Uruguya intentará controlar antes del siglo XXI los bolsones de pobreza de su población, en los cuales persisten severos problemas de hambre, para fortalecer su situación alimentaria general, una de las mejores de América Latina.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ubicó a Uruguay en su último informe entre los países de la región que tienen una relativa seguridad alimentaria.
El consumo del país oscila entre 2.500 y 2.700 calorías por habitante y por día, frente a un mínimo aconsejado por FAO de 2.310 calorías.
La FAO organiza la Cumbre Mundial de Alimentación que, con asistencia de unos 100 jefes de Estado y de gobierno, concertará a partir de este miércoles en Roma una amplia alianza contra el hambre, que afecta a 800 millones de personas en el Sur en desarrollo.
El gobierno uruguayo identifica un amplio sector de la población que vive bajo una severa pobreza y en el cual persisten el hambre y la desnutrición.
En esas areas "de mayor criticidad, se aprecia una profundización de la marginalidad social, lo que posiblemente esté asociado a una criminalidad (…) que muestra una mayor violencia y diversidad", dice un informe del gobierno.
A juicio de las autoridades, esta situación debe enfrentarse mediante políticas socio-demográficas que combinen acciones de apoyo a la familia en todas las áreas.
"El objetivo es combatir los bolsones de pobreza que persisten pese al avance que se registró a partir de la recuperación de la democracia", dijo a IPS Alejandro Bonasso, presidente del Instituto Nacional del Menor (INAME).
Bonasso señaló que los datos de la FAO sobre el suministro de alimentos es de comienzos del actual decenio y que desde entonces la situación de Uruguay mejoró.
Entre 1973 y 1985 Uruguay estuvo gobernado por una dictadura militar. A partir de la reinstitucionalización se tomaron medidas que "permitieron revertir una situación preocupante", señaló Bonasso, ex director del Instituto Nacional de Alimentación.
En 1984 había 770.000 habitantes con necesidades básicas insatisfechas, y en 1995 ese número disminuyó a 415.000 personas, mientras la mortalidad infantil se redujo 40 por ciento en los últimos doce años.
A juicio de Bonasso, la relación entre desnutrición y mortalidad infantil es un dato relevante, porque indica claramente que en Uruguay no existe actualmente riesgo de desnutrición aguda.
Sin embargo, advirtió que es necesario retomar censos nacionales de talla y edad, que se dejaron de hacer, porque permiten tener un control permanente, ya que si el niño carece de la altura adecuada de acuerdo con los parámetos internacionales, puede estar presente la desnutrición.
"Este es un instrumento fantástico que puede ser utilizado con gran utilidad por la red estatal y privada que en Uruguay ha permitido los avances que señalo", dijo el funcionario.
Según un estudio del INAME y el Instituto Ineramericano del Niño, concluido la semana última, en Uruguay se cuentan 494 instituciones privadas sin fines de lucro y organizaciones no gubernamentales que atienden los problemas de niños y adolescentes entre cero y 18 años.
De estas, 91 por ciento ofrecen alimentación en diversas modalidades, que oscilan entre total y diaria o complemento parcial.
A esa tarea se añaden los programas estatales de alimentación a través del Instituto Nacional de Alimentación, que cubre siete por ciento de la población, y acciones de complementación alimentaria materno-infantil en los servicios de salud pública, escolares y en hogares de ancianos.
Esta conjunción de acciones entre organizaciones privadas y el Estado es lo que ha permitido avanzar significativamente en los últimos 12 años, por lo que en muchos casos la falta de asistencia se ubica en la responsabilidad de las personas o un asesoramiento inadecuado, dijo Bonasso.
Mientras, Alejandro Schetjman, experto de la oficina regional de FAO en Santiago de Chile, indicó que la seguridad alimentaria en cada país no depende sólo de la disponibilidad de alimentos.
La dotación de una adecuada infraestructura de agua potable y servicios sanitarios, que permita una preparación óptima de los alimentos, es un ángulo no siempre considerado en las políticas de alimentación, dijo el experto.
El 93,5 por ciento de la población urbana uruguaya tiene acceso a agua potable y 81 por ciento de la población total tiene conexión directa a esos servicios. El abastecimiento de agua potable está asegurado hasta el 2015.
Con el aporte del Banco Interamericano de Desarrollo, en 1997 terminará de instalarse un sistema de saneamiento en Montevideo, donde vive 45 por ciento de la población total, y el servicio se ampliará en varias ciudades del interior.
Sin embargo, la Ciudad de la Costa, a 25 kilómetros del centro de Montevideo, la zona de mayor crecimiento de América Latina en la última década, aún carece de sistema de saneamiento de aguas servidas. (FIN/IPS/rr/ff/dv/96)
