La alta criminalidad que sufre Sudáfrica dificulta la pacificación de un país hasta hace poco enardecido por leyes racistas, pues ha provocado un auge de los grupos de autodefensa, las empresas privadas de seguridad y las viviendas amurallados.
Cada vez más y más ciudadanos de Sudáfrica se manifiestan dispuestos a combatir la criminalidad con sus propios medios, pues la policía parece incapaz de enfrentar con éxito a los delincuentes.
Además, en los barrios ricos florecen grupos de viviendas que cuentan con avanzadas medidas de seguridad está, lo cual ha generado malestar en la población negra. Para muchos, el fenómeno constituye de hecho un renacimiento del "apartheid" (segregación racial institucionalizada).
Los Tunstall, un matrimonio de ancianos blancos, se animan pocas veces a visitar el centro de Johannesburgo, y cuando lo hacen ella maneja y mientras él vigila con el revólver a mano.
"Tengo una pistola de nueve milímetros en el regazo, con un diario encima. Si alguien pretende robar el auto, intentará disparar. Y yo no me entregaré como un cordero", dijo Peter Tunstall, de 78 años, piloto retirado de la Real Fuerza Aérea.
La tasa anual de homicidios de Sudáfrica es de 45 por 100.000, cuando el promedio mundial es de 5,5. La proporción de robos de autos asciende a 840 por 100.000 vehículos, mientras el promedio mundial es de 142. El tráfico de drogas, el escalamiento de edificios, las violaciones y otros crímenes están en auge.
La provincia de Gauteng, donde está Johannesburgo, es el área más afectada.
El gobierno del presidente Nelson Mandela hizo del combate contra el crimen su mayor prioridad el año pasado, en medio de reclamos para que declare el estado de emergencia o despliegue al ejército para restaurar el orden.
El gobernante Congreso Nacional Africano, además, ha criticado la existencia de residencias amuralladas. Mbulelo Musi, vocero del Ministerio de Seguridad de la provincia de Gauteng, dijo que representan una división racial en un país que trata de reconciliarse.
La fuerza policial de Sudáfrica, que, con 145.000 funcionarios, ocupa a tres de cada mil habitantes, se ha achicado y, como consecuencia, los civiles asumieron la lucha contra la delincuencia como una cuestión personal.
La indignación pública ante el fracaso de la justicia criminal derivó en el fusilamiento y cremación del malhechor Rashaad Staagie por el grupo comunitario Gente contra el Gangsterismo y las Drogas (PAGAD), una organización radical del barrio Cape Flats.
Y hay muchísimos casos, aunque menos extremos, de combate contra el crimen a cargo de civiles, especialmente grupos de estilo militar que patrullan los barrios en vehículos blindados y construyen puestos de vigilancia que parecen fortalezas.
"Los sudafricanos ya se han rebelado. No es posible que la policía esté ocupada 24 horas al día para todos los que la llaman. Nuestra operación es una respuesta a esta situación", dijo un integrante del grupo de vigilancia Neighbourhood Watch 803 que reclamó reserva sobre su identidad.
Neighbourhood Watch 803 tiene su base en Randburg, en el norte de Johannesburgo, y tiene ramas en todo el país. Algunos de sus 15.000 integrantes desempeña tareas de prevención de delitos junto al ejército. Otros trabajan con empresas privadas de seguridad, un negocio que también está en auge.
Más de 80 por ciento de los 750 jefes de familia de Henley-on- Klip, muy cerca de Johannesburgo, trabajan activamente en el mantenimiento de la seguridad como miembros de Neighbourhood Watch 803.
Cuando los vecinos se ausentan, se incluyen sus viviendas en un boletín informático y sus casas reciben especial atención. La organización también atiende a quienes sufren un ataque al corazón, contiene erupciones de géiseres, mata víboras peligrosas y rescata gatos que suben a los árboles.
Otro grupo de mantenimiento de la seguridad, Henley Watch, del que Tunstall es fundador y ex presidente, cuenta con equipos tan avanzados que donó los aparatos de visión nocturna que usó durante muchos años a la policía.
Henley Watch también posee más de 40 radios, luces poderosas, sesiones regulares de entrenamiento y unidades especiales de reacción rápida. Los bienes de la organización tienen un valor de 22.000 dólares estadounidenses anuales, y su presupuesto anual asciende a 22.000.
Tunstall, quien efectuó en persona un arresto el año pasado, alienta a los sudafricanos a defenderse para impedir que los delincuentes gobiernen el país.
"Nunca hemos lastimado a nadie, ni hemos disparado contra persona alguna. Pero si debemos hacerlo, no sabremos lo que nos pasaría de acuerdo con las leyes vigentes", dijo, pues, según él el sistema legal ofrece más protección a los criminales.
Fuertes sistemas de seguridad que incluyen muros electrificados florecen en los barrios septentrionales de Johannesburgo, donde los blancos son predominantes. En algunas áreas, el personal doméstico de las residencias debe portar una tarjeta de acceso.
"Sin mi tarjeta no puedo entrar a trabajar. Vine a la mañana y me iré a la noche. Mis patrones no permiten que nadie me visite", dijo Mashadi, una empleada doméstica negra en un grupo de viviendas amurallado en el vecindario Forways.
"El refugio perfecto. Apartamentos de dos y tres habitaciones, grandes paredes, excelente seguridad, muro electrificado, control de acceso", dice un cartel promocional de uno de ellos.
El surgimiento de estos grupos de viviendas ha provocado molestias entre la población negra.
Para muchos, estas construcciones tienen la intención de reavivar la Ley de Areas que confinó a las distintas razas a diferentes barrios y relegó a los negros a las zonas más densamente pobladas y carentes de servicios, como Soweto.
"Medidas como éstas violan el derecho de las personas a la libertad de movimientos. Todo lo que se haga para combatir el crimen debe efectuarse de conformidad con la ley, porque de lo contrario se trata de un delito", dijo Musi.
Pero Jack Bloom, legislador de la provincia de Gauteng por el Partido Democrático, sostuvo que el auge de estas viviendas es, de hecho, "un voto de censura" contra el gobierno.
"Otras reacciones, como el cierre de caminos, son indeseables, pero la gente no advierte otra posibilidad", dijo Bloom a IPS.
El legislador argumentó que los ciudadanos tienen derecho a vivir en viviendas cerradas y manifestó que negros y blancos se mezclan en muchos de esos conjuntos. "Esto no es un problema racial sino una respuesta de toda la gente", aseguró. (FIN/IPS/gm/jm/kb/mj/ip pr/96
