Un influyente sector de la Iglesia Católica, la Iglesia Luterana y un frente de seis grupos femenistas de El Salvador se pronunciaron contra la reinstauración de la pena de muerte que pretende el gobierno conservador del presidente Armando Calderón Sol.
La Compañía de Jesús manifestó que está "abiertamente contra tal medida, porque es un castigo bárbaro, ineficaz e indigno de un Estado moderno y democrático".
Pese a que la Universidad Centroamericana (UCA), que regenta la influyente congregación católica, sufrió el asesinato de varios de sus miembros, no aceptan la pena de muerte ni como respuesta vindicativa ni como dispositivo eficaz de ordenamiento social, añadió.
La Iglesia Luterana reconoció el clamor de la población contra la ola delictiva que azota al país centroamericano, pero arguyó que con la pena de muerte el gobierno sólo pretende proteger el modelo económico neoliberal que impulsa.
Una legislación represiva sólo frenaría la protesta social que ha generado el ajuste estructural, indicó, por lo que considera que en lugar de la pena de muerte es vital el fortalecimiento de la Policía Nacional Civil (PNC), la modernización y depuración de la justicia, y la reforma del sistema penitenciario.
En tanto, las organizaciones feministas manifestaron que la aplicación de la pena de muerte resulta una salida fácil y un engaño a la sociedad ya que las causas de la delincuencia se encuentran en la falta de oportunidades, los crecientes niveles de exclusión, marginación social y altos índices de pobreza.
Héctor Dada Hirezi, director de la sección salvadoreña de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLASCO), dijo a IPS que la pena de muerte ha sido ineficaz para combatir la delincuencia en todas las partes del mundo.
Aseguró que el gobierno de Calderón Sol ha actuado irresponsablemente, respondiendo a los sentimientos más primarios de la población, que es víctima de la delincuecia y subrayó El Salvador tendría que renunciar a importantes tratados internacionales de derechos humanos.
El gobernante partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) pretende reimplantar la pena de muerte en caso de delitos de violaciones sexuales seguidas de asesinatos, secuestros y masacres en masa.
La pena de muerte fue derogada en la Constitución de 1983 y en esa misma década el gobierno suscribió tratados internacionales de derechos humanos que le impiden aplicar dicho castigo.
Para reformar la Constitución basta la mayoría simple, que Arena tiene asegurada con la suma de sus aliados en el parlamento.
Sectores opositores estiman que Arena manipula en la actualidad el tema de la pena de muerte con fines puramente electorales con vistas a las elecciones parlamentarias y municipales de 1997, ya que de aprobarse castigo en la actual legislatura no entraría en vigor hasta dentro de cinco años.
El Salvador, país de sólo 20.000 kilómetros cuadrados, tiene una población de 5,5 millones de habitantes, 60 de los cuales se estiman que viven en distintos niveles de pobreza. Se comete un homicidio cada hora, en promedio, y más de 500 graves delitos se registran diariamente en la capital.
Las organizaciones feministas lanzaron un llamado a la sociedad a hacer uso de toda su energía para impedir "que nuevamente el país sea sometido a las formas más brutales y autoritarias donde el lema de que el fin justifica los medios continúe prevaleciendo".
Los jesuitas argumentaron que sociológica y sicológicamente está comprobado que la pena de muerte no disuade a los criminales potenciales, sino que por el contrario la violencia genera más violencia, como sucedió durante el conflicto armado que vivió el país centroamericano.
"No deja de ser paradójico que el mismo partido que amnistió a los criminales de guerra, que en parte son responsables del menosprecio actual de la vida, generador de tanta violencia, sea ahora el que ponga la pena de muerte para crímenes menores que las masacres del pasado", manifestaron los jesuitas.
El gobierno del ex presidente Alfredo Cristiani amnistió a más de 100 altos oficiales del Ejército y a una veintena de jefes guerrilleros que fueron señalados en una investigación internacional auspiciada por las Naciones Unidas como responsables de haber cometido crímenes de lesa humanidad.
El sacerdote jesuita Rodolfo Cardenal estimó que el origen de la actual impunidad está en el ocultamiento del pasado, ya que los gobiernos de Cristini y Calderón Sol no desmantelaron las bandas paramilitares de ultraderecha, que según investigaciones recientes tienen nexos con el crimen organizado. (FIN/IPS/jd/ag/ip/96
