursos genéticos, presentado hace cuatro meses por la senadora Marina Silva, del izquierdista Partido de los Trabajadores, es "pionero" en sus características, pero hay propuestas similares en Malasia y Colombia, según Santilli.
La iniciativa colombiana, elaborada por un Grupo Ad Hoc de Biodiversidad, establece "derechos soberanos e inalienables" de la nación sobre la diversidad biológica, y que "el ejercicio de esa soberanía sea compartida con la sociedad civil".
El proyecto malayo, de la Red del Tercer Mundo, prohibe la exclusividad de uso comercial por personas o empresas, reconoce la custodia legal de las comunidades locales e indígenas y su derecho a un mínimo sobre las ventas brutas de productos o procesos de innovación bajo su égida.
En Ecuador, añadió Santilli, rige una ley según la cual la biodiversidad del país es de propiedad del Estado y su uso es un "bien público" no apropiable. A su vez deja bajo reglamentación presidencial los "derechos ancestrales de las comunidades indígenas".
Lo importante, sostuvo la abogada, es que las comunidades indígenas sean "parte del contrato de acceso a los recursos genéticos ubicados en su territorio", y no sólo que se las consulte o informe.
El contrato, precisó, debe de ser tripartito, entre el Estado propietario, la comunidad usufructuaria y la empresa o persona interesada en el recurso genético.
La compensación a los indígenas, por el material genético vegetal o animal encontrado en sus territorios, ya es práctica habitual en varios países.
En Brasil, la Empresa de Investigaciones Agropecuarias firmó un convenio con la Fundación Nacional del Indio, órgano que ejecuta la política oficial de protección a esa población, por el cual se deben pagar "royalties" por el uso de conocimientos indígenas .
El convenio permite además, que los indígenas recuperen variedades tradicionales que dejaron de cultivar al haber sido tentados por semillas mejoradas y promovidas por técnicos gubernamentales.
Los indios krahs, del centro-oeste, por ejemplo, adoptaron un maíz híbrido, más productivo, pero de grano duro, más adecuado a la alimentación de animales y no al tipo de suelo y clima de su territorio. Quisieron volver a sembrar la variedad nativa del pasado, pero ya no disponían de sus semillas.
El banco de germoplasma de la Empresa de Investigaciones Agropecuarias les permitió recuperar el viejo maíz.
Asegurar los derechos de las comunidades de agricultores sobre el material genético que conservaron y diversificaron es mucho más complejo, observ óJean Marc Van der Weid, coordinador de otra ONG, la Asesoría y Servicios para Proyectos de Agricultura Alternativa.
Las comunidades indígenas tienen una definición precisa, incluso territorial, a diferencia de las campesinas. Ello dificulta un mecanismo de compensación o remuneración del conocimiento.
Lo ideal es que no haya restricciones a la reproducción de material genético para la siembra o el intercambio entre los agricultores, que eso "no sea un negocio", opinó el experto.
"El conocimiento colectivo e histórico no debería ser privatizado", pero son fuertes los intereses empresariales en ese sentido, admitió. (FIN/IPS/mo/dg/en-pr/96
