Organizaciones no gubernamentales (ONG) e indígenas de América Latina, reunidos en la capital de Argentina, manifestaron hoy temor a que la Convención sobre Diversidad Biológica se convierta en una herramienta jurídica para legitimar el saqueo de recursos naturales.
En diálogo con IPS, Leonor Salabaka Torres, de la Confederación Indígena Tayron, de Colombia, advirtió que la Convención "puede tener el propósito de respetar la biodiversidad, pero también hay intereses mercantilistas que buscan aprovechar nuestros conocimientos milenarios y legalizar el saqueo" de recursos genéticos.
Margarita Flores, del Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos, anunció que las ONG reclamarán que se detenga la aplicación de la Convención hasta restablecerse las relaciones de equidad entre las partes. "No se están cumpliendo sus objetivos", aseguró.
"Queremos que los países rechacen el convenio o que expresen su negativa a volver a reunirse", explicó.
En este clima de críticas y cuestionamientos, representantes indígenas y de ONG iniciaron este miércoles un foro paralelo a la Tercera Conferencia de las Partes de la Convención sobre Diversidad Biológica, que comenzó a sesionar el día 4, con unos 1.500 delegados de 162 países del mundo.
Los delegados gubernamentales se proponen avanzar en la implementación de reglas para la conservación de la biodiversidad concentrada en el mundo en desarrollo, promover su uso sostenible e impulsar mecanismos para compartir los beneficios económicos del aprovechamiento de los recursos.
Entre tanto, las ONG y los pueblos indígenas se debaten entre el reclamo de aplicación inmediata de los principios de la Convención, la desconfianza ante los intereses económicos que se ocultarían tras las posiciones de los estados, y el escepticismo respecto del cumplimiento de los objetivos ideales del tratado.
La Convención, aprobada en 1992, reconoce el saber y las innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas, y que el estilo de vida de esos pueblos es compatible con la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica.
También considera que esos conocimientos deben aplicarse ampliamente, con la aprobación y participación de los indígenas, reconociendose sus derechos por la utilización de ese saber.
"Nosotros teníamos una gran expectativa cuando la Convención se creó. Fue uno de los primeros casos en la historia del derecho internacional de aprobación de un convenio que no venía redactado, sino que había sido negociado entre los países industrializados y el mundo en desarrollo", dijo Flores.
El documento impone "una serie de obligaciones de los países". Pero "ninguno de los objetivos se cumple, se sigue avasallando a las culturas tradicionales y se piensa en los recursos genéticos sólo como una mercancía que se compra y se vende", añadió.
Flores se manifestó de acuerdo en que los estados regulen el acceso de las empresas a los recursos naturales, aunque rechazó el monopolio de las transnacionales, especialmente en el sector farmacéutico, y señaló la falta de participación de los indígenas en las decisiones de los gobiernos.
Al respecto, Salabaka explicó que los pueblos indígenas se vieron arrastrados a discutir en unos términos que les son ajenos y que los colocan en desventaja. Se refirió así a la diferencia de cultura, de desarrollo tecnológico y de concepciones en torno de la propiedad intelectual.
La dirigente expresó temor en que la intención de los países sea "poner a una parte de la humanidad, en este caso a los indígenas, a custodiar los recursos, para que otros tengan la posibilidad de explotarlos cuando quieran, pagando por ello".
Los indígenas consideran que sus conocimientos no pueden pertenecer a un individuo o a una empresa, sino que son de la comunidad, de sus generaciones pasadas, presentes y futuras.
Por eso, en una reunión realizada el fin de semana, las ONG y pueblos indios de América Latina denunciaron la "biopiratería" y rechazaron "enérgicamente" la propiedad intelectual sobre el conocimiento milenario de las comunidades en materia de diversidad biológica.
No rechazan la Convención, sino que consideran que los gobiernos desvirtúan sus objetivos originales.
"No estamos en contra del convenio, queremos que se establezcan unos parámetros de respeto mutuo", subrayó Salabaka. "Es sumamente peligroso que se quiera ahora negociar algo que durante milenios no se negociaba: nuestros conocimientos, nuestra forma de vida, nuestros valores", aclaró.
Al respecto, las ONG latinoamericanas entienden que el reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual sobre la diversidad "responde a intereses distintos a los del convenio, y está dirigido a respaldar las inversiones hechas por las multinacionales".
"Por eso, creemos que el convenio no debería de ninguna manera reconocer los derechos de propiedad intelectual sobre materia viva o sus derivados, ni promover la bioprospección", se puntualizó en el documento de conclusiones de la reunión.
El documento fija así una posición contraria a la que promueven los estados parte de la Convención, que se proponen elaborar normas de reconocimiento de las innovaciones y conocimientos de los pueblos indígenas, en nombre de esas comunidades, pero sin su aval. (FIN/IPS/mv/ff/en pr/96)
