En América Central, los procesos de gobernabilidad que impulsan los países parecen perderse entre el mito de la democracia perfecta y la realidad de una inseguridad jurídica y social que hace incluso soñar a algunos sectores con el retorno de las dictaduras.
Tras una conferencia sobre justicia y seguridad ciudadana en América Central que concluyó este fin de semana en Honduras, expertos advirtieron que la frágil democracia en la región exige de un rápido fortalecimiento de las instituciones para evitar un nuevo estallido social.
Pero el fortalecimiento no debe centrarse sólo en la promoción de reformas teóricas en materia de justicia y derechos humanos, sino en acciones concretas que permitan a la sociedad civil percibir cambios reales en sus demandas, puntualizaron.
Los centroamericanos "vivimos una democracia formal en aspectos electorales, y creemos que con elecciones cada cuatro o seis años, hacemos gobernabilidad", dijo el ex presidente de Guatemala Ramiro De León.
"La gente se pregunta cuál es el resultado de la democracia y para qué votan, si los problemas de pobreza, violencia y delincuencia persisten. Entonces añoran volver a las dictaduras y esto es muy peligroso", agregó.
Al alertar sobre el regreso de estas formas de autoritarismo, el ex presidente de Guatemala dijo que era preciso fomentar una gobernabilidad democrática en donde la estructura judicial se convierta en la punta de lanza que llene realmente las inquietudes de la población.
Es necesario, sostuvo, una reforma judicial que no quede sólo en estructuras, sino que llegue a tiempo para que no haya presos sin condena, violaciones de derechos humanos y desconocimiento de la ley por parte de jueces, fiscales y autoridades de investigación.
Para el ex presidente de Costa Rica Rodrigo Carazo, la región está viviendo en la agonía del siglo XX, un "fin de la paciencia" ligado a la injusticia, la impunidad, la corrupción y los programas de ajuste neoliberales.
En materia de gobernabilidad, "vivimos la esencia de un mito frente al desastre de una realidad al perderse la credibilidad sobre los valores institucionales, en este caso los políticos y sus partidos", aseguró.
El ex mandatario costarricense dijo que parecería que la ingobernabilidad, vista como la ausencia de justicia, "es una forma de vida en América Central", donde al menos el 53 por ciento de sus habitantes -unos 30 millones- dice no creer en los políticos, según las encuestas.
El problema de la gobernabilidad en la región, enfocado a la justicia y la seguridad de sus habitantes, fue objeto de un debate promovido por el gobierno de España y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El mismo sirvió de marco para anunciar el financiamiento de un programa regional de gobernabilidad para cuatro años que busca evitar un nuevo estallido social en el istmo, mediante el fortalecimiento de la justicia y la procuraduría en derechos humanos.
La pena de muerte se aplica actualmente en El Salvador y Guatemala, pero hay intentos por querer llevarla a Honduras y Costa Rica, se señaló en el foro.
Ignacio Berdugo Gómez de la Torre, rector de la Universidad de Salamanca en España, dijo que alentar el retorno de la pena de muerte es atentar contra las democracias y los derechos humanos.
Ninguna nación democrática "debe permitir un acto tan abominable como quitarle la vida a un ser humano. Lo que hay que hacer es fortalecer las leyes y vigilar por su aplicación y cumplimiento", sentenció.
El foro recomendó una mayor participación de la sociedad civil en las acciones que en materia democrática y de gobernabilidad debe emprender la región, a fin de evitar un distaciamiento que permita un retorno a las dictaduras. (FIN/IPS/tm/ag/ip/96
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