La Comisión de Verdad y Justicia de Haití confía en que su informe sobre los crímenes del régimen militar del general Raoul Cedras (1991-1994) acabe con la impunidad que históricamente ha imperado en el país y contribuya al fortalecimiento del Poder Judicial.
La Comisión de Verdad y Justicia, creada para investigar más de 3.000 asesinatos y otros crímenes atribuidos a la dictadura de Cedras, distribuyó 50 ejemplares de su informe el lunes, en coincidencia con el quinto aniversario del golpe de Estado contra el entonces presidente Jean-Bertrand Aristide.
En un periodo de 10 meses, la Comisión reunió testimonios acerca de 20.000 casos de violación de derechos humanos bajo el régimen militar, e identificó a 8.652 víctimas y a los supuestos responsables de los hechos.
El gobierno todavía no comunicó decisiones para implementar las recomendaciones de la Comisión relativas al castigo de los culpables y a la reparación de las víctimas, y algunas organizaciones de derechos humanos temen que esas resoluciones no se tomen nunca o sean sólo de alcance parcial.
"Aguardamos alguna decisión seria" de las autoridades, pero lo que vemos es más palabras que acción", advirtió Daniel Roussiere, un sacerdote que integra la Comisión Católica de Paz y Justicia.
Roussiere consideró la limitada distribución del informe "un desprecio a la memoria de las víctimas" de los militares y demandó que el documento "sea puesto a disposición de todos".
La Comisión no tuvo recursos "para asegurar la adecuada divulgación" de sus concclusiones "y tampoco se ha previsto presupuesto para pagar reparaciones a las víctimas del golpe", dijo el sacerdote.
Pierre Lesperance, de la Coalición Nacional para los Derechos de los Haitianos, de Nueva York, cree que la publicación del informe no tiene sentido si no hay acción prevista.
Lesperance también exigió que la lista de culpables de crímenes contenida en el documento sea entregada a todas las organizaciones de derechos humanos y a los grupos de asistencia legal.
Pero Hugo Triest, de la Plataforma Haitiana de Organizaciones Defensoras de los Derechos Humanos, una coalición de 10 grupos, cree que el clima político actual no es el adecuado para identificar públicamente a los acusados.
Así mismo, Triest señaló que "nada se ha hecho para ayudar a las víctimas desde la restauración del orden constitucional, en 1994".
"Conozco el caso de una mujer que vive desde hace tres años con una bala en un pulmón, pues no tiene los 20.000 gourdes (1.350 dólares) necesarios para operarse", agregó.
La presidenta de la Comisión de Verdad y Justicia, Françoise Boucard, instó a la población a participar del proceso de implementación de las recomendaciones formuladas, para asegurar "que las reparaciones no se limten al pago a las víctimas, sino que sean un acto real de justicia".
Boucard se pronunció por mantener en reserva el apéndice del informe, que identifica a los violadores de los derechos humanos, y entregarlo a la justicia.
La Comisión de Verdad y Justicia propuso la inmediata creación de un comité especial para asegurar que las recomendaciones del informe sean implementadas oportunamente y para pronunciarse respecto de la divulgación, masiva o simplemente interna, a darse al documento.
También sugiere conceder un plazo de seis meses, a partir de la instalación de esa nueva comisión, a todos aquellos que hubiera sufrido persecución y no estuvieren mencionados en el informe original.
Un capítulo del documento recoge la investigación realizada por la Comisión sobre Violencia Sexual contra las Mujeres y propone medidas punitivas.
Boucard advirtió que sólo cuando la justicia se imponga sobre todos los culpables de violación de los derechos humanos podrá florecer una sociedad democrática en Haití.
Los integrantes de la Comisión esperan que las medidas propuestas tengan efecto transformador en el Poder Judicial, lo libren de interferencias políticas y contribuyan a poner fin a la impunidad, una constante de la historia de Haití.
La Comisión de Verdad u Justicia tuvo una composición original de siete miembros, tres de los cuales fueron escogidos en acuerdo con los secretarios generales de las Organizaciones de Naciones Unidas y de Estados Americanos.
Pero sólo seis miembros participaron de la redacción del informe. Los tres integrantes haitianos son Ertha Elysee, Freud Jean y Françoise Boucard, junto a quienes trabajaron Oliver Jackman, de Barbados, Patrick Robinson, de Jamaica, y Bacre Waly, de Senegal.
El informe, de 1.200 páginas, contiene el testimonio de 5.450 personas que reconstruyeron la historia de 8.652 víctimas y de 20.000 violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de Cedras.
Las entrevistas con las víctimas sobrevientes fueron realizadas por 50 investigadores destacados en los nueve de departamentos del país. (FIN/IPS/tra-en/imc/sz/fn/ff/hd/96
