Luego de largos intentos de concertación, el presidente de Panamá, Ernesto Pérez Balladares, optó por la confrontación con la sociedad civil y la oposición para recuperar la desgastada imagen de su gobierno.
El escándalo de los "narcocheques" en su campaña electoral, el polémico programa de ajuste económico implantado en los dos últimos años y la propuesta reelección presidencial han hecho caer la popularidad del gobierno de 74 a 42,8 por ciento desde marzo de 1995.
En tanto, la figura de Pérez Balladares bajó de 86,2 a 53,1 por ciento entre marzo de 1995 y agosto de 1996, según la última encuesta de la compañía internacional Dichter y Neira.
Entre tanto, los desempleados de la ciudad de Colón, en el Caribe, empleados públicos, profesores y maestros de la enseñanza oficial, estudiantes y grupos indigenas se han lanzado a las calles demanda de reivindicaciones.
Esa situación, aunada a las críticas que han comenzado ha aflorar dentro del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), propiciaron una escalada verbal y represiva de Pérez Balladares contra la oposición política y organizaciones de la sociedad civil.
Las amenaza de dar latigazos y el calificativo de "gallinas" proferido por Pérez Balladares a la oposición fueron interpretados por los analistas como el fin de la "luna de miel" propuesta por el presidente cuando asumió en septiembre de 1994.
El mandatario justificó sus amenazas en las constantes críticas sin fundamento realizadas por la oposición contra su gobierno, así como en la necesidad de castigar actos de violencia propiciados por los sindicatos y organizaciones de la sociedad civil.
A los partidos políticos les advirtió que no propiciará la concertación, como hizo al comienzo de su mandato, y que a partir de ahora impulsará sus proyectos "con todos los panameños que se quieran sumar, pero esta vez en la calle (y) no invitando por arriba sino al mismo pueblo".
Mientras, miembros de un grupo de desempleados de Colón que la semana pasada irrumpieron por la fuerza en el Ministerio de la Vivienda fueron condenados a 20 días de reclusión en la isla penal de Coiba, destinada a presos de alta peligrosidad.
La inusual sanción fue rechazada por líderes políticos y sindicales, grupos defensores de los derechos humanos, la Iglesia Católica y otras organizaciones de la sociedad civil hacia donde Pérez Balladares dirigió la concertación al principio de su mandato.
El analista independiente Roberto Eisenmann calificó la nueva postura de Pérez Balladares de "tendencia esquizofrénica", ya que por un lado convoca a la sociedad civil y los partidos políticos a un diálogo nacional y por otro apela a la confrontación.
El ex diputado Guillermo Cochez consideró que el presidente está resintiendo la nueva situación surgida dentro del PRD, tras las recientes críticas a su gestión por parte de dos reconocidos miembros de esa fuerza política.
El ex subsecretario general del PRD, Pedro Pereira, afirmó recientemente que bajo la dirección de Pérez Balladares dicha organización se ha transformado "en un partido electorero, de cuotas de poder, de rapiñas, de clanes y de bandas".
La posición de Pereira, quien fue ministro de Vivienda y embajador en Venezuela en la década del 80, fue secundada por Ramiro Vázquez, ex secretario general del PRD y antiguo líder de una tendencia de izquierda que actúa dentro del partido gobernante.
Cochez precisó que las críticas de Pereira y Vázquez "han sacado de sus casillas al equipo de gobierno, obligándolos a personificar esta pieza de teatro en donde insultan a la oposición para fortalecer su maltrecho fuero interno".
Adwin Cabrera, dirigente del opositor Partido Demócrata Cristiano (PDC), estimó por su parte que "el estilo arrogante y prepotente de gobernar de Pérez Balladares agudiza la crisis política que enfrenta su administración".
"El estilo de permanente confrontación y el no escuchar a los afectados por los ajustes económicos, con el pretexto de que la agenda gubernamental es la correcta, son parte de los problemas que enfrenta el gobierno", subrayó Cabrera. (FIN/IPS/sh/ag/ip/96
