El color emblemático del partido del primer ministro de India, H. D. Dewe Gowda, es el verde, pero la coalición en el gobierno no ha hecho nada para ganar la confianza de los ambientalistas.
Por el contrario, los activistas observan alarmados cómo el gobierno corteja a grandes empresas y deja de lado las medidas de protección ambiental. Algunas obras han generado preocupación en todo el mundo, dada la magnitud de este país de 914 millones de habitantes, el segundo más poblado del planeta.
La decisión más controvertida fue la delegación de las obras de infraestructura eléctrica a los gobiernos de los estados federados, con la finalidad, según Gowda, de evitar retrasos en su conclusión.
Los proyectos de generación de electricidad no requerirán, en el futuro, de permiso del gobierno ni del Ministerio de Ambiente y Bosques.
La medida beneficiará a 52 propuestas que cuentan con financiamiento de inversores extranjeros y suman casi 38.000 megavatios. Estos proyectos aguardaban hasta este mes el aval del gobierno central y, se prevé, serán rápidamente aprobados.
"Los gobiernos estatales tienen malos antecedentes en materia ambiental", sostuvo el activista Ashish Khothari.
De un solo golpe, el gobierno diluyó el poder de los pobladores a oponerse a proyectos que, según los ambientalistas, resultan perjudiciales.
Pero este punto de vista no cuenta para el gobierno de la coalición Frente Unido.
"Algunos creen que han nacido para proteger el ambiente. Si yo tomo una decisión, dirán que los peces van a morir. El gobierno aprueba un proyecto y el próximo paso que tomarán será un litigio", sostuvo Gowda en la reunión de gobernantes estatales en la que reveló este mes la nueva política energética.
En el ámbito político se consideró que esta declaración apuntaba directamente a la ex ministra y dirigente ambientalista Maneka Gandhi, expulsada este año del partido Janata Dal, que lidera el actual primer ministro.
Gandhi se había opuesto públicamente a un proyecto de generación de electricidad en el estado natal de Gowda, Karnataka, en el sur de India.
La activista solicitó ante la Suprema Corte de India la cancelación del aval del gobierno al proyecto, que consiste en la construcción de una planta de generación de 1.000 megavatios a cargo de la Cogentrix Development Corporation.
El pedido de Gandhi se basó en omisiones del gobierno, el cual no dispuso la realización de estudios de impacto ambiental que, según las leyes, son obligatorios.
Gandhi también cuestionó ante la justicia las condiciones de aprobación de más de 1.500 proyectos, entre ellos 205 de minería, 387 industriales, 13 plantas nucleares de generación de energía y 254 térmicas y 346 represas hidroeléctricas.
La ex ministra reclamó a la Suprema Corte que ordene al gobierno la instalación de una autoridad nacional que certifique el impacto ambiental de los proyectos, integrada por técnicos que no dependan del Ministerio de Ambiente y encabezada por un juez retirado.
Khotari coincidió en que la aprobación de los proyectos debe ser establecida por organismos independientes del gobierno, una reivindicación que es hoy más importantes dada la autonomía de los estados para disponer las obras.
También es necesario fijar audiencias públicas en el lugar donde se establecerán los proyectos con el fin de que los pobladores conozcan las eventuales consecuencias y, además, para que se atiendan sus preocupaciones, agregó el activista.
Kothari afirmó que la delegación a los estados del poder de decisión en torno a los proyectos energéticos es un riesgo, aunque el Ministerio de Ambiente haya instalado un panel para considerarlos.
"Sospecho que se trata de un comité interno. Ciertamente, a nosotros no nos consultaron", dijo.
La mayoría de los proyectos de infraestructura eléctrica son propuestos por los propios gobiernos estatales y tienden a ser formulados sin preocupación por los problemas ambientales, según Khotari.
El propio activista integró un panel ministerial que analizó el año pasado 200 proyectos hidroeléctricos y de irrigación. "Había vicios de trámite de aprobación ambiental en 90 por ciento de los casos", afirmó.
La más controvertida de las obras era la represa Sardar Sarovar, sobre el río Narmada, aprobada en 1987 a condición de que se estableciera un plan de rehabilitación social y ambiental adecuado.
A pesar de una campaña mundial contra el proyecto, las autoridades no formularon el plan de rehabilitación, lo cual obligó al Banco Mundial a rechazarlo en 1993.
"Creemos que esto ocurriría, probablemente, con todos los proyectos", manifestó Khotari. (FIN/IPS/tra-en/mu/an/mj/en ip/96
