Canadá y su provincia occidental de Alberta podrían ser multados por violaciones de las normas laborales del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), que une a ese país con Estados Unidos y México.
Abogados de Canadá y Estados Unidos interpondrán un recurso legal contra la privatización de los servicios de inspección de condiciones laborales de Alberta, disposición que, afirman, sería violatoria del TLC.
"No sé de ninguna otra jurisdicción de América del Norte que haya hecho algo similar", dijo Jeffrey Sack, abogado de Toronto con experiencia en conflictos legales internacionales.
Todo país, estado o provincia del TLC que rebaje sus criterios de regulación laboral deberá pagar una multa basada en un porcentaje de su comercio en bienes y servicios con otras jurisdicciones de la zona de libre comercio, si así lo determina un arbitraje, según el acuerdo.
El gobierno de Alberta ahorrará unos dos millones de dólares estadounidenses al privatizar su servicio de inspecciones laborales, anunció la portavoz del Departamento de Trabajo de la provincia, Charlotte Morgan.
Como la mayoría de los estados, provincias y naciones del TLC, Alberta posee una legislación sobre condiciones de empleo, salario, jornada laboral, licencias y trabajo infantil.
Pero la vigilancia y administración de esas normas se delegó en compañías privadas que recibirán comisiones de hasta 140 dólares estadounidenses por cada caso legal más un incentivo por resolución rápida.
La recaudación de los fondos destinados al pago de deudas a ex empleados por parte de las empresas infractoras también será manejada por agencias privadas.
Alberta tiene la proporción más baja de sindicalización de trabajadores entre todas las provincias canadienses. Apenas un cuarto de los empleados pertenecen a sindicatos.
Por eso, la provincia depende para la inspección de unos pocos inspectores, dijo Winston Gereluk, vocero del Sindicato de Empleados Provinciales de Alberta, quien participa en el planteamiento de la queja ante el TLC.
La privatización de la inspección laboral es parte de un proceso de desregulación de la administración del gobierno desarrollado por la provincia de Alberta desde el año pasado.
Esta norma permite a la provincia delegar cualquier servicio o programa en el sector privado. Además de la inspección laboral, Alberta también privatizó la venta de bebidas alcohólicas y los registros de vehículos.
"Demandar a una empresa por un despido o por salarios adeudados es mucho más complicado que vender una botella de licor o renovar el registro de un automóvil", sostuvo el principal diario de la provincia, el Edmonton Journal, en un editorial.
El periódico afirmó que algunas funciones, como garantizar el respeto de los derechos legales de las personas, son parte de un proceso público y, por lo tanto, no deben ser una actividad que depare lucro a terceros.
Cuando Canadá firmó el TLC, asumió la obligación de asegurar el cumplimiento y el control efectivo de las normas laborales, dijo Sheila Greckol, presidenta de la Asociación Canadiense de Abogados Laboralistas, organización que presentará la querella contra Alberta.
"La provincia podría estar obligando a los trabajadores que ya sufren una considerable tensión a depender de un sistema de servicios conducido por agencias cuyo interés no sea, quizás, obtener justicia para ellos", afirmó Greckol.
Los empleados podrían, en caso de no sentirse satisfechos con los resultados de las demandas efectuadas por esas agencias, a apelar ante el Departamento de Trabajo de Alberta, pero la abogada sostuvo que ese camino no es seguro.
"De hecho, la dirección que está tomando ese gobierno hace concebible que agencias que se esfuercen en defender a los trabajadores sean bloqueadas por el departamento", pronosticó Greckol.
Hasta ahora, no hubo querellas en materia laboral dentro del TLC que concluyeran con una sentencia de multa tras un proceso de arbitraje.
Areas que no están cubiertas por el arbitraje, especialmente los gobiernos que no controlan la aplicación de sus propias normas laborales, concluyeron con meras consultas ministeriales.
México intentó restringir la amplitud del TLC en materia laboral durante las negociaciones del tratado, según Sack.
El bloque ya atendió casos que involucraron a trabajadores estadounidenses y mexicanos en los cuales corporaciones multinacionales atacaron a sindicatos mediante despidos y, al menos, el cierre de una fábrica.
Pero la mala publicidad generada por estos episodios tuvo un efecto "intimidatorio", dijo Mark Hager, profesor de leyes en Washington y miembro de la organización Defensores de los Derechos Internacionales de los Trabajadores. (FIN/IPS/tra- en/pw/yjc/mj/lb/96
