Un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre los desórdenes que sacudieron a Jakarta en julio, fue visto como un destello de luz en el tenebroso y agitado clima político indonesio.
"Considerando la actual atmósfera política, donde la mayoría de la gente prefiere ponerse al reparo para que no peligre su futuro, uno debe concluir que la comisión es una de las pocas instituciones en este país que conserva intactos su valor e integridad", dijo el diario "Jakarta Post" en un editorial.
El informe, conocido la semana pasada, difiere marcadamente de la versión oficial sobre el estallido de violencia que causó cinco muertos, 23 desaparecidos y daños en autos y edificios por 45 millones de dólares.
Los disturbios comenzaron en la sede del Partido Demócrata Indonesio (PDI), donde los seguidores de Megawati Sukarnoputri, hija del extinto Sukarno, fundador de la república y primer presidente, organizaron una protesta para oponerse al despido de la dirigente, orquestado por el gobierno.
A su vez, los secuaces del líder progubernamental del PDI, Soerjadi, irrumpieron en las dependencias del partido el 27 de julio y desalojaron a los partidarios de Megawati, desencadenando violentos disturbios.
Los desórdenes se propagaron a las calles, donde se incendieron edificios, y unidades policiales y militares resultaron atacadas. Tropas de refuerzo lograron controlar la situación dos días despues.
Una de las víctimas, según la comisión, fue abatida a balazos, contradiciendo el informe militar que no hubo un solo disparo de arma de fuego cuando las tropas se desplegaron para sofocar el motín. Versiones oficiales tambien dijeron que no hubo evidencias de personas desaparecidas.
El hecho más importante fue que la comisión investigó más alla del simple recuento de víctimas, y se concentró en las circunstancias que determinaron la explosión de violencia, un factor que no se mencionó en absoluto en la versión oficial.
"El gobierno y el aparato de policial se han involucrado excesivamente y no han sido imparciales en sus funciones de supervisar asuntos políticos y de seguridad", expresó la comisión.
El informe acusó al gobierno y los militares de interferir en el problema de liderazgo interno en el PDI.
La semana pasada, un tribunal de Jakarta rechazó una demanda presentada por Megawati, que fue elegida presidenta del PDI en 1993 por un período de cinco años, contra Soerjadi y altos funcionarios oficiales, por realizar un congreso respaldado por el gobierno en la capital de Sumatra, Medan, en junio pasado.
El informe tambien recomendó que los 200 secuaces de Soerjadi, que invadieron la sede partidaria, sean investigados y objeto de las mismas sanciones que el resto de los amotinados bajo proceso.
Las autoridades culparon del malestar al Partido Demócrata Popular (PRD), una organizacion compuesta principalmente por jóvenes y activistas que los militares encuentran parecida al proscripto Partido Comunista. Sin embargo, el informe de la comisión no mencionó ninguna complicidad del PRD en los motines.
Como era previsible, la respuesta del gobierno a las conclusiones de la comisión fue ambigua. "No objetamos el informe, pero necesitamos verificarlo", dijo Soesilo Soedarman, ministro de coordinación para Asuntos Políticos y de Seguridad.
La publicación del informe siguió al reciente nombramiento del nuevo jefe de la comisión, Munawir Sjadzali, un diplomático retirado y ex ministro de Asuntos Religiosos, quien reemplazó a Alí Said, fallecido hace pocos meses.
Munawir enfrenta una dura y difícil batalla para preservar la independencia e integridad de la comisión, en vista de la creciente interferencia gubernamental y su estrecho control sobre la prensa y la libertad de expresión.
Los responsables de medios impresos y electrónicos reciben regulares advertencias acerca de sus informaciones, y el gobierno decretó que la campaña de los tres partidos políticos reconocidos para las elecciones de junio de 1997 debe realizarse en locales cerrados porque las concentraciones públicas quedan prohibidas.
Los hechos ocurridos la semana pasada en Java Oriental, donde numerosas iglesias resultaron quemadas o dañadas, constituyen un ejemplo de la inestabilidad de la situación.
Las circunstancias todavía son investigadas por las autoridades, pero estallaron motines en la ciudad de Situbondo durante el proceso local a un musulmán acusado de blasfemar contra el Islam. El fiscal obtuvo una condena de cinco años de cárcel mientras la muchedumbre exigió la pena de muerte.
Furiosos por la leve sentencia, los amotinados incendieron una iglesia cristiana vecina luego que uno de los manifestantes dijo que el reo estaba escondido en el templo. El rumor resultó falso pero provocó una serie de incendios en otras iglesias y edificios.
La reacción pública a la violencia en Situbondo fue de conmoción y rechazo, desencadenando más demostraciones para demandar la intervención del gobierno.
El titular del influyente Consejo de Ulemas (catedráticos musulmanes), Hasan Basri, denunció los motines de la semana pasada que dejaron un saldo de cinco muertos.
"A menos que seamos más cuidadosos, podría ser muy fácil para nosotros caer en la violencia", previno el cardenal Julius Darmaatmad, titular de la Conferencia Episcopal Indonesia.
La religión y la cuestión racial en la multiétnica Indonesia, mayoritariamente musulmana, siempre han sido temas delicados pese a que los derechos de todos los grupos han sido consagrados bajo la filosofía nacional de Pancasila.
Hasan Basri hizo un llamado a sus correligionarios para que no caigan en campañas que provoquen enfrentamientos entre musulmanes y contra otras religiones.
Los motines de Situbondo son investigados ahora por la comisión, debido a versiones que las fuerzas de seguridad se movilizaron tardíamente y solo actuaron despues que los desórdenes se propagaron.
Hablando hace pocos días en una sesión de la Cámara de Representantes, el titular del organismo, Wanotu, previno sobre los peligros de la desunión y pidió a todos los partidos estudiar las raíces del problema, en especial el descontento social y las amplias grietas económicas.
Exigiendo al gobierno que elabore políticas para mejorar la situación, expresó que "debemos ser capaces de introducir equidad, justicia y armonía entre las diferentes subculturas". (FIN/IPS/tra- en/yi/cpg/hd-ip-cr).
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