Mientras 162 gobiernos discutían normas para conservar la biodiversidad, usarla de modo sostenible y repartir beneficios, algunos países ya son escenario de proyectos que cumplen todas las recomendaciones de la Convención de Diversidad Biológica.
Expertos de Argentina, Chile, México y Estados Unidos estudian desde 1993 el potencial de la vegetación de zonas áridas para su aplicación en la medicina. Las muestras son enviadas a la Universidad de Arizona, donde la argentino-estadounidense Bárbara Timmermann comanda el proyecto.
Timmermann ya advirtió que si su equipo logra alguna patente, 50 por ciento irá a un fondo para la conservación y para los habitantes del lugar, y 50 por ciento a los organismos y unversidades que intervinieron en la recolección, incluyendo uno por ciento para el sabio de la comunidad que los orientó sobre usos de la planta.
El proyecto ya arrojó algunos resultados. Cuarente de casi 3.000 extractos de zonas desérticas analizados resultaron interesantes, y una decena podría ser promisoria, según los expertos intervinientes, que prefieren esperar la finalización de su tarea en 1998 para revelar detalles.
"Nada de giros de estado a estado para que el receptor redistribuya, (pues) los estados suelen olvidarse de hacerlo", declaró Timmmermann, cuyo proyecto fue ideado estrictamente sobre la base de los tres objetivos de la Convención de Diversidad Biológica, firmado en 1992 en la llamada Cumbre de la Tierra, de Río de Janeiro.
La Convención, suscripta por 162 naciones, exige conservar la biodiversidad concentrada en los países en desarrollo, usarla de manera sostenible y repartir los beneficios de los recursos genéticos.
Este último punto determinó a Estados Unidos, presionado por los intereses de su industria, a resistirse a firmar la Convención el convenio en la cumbre de Río.
Los recursos genéticos se utilizan fundamentalmente en la fabricación de medicamentos y de cosméticos, en la agricultura y en la industria de la alimentación, y la concentración de tecnología y recursos humanos están en el Norte industrializado.
De ahí la negociación entablada en la Tercera Conferencia de las Partes de la Convención, comenzada el 4 de este mes en Buenos Aires y a prolongarse hasta el próximo viernes, que busca consenso sobre normas que hagan realidad los principios del documento.
Pero mientras los representantes gubernamentales discuten por el atraso del Norte industrial en transferir tecnología y recursos financieros al Sur en desarrollo, los proyectos de biodiversidad avanzan silenciosamente en muchos países y arrojan resultados exitosos.
La Fundación Patagonia Natural, de Argentina, evaluó la degradación del ecosistema marino en la región sudoriental de este país, sobre el océano Atlántico, con dinero del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF, por sus iniciales en inglés).
Ahora, la misma fundación elabora un proyecto para el manejo sostenible de ese ecosistema, rico en especies naturales pero afectado por la contaminación de las costas. Esta segunda etapa también tendrá financiamiento del GEF.
Se trata de uno de los escasos programas conducidos por organizaciones no gubernamentales (ONG) que han recibido financiamiento de ese fondo.
La mayoría de los recursos del GEF se destinan a gobiernos que realizan en inventario de especies o que necesitan urgentemente dinero para crear áreas de protección de ecosistemas amenazados por sobrecarga de animales, por la agricultura intensiva o la tala indiscriminada.
Comunidades del área rural de Zimbabwe desarrollaron el proyecto Campfire, de manejo de reservas, que permite aprovechar recursos naturales para el turismo, especialmente para la caza deportiva, sin afectar las especies en riesgo de extinción.
También los gobiernos, pese a las quejas de las ONG, implementaron algunas estrategias y marcos legales para la aplicación de la Convención.
Por ejemplo, China acaba de finalizar la clasificación completa de su biodiversidad, y Noruega organizó este año una reunión de expertos sobre especies desconocidas. México y Costa Rica impulsaron la creación de centros de monitoreo de recursos naturales.
En tanto, las naciones andinas (Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia) y Filipinas avanzaron en la legislación que regula el acceso a recursos genéticos, de modo tal de repartir beneficios entre el país huésped y las empresas que pretendan explotar esos recursos.
La conferencia que se lleva a cabo en Buenos Aires con asistencia de más de 1.500 delegados, podría ser el símbolo de una pura retórica, si no fuera por el desarrollo de proyectos que siguen a rajatabla las pautas escritas de respeto a la naturaleza y a su potencial. (FIN/IPS/mv/ff/en/96
